Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Apple, y cuatro personas más presuntos integrantes de lo que denominó una “colosal red" de tráfico de huachicol por ferrotanques que opera en ocho estados del país y que ha provocado un daño al erario por más de cuatro mil millones de pesos.
La investigación permitió obtener 25 órdenes de aprehensión, entre ellas la de Ruffo Appel, misma que ya se cumplimentó al igual que en contra de tres personas más.
Godoy Ramos informó en un mensaje a medios que esta organización realizaba acciones de “contrabando de hidrocarburo, consiste en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reportaba menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos”.
Estableció,que esta organización estaba integrada por “estructuras empresariales, financieras, aduaneras, y logísticas”, que incluyan movimientos financieros desde una empresa, la cual posteriormente canalizaba el dinero hacia empresas extranjeras mediante transferencias internacionales.
Expuso que la FGR realizó “la reconstrucción” del entramado y para ello se llevó a cabo un análisis de cuentas bancarias, operaciones de cambio de divisas, transferencias internacionales, relaciones corporativas, y movimientos financieros en distintas jurisdicciones.
“A partir del análisis de información ministerial, aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y de comercio exterior, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”.
Durante el mensaje a medios explicó que entre enero y julio de 2025, se detectó que “la organización investigada habría realizado cuatro mil 238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en el estado de Tamaulipas”, lo que permitió estimar un perjuicio a la Hacienda Pública de más de 4 mil millones de pesos, derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes.
La Fiscal puntualizó que esta organización “utilizaba carros tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones” y, para ello, operaba mediante una empresa relacionada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, quien fue aprehendido este jueves en Ensenada, Baja California.
Las empresas relacionadas con esta red se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo. Sin embargo, al momento de introducir la mercancía a México desde Estados Unidos, declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los que efectivamente estaban transportando, dijo la titular de la FGR.
Aseguró que los combustibles, gasolina y diésel, provenían de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.
“Una vez en territorio nacional, la mercancía era internada sin que se realizaran las revisiones aduaneras correspondientes”, y de acuerdo con las indagatorias “la red declaraba solo el 10 por ciento de la capacidad real de cada carro tanque de ferrocarril”, es decir, se declaraba la importación de 10 mil litros y se introducían hasta 110 mil litros.
“Ese combustible ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en vías de conexión” a pipas y tractocamiones perteneciente a siete empresas diferentes, y posteriormente el combustible se vendía y distribuía en distintas regiones del país.
Las investigaciones revelaron, además, un perjuicio millonario al fisco derivado de la declaración irregular de hidrocarburos y de la omisión en el pago de impuestos, ya que a partir del análisis de los cargamentos investigados, se determinó que aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades. Asimismo, se identificó que la organización habría utilizado 162 carros-tanque de ferrocarril para omitir el pago de contribuciones federales.
Tan solo por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, la evasión estimada asciende a 88 millones 511 mil 516 pesos. A ello se suman 18 millones 289 mil 304 pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, IVA. En conjunto, el posible daño causado a la Hacienda Pública por estos impuestos asciende a 106 millones 800 mil 821 pesos, dijo Godoy Ramos.
La investigación también evidenció diferencias significativas entre los volúmenes autorizados para importar combustible y las cantidades que realmente ingresaron al país. En el caso del diésel, se detectó la importación de volúmenes equivalentes a más de diez veces lo autorizado.
“Respecto de la gasolina regular, las empresas involucradas introdujeron más de tres veces y media el volumen permitido. En este caso, la investigación no se limitó a documentar irregularidades en las operaciones de importación.
“De manera paralela, se desarrolló un análisis financiero especializado que permitió identificar patrones de operación incompatibles con la actividad económica reportada por las empresas y revelar los mecanismos utilizados para administrar, movilizar y dispersar los recursos derivados de estas actividades.
“Como resultado de este análisis, se identificaron movimientos por más de tres mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, así como operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares.
Las cuentas analizadas mostraban un patrón recurrente: los recursos eran recibidos y transferidos casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos”.
