Sesiona el Pleno del Congreso del Estado tras receso de Semana Santa

En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso local de la 66 Legislatura aprobó los dictámenes relativos a los informes de resultados de las revisiones practicadas por la Auditoría Superior del Estado a las cuentas públicas municipales de Salamanca, Silao de la Victoria, San Miguel de Allende, Atarjea y Jerécuaro; así como el informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, todas correspondientes al ejercicio fiscal de 2024.

Además, se avalaron los informes de los conceptos generales de los estados financieros de los recursos presupuestales y de las transferencias y ajustes presupuestales del Poder Legislativo del Estado, correspondientes al periodo comprendido del 1 al 31 de enero, del 1 al 28 de febrero y del 18 de diciembre de 2025 al 14 de febrero del año en curso.

Mismo trámite tuvo el dictamen mediante el cual se ordena el archivo definitivo de la iniciativa de reforma a la Ley de Cambio Climático para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, formulada en la LXV Legislatura que pretendía que el Consejo Estatal de Cambio Climático tuviera dentro de sus facultades el promover la implementación de auditorías energéticas en la industria, comercio o espacios que determinara el propio consejo.

De igual manera, el dictamen de la propuesta de punto de acuerdo que pretendía reconocer el derecho inalienable del pueblo cubano a vivir en condiciones de dignidad, con acceso pleno a energía, alimentos y servicios básicos, del pueblo de Cuba y que exhortaba al gobierno de México a continuar brindando apoyo solidario mediante el envío de asistencia humanitaria y la promoción de acuerdos de cooperación energética, en apego a la política exterior mexicana de respeto, solidaridad y autodeterminación de los pueblos.

El diputado David Martínez Mendizábal habló en contra y manifestó que en México hay mucha tradición en materia de ayuda humanitaria, que al votarse en contra se descalifica la ayuda que se ha brindado a otros países como a Chile con los incendios, las inundaciones en Miami, las hambrunas en Haití y los programas de empleo en Guatemala.

Por su parte, la legisladora Carolina León Medina indicó que hablar de Cuba no era abordar una ideología, era hablar de personas, de seres humanos que aspiran a vivir con dignidad, y que frente a esa realidad no se podía permanecer y ser indiferentes, porque si algo definía a México era su vocación humanista, una nación que siempre ha tendido la mano a pueblos que atraviesan momentos difíciles.

En rectificación de hechos, el congresista Roberto Carlos Terán Ramos apuntó que no podía ser candil de la calle y oscuridad de la casa, porque se pedía regalar petróleo cuando el precio del diésel estaba muy elevado para los campesinos en el país.

El dictamen se aprobó por mayoría de votos.

Asuntos generales

El diputado Rodrigo González Zaragoza se refirió al caso de Apaseo el Alto y expresó que se trata de un asunto de ética pública y de corrupción ante el presunto desfalco de recursos en el citado municipio, señalando que la falta de control y gestión financiera permitió un delito continuado desde 2024.

El legislador refirió que basado en reportes periodísticos, se denunció que un exfuncionario habría realizado depósitos directos a sus cuentas bancarias antes de evadir su responsabilidad, lo que representa una afrenta para los habitantes que demandan transparencia y rendición de cuentas sobre el destino de millones de pesos pertenecientes al erario.

Por su parte, la diputada María Eugenia García Oliveros también abordó lo relativo al caso de Apaseo el Alto y las declaraciones de la presidenta municipal, lo que dijo reflejaba una crisis que no puede entenderse sin el papel del entonces tesorero Jaime Aguirre Mejía, por lo que exigió que se esclarezcan los hechos lo más pronto posible y se responsabilice a quien se tenga que hacer.

En su intervención, el legislador Alejandro Arias Ávila comentó que el informe del Comité técnico de la ONU deja ver que la problemática de las desapariciones forzadas representa un reto donde nadie sale bien librado, pues es el Estado mexicano en su conjunto el que se encuentra bajo el escrutinio de organismos internacionales, donde la conclusión se basa en la necesidad de activar los mecanismos de apoyo previstos en los tratados internacionales para fortalecer las capacidades del país frente a este flagelo.