El Pleno del Congreso local aprobó reformas a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato para establecer que, en el caso del Poder Legislativo, el monto total de los recursos asignados no podrá exceder el 0.70% del Presupuesto de Egresos del Estado.
De igual manera, se declaró la aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto por la que se reforma la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia de nepotismo, no reelección consecutiva y plan B.
Asimismo, se avalaron los informes de resultados de las revisiones practicadas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato relativos a las cuentas públicas municipales de Santa Catarina, Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto y Apaseo el Grande, todas correspondientes al ejercicio fiscal 2024.
Mismo trámite tuvieron los dictámenes mediante los cuales se ordena el archivo definitivo de dos propuestas de punto de acuerdo para que se atendiera la situación del Instituto Tecnológico de León; de la iniciativa que buscaba reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para crear y operar un sistema de atención al suicidio y de dos iniciativas que pretendían modificar la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios con el objeto de garantizar la gratuidad en el servicio de transporte público a los adultos mayores y a personas que ejercen labores de cuidado de personas con discapacidad.
Al hablar en contra del archivo de la propuesta que buscaba crear y operar un sistema de atención al suicidio, el diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero manifestó que la propuesta formulada no busca invadir las facultades de la federación, sino ejercer la libertad configurativa del Congreso local para armonizar de manera puntual las obligaciones de salud mental derivadas de la reforma federal de 2022, diseñando un andamiaje jurídico integral que evite lagunas normativas, supervise la actuación de las autoridades competentes y dote de claridad a la ejecución de las políticas públicas en el estado en materia de prevención del suicidio.
Asuntos generales
La diputada María Eugenia García Oliveros refirió a los señalamientos y expresiones altisonantes por parte de miembros del Partido Acción Nacional hacia el movimiento de Morena, fundamentando que estas descalificaciones derivan de la falta de estrategias y proyectos para ofrecer a la ciudadanía, además de calificar como una hipocresía que la gobernadora y los integrantes de dicho instituto político demeriten el movimiento y a la presidenta de la República mientras que, por otro lado, se suben y se aprovechan de los programas del gobierno federal.
Por su parte, el legislador Juan Carlos Romero Hicks habló sobre la agenda educativa que, dijo, debe ser estratégica y no debe subordinarse a otro tipo de intereses. Se refirió al cambio que se anunció al calendario escolar, que pudo haber afectado a más de 24 millones de alumnos, que dejó ver una crisis de autoridad, la importancia del aprendizaje, el papel de maestros y padres de familia, la desigualdad social. Asimismo, apuntó que la reflexión es ver para qué sirve la educación, la cual no puede limitarse a un acto administrativo.
En su turno, la congresista Hades Berenice Aguilar Castillo externó su rechazo a la privatización por 30 años de la carretera Guanajuato-Silao debido a que dicha concesión representa un negocio que genera un costo anual de 5 millones de pesos en perjuicio del erario, en lugar de reducir o liberar el cobro de peaje para permitir el libre tránsito del pueblo, junto a que la propuesta del gobierno estatal de realizar una evaluación a través de los propios diputados resulta insuficiente y equivale a no hacer nada, advirtiendo que lo que la ciudadanía reclama de manera urgente es una auditoría integral, profesional, independiente y libre de conflictos de interés.
En su oportunidad, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor comentó la situación sucedida en Irapuato respecto al miércoles ciudadano, donde hay porras, vallas humanas y grupos de choque, dijo, que reciben a quienes se atreven a criticar al gobierno. Manifestó que un gobierno bueno escucha y dialoga, no confronta ni reprime.
En su intervención, la legisladora Miriam Reyes Carmona externó que la seguridad pública no puede basarse en operativos deficientes y el uso excesivo de la fuerza que vulneran los derechos humanos y destruyen la confianza ciudadana. También refirió a la detención desproporcionada denunciada por el joven Gadiel, caso que evidencia graves fallas de control y falta de capacitación dentro de la corporación de seguridad capitalina.
La diputada Maribel Aguilar González habló sobre el caso de San José Iturbide donde 111 familias recibieron las llaves de una vivienda, gracias al programa federal impulsado por la presidenta de México. Indicó que cuando se gobernaba con visión social los resultados se veían y que las necesidades de la gente no tienen colores, lo que había quedado claro el día de ayer. En rectificación de hechos, el congresista Roberto Carlos Terán Ramos comentó que, sin el apoyo del gobierno del estado, esas casas no serían posibles, tal como lo dijo el director del INFONAVIT.
El diálogo continuó y participaron las personas diputadas María Eugenia García Oliveros, David Martínez Mendizábal, Angélica Casillas Martínez, Antonio Chaurand Sorzano y Ernesto Millán Soberanes.
La congresista Susana Bermúdez Cano externó su preocupación ante el panorama financiero nacional derivado de los recientes reportes de la calificadora Moody's quien rebajó la calificación de la deuda de México y que este retroceso responde a indicadores críticos y tangibles como una severa presión fiscal, el gasto inflexible, el bajo crecimiento económico y el evidente deterioro de las finanzas públicas a causa del incremento de la deuda que originalmente se prometió no aumentar. En rectificación de hechos, el diputado David Martínez Mendizábal comentó que se estaban interpretando mal los datos; mientras que, el congresista Jorge Arturo Espadas Galván manifestó que no tener un buen nivel de deuda es que el interés se incrementa.
Finalmente, el legislador Jorge Arturo Espadas Galván externó que los funcionarios públicos que mantienen vínculos con la delincuencia organizada deben pedir disculpas públicas y ser sancionados de manera ejemplar, toda vez que en diversos medios de comunicación nacionales se han documentado estas relaciones a través de titulares que involucran a gobernadores y alcaldes pertenecientes a Morena de supuestos nexos con el narcotráfico y la inclusión de perfiles criminales en las nóminas municipales.
Concluyó con un llamado respetuoso para exhortar a la presidenta de la República a romper los pactos heredados de la administración federal anterior con el fin de garantizar la pacificación nacional.
En rectificación de hechos intervinieron las personas legisladoras Ernesto Millán Soberanes, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, Luis Ricardo Ferro Baeza, Maribel Aguilar González y David Martínez Mendizábal se refirieron a políticos panistas involucrados en supuestos delitos como moches a municipios, desfalcos, prestanombres, desvío de recursos en compras, uso indebido de recursos; que se había cambiado la narrativa; a personajes panistas detenidos el día de ayer en Morelos; que en México nadie puede ser declarado culpable por notas o consignas que si tienen pruebas se presenten; y que mientras se sigan trayendo notas como carga de prueba el debate se va para abajo.
