Diputadas y diputados locales del PAN fijaron postura ante las recientes acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, al advertir un posible encubrimiento desde el oficialismo y la gravedad de los señalamientos vinculados a la llamada narcopolítica.
En el apartado de asuntos generales, el diputado Erandi Bermúdez Méndez señaló que estos hechos no pueden considerarse aislados, al calificarlos como “la crónica de una narcopolítica ya anunciada”, derivada, dijo, de años de complicidades.
Cuestionó que, frente a una imputación de esta magnitud, se busque minimizar el tema y evitar el debate público, al tiempo que advirtió que el uso de las instituciones para contener el impacto político genera preocupación sobre el Estado de Derecho en el país.
Asimismo, criticó el cierre anticipado del periodo legislativo federal, al señalar que se trató de una acción para frenar la discusión sobre el caso, y afirmó que, ante acusaciones de esta naturaleza, lo procedente sería separar del cargo a los implicados para que enfrenten las investigaciones correspondientes. Subrayó que México no puede permitir que se normalicen prácticas de impunidad ni que se debiliten los mecanismos de rendición de cuentas.
En ese mismo sentido, el diputado Jorge Espadas Galván indicó que la defensa de funcionarios vinculados a estas acusaciones refleja una postura preocupante, al señalar que “este país ha extraditado a muchos personajes y no puede haber excepciones”. Enfatizó que es necesario que se investigue y se sancione conforme a la ley, al advertir que no debe permitirse la permanencia de lo que calificó como “narcogobiernos”.
Por su parte, el diputado Roberto Carlos Terán Ramos señaló que los señalamientos contra actores políticos no pueden minimizarse ni tratarse como casos aislados, al advertir que existe una recurrencia de acusaciones que evidencian un problema de fondo. Mencionó que la falta de acciones claras, investigaciones oportunas y deslindes firmes debilita al Estado de Derecho, al tiempo que genera un mensaje de tolerancia hacia posibles vínculos con la delincuencia.
Finalmente, el legislador Óscar González Espinosa comentó que estos hechos no deben verse como casos aislados, sino como parte de un patrón que, afirmó, se ha repetido en distintos ámbitos. Indicó que existen señalamientos sobre el uso del poder público para la construcción de redes de control financiero y operación política, mencionando casos como el huachicol, mecanismos opacos de manejo de recursos y antecedentes como el de Segalmex.
