Glosa del informe exhibe avances en infraestructura… pero abre flancos en agua, medio ambiente y concesiones

En el Congreso del Estado de Guanajuato avanzó el análisis del segundo informe de gobierno de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo con la revisión del eje “Guanajuato es Armonía”, donde los funcionarios estatales: Juan Pablo Pérez Beltrán, secretario de Obra Pública; José Lara Lona; secretario del Agua y Medio Ambiente; y Karina Padilla Ávila, procuradora de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, defendieron resultados en infraestructura, agua y medio ambiente, mientras legisladores centraron sus cuestionamientos en rezagos, inconsistencias y decisiones polémicas.

Durante la mesa de trabajo, encabezada por la diputada Luz Itzel Mendo González, se reiteró que el ejercicio forma parte de la rendición de cuentas del Ejecutivo. En este marco, el secretario de Obra Pública, Juan Pablo Pérez Beltrán, sostuvo que “cada acción que se realiza en la entidad es una oportunidad para mejorar la vida de las familias”, al destacar una inversión de 516 millones de pesos para el mantenimiento carretero, así como la rehabilitación de 27 puentes y la ampliación de la red de ciclovías a más de 196 kilómetros.

También se resaltaron obras como el bulevar La Libertad, la participación en el proyecto del tren de pasajeros y acciones de movilidad sustentable. Estos datos coinciden con reportes recientes que subrayan la inversión estatal en infraestructura y conectividad como parte de la glosa del informe.

En materia hídrica y ambiental, los enviados del Poder Ejecutivo estatal informaron que 35 mil 925 personas fueron beneficiadas con agua potable en zonas rurales, además de la tecnificación del Distrito de Riego 011 y la atención de 740 denuncias ambientales. Asimismo, se presumió una reducción de más de 34 mil toneladas de CO₂, el fortalecimiento del monitoreo ambiental permanente y un incremento del 8% en el manejo de residuos.

No obstante, el tono cambió con la intervención de las y los diputados, quienes cuestionaron la efectividad de estas acciones. Entre los temas más insistentes destacaron:

• La gestión del agua y la desigualdad hídrica entre regiones.
• El retraso en proyectos como las ladrilleras en León.
• La viabilidad ambiental de obras y programas de ordenamiento ecológico.
• Las fallas en movilidad urbana, particularmente la instalación de semáforos sin estudios técnicos.
• La falta de claridad en concesiones carreteras y su impacto financiero a largo plazo.

Incluso se planteó la posibilidad de auditorías y responsabilidades administrativas por decisiones sin sustento técnico, así como dudas sobre el derecho a la movilidad y el acceso libre a vialidades estratégicas.

Ante ello, los funcionarios defendieron que existe un plan estratégico con cinco ejes: mitigación de contaminación, gestión sostenible del agua, conservación de biodiversidad, ordenamiento territorial y gobernanza ambiental. Además, aseguraron que “la justicia social y ambiental deben caminar juntas” y que se trabaja en auditorías externas para revisar concesiones como la de la autopista Silao–San Miguel de Allende.

En temas críticos, reconocieron que los 20 acuíferos del estado presentan algún grado de sobreexplotación, lo que obligará a estrategias como la sustitución de agua subterránea por superficial. También admitieron que proyectos como la semaforización corresponden a los municipios y no al estado.

La discusión también alcanzó temas como incendios forestales —94 eventos que afectaron más de 7 mil hectáreas—, manejo de residuos, infraestructura hidráulica y la conservación de ecosistemas como la Laguna de Yuriria.

En el cierre, el gobierno estatal insistió en que los resultados responden a una política con indicadores claros y visión de largo plazo, mientras que legisladores mantuvieron el énfasis en pendientes estructurales, especialmente en agua, medio ambiente y transparencia en obra pública.

La jornada forma parte de la glosa del informe que el Congreso realiza por ejes temáticos, un ejercicio en el que, más allá de los datos positivos, quedó en evidencia que los principales retos del estado siguen concentrados en la sostenibilidad ambiental, la gestión hídrica y la vigilancia del gasto público.