El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública, para que, en coordinación con la Secretaría de Salud, ambas del gobierno federal, fortalezcan y amplíen la estrategia nacional de atención a la salud mental en el entorno educativo recientemente anunciada, a efecto de consolidarla como un Programa Nacional de Salud Mental en Educación Básica y Media Superior, con enfoque integral y cobertura en las treinta y dos entidades federativas.
Se precisa que dicho programa deberá articular el enfoque socioemocional del modelo educativo nacional, contemplar la incorporación progresiva de personal especializado en los planteles escolares y promover la participación de quienes ejerzan la patria potestad de los educandos en las estrategias de prevención y acompañamiento; así como garantizar la previsión de los recursos humanos, técnicos y presupuestales necesarios dentro de los instrumentos de planeación y financiamiento del Sistema Educativo Nacional, a fin de asegurar su implementación efectiva y homogénea en el país.
La diputada María Isabel Ortiz Mantilla mencionó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud, el 28.6% de las y los adolescentes en México presenta síntomas de ansiedad, mientras que el 23.3% muestra síntomas de depresión.
Precisó que en México diversos diagnósticos coinciden en que el país cuenta con menos de cinco psicólogos por cada 100 mil habitantes, es decir, la mayoría de las escuelas públicas no cuenta con equipos interdisciplinarios que permitan la detección temprana, la atención oportuna y el seguimiento de los casos en materia de salud mental.
Sumado a lo anterior, dijo la diputada Ortiz Mantilla que aun cuando las entidades federativas identifiquen la necesidad de incorporar personal especializado en atención psicoemocional, enfrentan una restricción operativa: la imposibilidad de crear y financiar plazas específicas bajo la denominación de psicólogos escolares con recursos federales ordinarios, lo que genera un desajuste entre la necesidad pública identificada y la capacidad institucional para atenderla.
Sostuvo que la ausencia de una política nacional estructurada en salud mental escolar, con presencia efectiva en los planteles educativos, ha generado una fragmentación en la atención, a pesar de que existen esfuerzos locales, programas piloto y acciones institucionales dispersas, pero no un modelo articulado que garantice cobertura, continuidad y calidad en la atención.
Bajo ese escenario, compartió la congresista que la necesidad de un Programa Nacional de Salud Mental en Educación Básica no se justifica únicamente por la magnitud del problema, sino por la necesidad de articular una respuesta institucional que supere la fragmentación actual.
Apuntó que la referencia a un programa nacional no implica la imposición de un modelo homogéneo, sino garantizar un piso mínimo de atención en todo el territorio, y que la viabilidad de esa política pública está estrechamente vinculada con la asignación de recursos, los cuales, como ya se mencionó en su mayoría, son federalizados, lo que deja a las entidades federativas en un estado de vulnerabilidad.
Finalmente, Ortiz Mantilla destacó que la construcción de una política pública en salud mental en educación básica no responde a una lógica reactiva, orientada únicamente a atender consecuencias, sino a una lógica preventiva, centrada en intervenir en las causas.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura para su estudio y dictamen.
