Morena terminó por reescribir sobre la marcha la reforma judicial de Claudia Sheinbaum este miércoles para blindar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En una negociación de último minuto, el oficialismo aprobó una modificación inaudita que la oposición ha rechazado y que entre los propios morenistas se ha considerado como una violación a la Constitución. La mayoría de Morena y aliados ha aprobado, con voto dividido, un cambio que beneficia a los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez —los tres primeros señalados durante años por su cercanía con Morena— para que puedan reelegirse en 2028 y permanecer en el máximo órgano electoral del país seis años más, es decir, hasta 2034. Con ello sumarían 17 años en el cargo.
La corrección llegó acompañada de otra concesión política: el Partido del Trabajo (PT) dobló nuevamente a Morena y consiguió tirar la intención presidencial de hacer concurrir la consulta de revocación de mandato con elecciones federales. Con ello, la reforma que el oficialismo presentó como la gran reconfiguración del Poder Judicial acabó convertida, tras más de 19 horas de debate, en una cadena de reservas, parches y concesiones negociadas contrarreloj.
La mayoría oficialista volvió a mover las piezas sobre el tablero a última hora. La modificación más escandalosa supone un viraje respecto al texto original impulsado por el propio oficialismo, que impedía expresamente la reelección de los integrantes del máximo tribunal electoral del país. La reserva, promovida por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, altera por completo el sentido de la reforma para que los magistrados puedan ser reelegibles en 2028. “Les pido que retiremos esa reserva. No hagamos el ridículo nacional, es una falta demasiado grave que trastoca el mandato del artículo 99 de nuestra Constitución. Es una vergüenza”, lanzó el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, quien llamó a sus correligionarios a no aprobar el cambio. A su posicionamiento se unieron algunos legisladores del PT. Al final el llamado implícito del coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, a aprobarla, tuvo más peso.
La enmienda aplaza a 2028 la elección de jueces y magistrados federales y la hace coincidir con la consulta de revocación de mandato. Endurece filtros, reduce aspirantes y devuelve parte de la Suprema Corte a su antiguo diseño. Pero adicionalmente otorga una concesión política a un aliado de Morena, el Partido del Trabajo (PT). El oficialismo terminó por aceptar un blindaje; evitar que la consulta de revocación de mandato concurra con elección federal alguna. El cambio quedó plasmado en una reserva presentada por el coordinador petista Reginaldo Sandoval, que modifica el calendario constitucional para trasladar la revocación al primer domingo de junio del cuarto año del sexenio presidencial. Acotando que no puede empatar con elecciones federales; aunque sí concurre con la elección judicial. El movimiento desactiva cualquier intento de Morena de emparejar la consulta con elecciones para renovar el Congreso y la presidencia.
Morena aprobó la enmienda sin sobresaltos gracias a su mayoría legislativa, pero el debate volvió a exhibir las grietas internas del bloque gobernante y una constante, la modificación de iniciativas presidenciales desde la llegada de Sheinbaum, algo nunca visto en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El tablero electrónico de la Cámara marcó una votación aplastante, 322 sufragios a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, todas de Morena y el PT, para sacar adelante la reforma judicial. El desenlace no fue inesperado, Morena, el PT y el Partido Verde conservan los votos suficientes para modificar la Constitución. Pero detrás de la disciplina parlamentaria, la jornada estuvo marcada por tensiones internas, reservas improvisadas y negociaciones de última hora para corregir el proyecto presidencial.
La modificación que regala a los magistrados electorales un período más se convirtió rápidamente en uno de los puntos más polémicos de la sesión. El cambio beneficia directamente a los actuales integrantes de la Sala Superior del máximo tribunal electoral, señalados reiteradamente por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano de mantener una relación de cercanía política con el oficialismo.
La oposición se lavó las manos. “Lejos de ese simulado debate de tres días, esta es una reserva conocida hace tres minutos, no podemos ser parte de la simulación”, lanzó el coordinador del PAN, Elías Lixa, quien desmarcó a su bancada del debate. Antes de la controvertida reserva, la oposición aprovechó cada intervención para vincular al oficialismo con la crisis política que atraviesa Morena por los señalamientos desde Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza.
La etiqueta de “narcogobierno” volvió a dominar buena parte de la discusión parlamentaria. Los nombres de Rocha e Inzunza aparecieron una y otra vez desde la tribuna entre acusaciones de sometimiento judicial y pactos de impunidad. Morena respondió con ataques contra la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos, a quien busca llevar a juicio político por el caso de los agentes de la CIA presuntamente involucrados en operativos contra el crimen organizado en el Estado.
Mientras la oposición centraba el debate en la crisis política del oficialismo, Morena alistaba correcciones de calado a la reforma. El resultado terminó siendo una reforma judicial distinta a la presentada originalmente por Sheinbaum.
La Cámara también aprobó otros cambios impulsados por Ricardo Monreal y Leonel Godoy. Uno de ellos permite que la Suprema Corte funcione en dos secciones, aunque únicamente con autorización previa del pleno. Otro amplía de 60 a 90 días el plazo para armonizar las legislaciones locales y establece que los jueces y magistrados electos en 2028 permanecerán en el cargo hasta 2036.
El dictamen pasará ahora al Senado, donde Morena prevé aprobarlo este jueves sin mayores obstáculos. Pero el costo político de las modificaciones ha quedado asentado. Lo que comenzó como una reforma diseñada para corregir el galimatías operativo de la elección judicial heredada del obradorismo terminó convertido en una nueva grieta interna en el oficialismo, marcada por concesiones, rectificaciones y ajustes de calado de última hora.
