La 66 Legislatura del Congreso del Estado Libre de Guanajuato exhortó a los ayuntamientos de Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Atarjea, Comonfort, Coroneo, Cuerámaro, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Doctor Mora, Guanajuato, Huanímaro, Jaral del Progreso, Manuel Doblado, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José de Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria, para que, en el ámbito de sus atribuciones, adecuen sus instrumentos normativos conforme a lo dispuesto en la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato, e implementen la organización y funcionamiento de los órganos encargados de impartir justicia cívica, previendo para ello los recursos humanos, materiales y presupuestales necesarios.
Al hablar a favor de la propuesta, la diputada María Eugenia García Oliveros externó que la Ley de Justicia Cívica no puede quedar como letra muerta por ser una herramienta indispensable para acercar los mecanismos de resolución de conflictos, trámites y servicios a las poblaciones alejadas, de difícil acceso y zonas marginadas del estado.
Agregó que actualmente son pocos los municipios que han implementado esta formalidad y creado su reglamento local, por lo que la falta de armonización normativa deja en desamparo a los ciudadanos ante problemáticas cotidianas como la alteración del orden por comercios o la pérdida de la tranquilidad vecinal al carecer de una instancia formal a la cual acudir.
Finalmente, solicitó el voto a favor debido a que la propuesta no está dirigida en contra de ninguna autoridad, sino orientada a favor de la paz comunitaria, la seguridad cotidiana y la consolidación de una autoridad cercana y eficaz en beneficio de la sociedad.
