La 66 Legislatura del Congreso del Estado exhortó a algunos ayuntamientos para que en el ámbito de sus atribuciones, y en el caso que se propongan incrementos a las tarifas del servicio de transporte público en las modalidades de urbano y suburbano, lo analicen con plena objetividad, auxiliándose de una comisión mixta tarifaria, tomando en consideración los datos relativos a la demanda atendida, los análisis de la oferta, la estimación de los costos, el equipamiento tecnológico, los planes de mejora, la infraestructura a desarrollar, la utilidad razonable para el prestador, así como las características y las variables sociales y económicas de cada municipio.
Los municipios exhortados son: Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Doctor Mora, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José de Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Silao de la Victoria, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria.
Al hacer uso de la tribuna, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco explicó que la propuesta, originada inicialmente por una situación de posible aumento arbitrario en el municipio de Salamanca, fue ampliada por la Comisión de Movilidad al detectar que estas prácticas se replican en diversas regiones de la entidad, afectando directamente la economía de las familias.
La legisladora enfatizó que cualquier ajuste tarifario debe basarse en evidencia objetiva, considerando análisis de oferta y demanda, costos de operación, equipamiento tecnológico, planes de mejora y la utilidad razonable para el prestador, además de contar con el auxilio de una Comisión Mixta Tarifaria, además de que el transporte público es un servicio vinculado al derecho constitucional a la movilidad, el cual debe prestarse bajo condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia y sostenibilidad.
El congresista Rodrigo González Zaragoza destacó la importancia del exhorto al subrayar que en muchos municipios los transportistas parecen estar por encima de los ayuntamientos, y eso era un pésimo mensaje. Agregó que el transporte público no debe convertirse en un negocio, y su obligación era respaldar el Derecho a la Ciudad de la población.
Finalmente, manifestó que se deben sujetar las tarifas a un modelo de tarifa social, en el marco de las posibilidades de las familias guanajuatenses, y debe ser una corresponsabilidad entre el estado y los municipios.
El dictamen fue aprobado por unanimidad.
