Bajo la premisa de que el combate a la delincuencia no debe sustentarse en instrumentos estáticos, sino en herramientas dinámicas, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Alejandro Arias Ávila, propuso que los programas sobre Prevención de la Violencia y la Delincuencia -del estado y municipios- puedan modificarse para responder a fenómenos delictivos en constante transformación, incluyendo los de alto impacto que afectan gravemente a la población.
Con ese propósito, presentó una iniciativa para establecer en la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que dichos programas también deben contar con “flexibilidad para incorporar programas y acciones ante eventualidades y emergencias no previstas”.
Y para “modificar, sustituir o eliminar aquellos que no acrediten eficacia, eficiencia o pertinencia”, con el objetivo de obtener mejores resultados en la prevención de violencia y comisión de delitos y, paralelamente, optimizar recursos públicos.
Refiere que, si la delincuencia evoluciona de manera continua, estado y municipios deben contar con mecanismos preventivos igualmente dinámicos, capaces de anticipar riesgos y adaptarse a dicha evolución, a fin de proteger de manera efectiva la seguridad de la población.
En su propuesta de reforma legal expone que si bien durante el periodo 2012-2018 se implementó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, no logró consolidarse como un mecanismo eficaz para contener la violencia y el delito de manera sostenida.
Y que, a la fecha, es evidente la ausencia de acciones suficientes a nivel federal para conseguirlo, pero que la evidente ausencia de resultados satisfactorios “no debe constituir un obstáculo para que el estado fortalezca su marco normativo y operativo en materia de prevención de la violencia y la delincuencia”.
En su exposición de motivos de su iniciativa, el diputado Alejandro Arias sostiene que la evolución de la delincuencia ha dado lugar a fenómenos emergentes que antes no fueron previstos y que hoy deben ser contemplados en forma inmediata en dichos programas sobre Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Cita concretamente la violencia digital, la existencia de grupos armados de defensa comunitaria, trata, turismo sexual, extorsión, secuestros, ejecuciones, desaparición forzada de personas, reclutamiento de migrantes, incremento de la corrupción, proliferación de actividades ilícitas en el ámbito financiero global (como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo), y el fraude inmobiliario, también presente en nuestro estado.
