La diputada Ruth Tiscareño cuestionó la “postura defensiva” que asumió el gobierno de México propuestas del Comité Contra la Desaparición Forzada para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la desaparición de personas, y propuso exhortar a la Presidencia de la República a fin de que se “acepte el acceso a mecanismos de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada internacional” para atender ese delito.
Para que se acepte ese apoyo técnico y financiero, y la asistencia de especialistas en la búsqueda de personas, análisis e identificación forense, así como en la investigación exhaustiva de las desapariciones y de los posibles vínculos entre agentes del Estado y de la delincuencia organizada.
Su propuesta de Punto de Acuerdo, a partir del tono de la respuesta de Presidencia de la República al informe del citado Comité a partir del análisis de información de diversas fuentes sobre ese ilícito, y de la resolución que emitió en el sentido de que existen indicios de que en México la desaparición forzada podría estarse practicando de manera generalizada o sistemática.
Con base en lo anterior, dicho Comité puso a consideración de la Asamblea General de la ONU adoptar medidas que apoyen al Estado mexicano a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas.
Sobre el rechazo al Informe por considerar que es tendencioso y no tomar en cuenta análisis y actualizaciones que se le hicieron llegar, sostuvo que, si bien se sostiene que no existe una práctica sistemática de desapariciones, en la respuesta se ignora que la responsabilidad internacional de un Estado no se limita a la autoría directa, sino que también se configura cuando existe tolerancia, apoyo indirecto o falta de debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar estos hechos.
Lo anterior, conforme a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, precisó y recordó que ese instrumento jurídico internacional fue suscrito por México y que, en materia de derechos humanos, lo sustancial es garantizar la protección más amplia de las personas.
Remarcó que la crítica del Comité, sustentada en el artículo 34 de dicha Convención, no tiene nada qué ver con ausencia de normas, sino con el contraste entre el diseño normativo institucional y una realidad que se manifiesta “en la persistencia de desapariciones, la impunidad casi absoluta y la crisis forense”.
Tiscareño Agoitia sostuvo que la respuesta de Presidencia de la República al Informe del Comité, a la defensiva, “no abona a la construcción de un Estado sólido que haga frente a la crisis que enfrentamos a diario, en materia de desapariciones”.
Resaltó que, por su tono, reproduce un histórico patrón de que “ante observaciones internacionales, se privilegia la defensa del prestigio institucional sobre el reconocimiento del problema”, además de que “la descalificación del Comité resulta contradictoria con el principio de apertura y cooperación internacional que el propio Estado mexicano ha promovido durante décadas”, agregó.
“Desde esta perspectiva, la decisión del Comité no debería entenderse como una agresión, sino como una oportunidad institucional para fortalecer políticas públicas, corregir deficiencias estructurales y avanzar hacia el cumplimiento efectivo de obligaciones internacionales”, dijo.
Finalmente, la congresista manifestó que “la negativa a reconocer la dimensión del problema, no sólo resulta jurídicamente cuestionable, sino también políticamente contraproducente, pues invisibiliza a las víctimas y debilita la confianza en las instituciones”.
