El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, se reunió este lunes en Washington con el jefe de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, para abordar la “cooperación bilateral para combatir el narcotráfico” y cómo “frenar el tráfico de armas” desde Estados Unidos. La reunión entre ambos se da en medio de las infundadas acusaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en su red social Truth Social, de que los carteles controlan al país y que su vecino del sur es, en realidad, un “narco-estado”.
La visita de Harfuch también cae en un momento en el que el Gobierno de la mandataria, Claudia Sheinbaum, ha redoblado en su apuesta por atacar frontalmente a los grupos del narcotráfico. Sobre todo tras el abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, el pasado febrero. También coincide con el reforzamiento de la posición mexicana frente a las presiones de Estados Unidos por el paso de droga en la frontera: las armas que usan los líderes de las mafias mexicanas son compradas, en su mayoría, en Estados Unidos.
No han sido pocas las amenazas de la Administración republicana, que en el peor de los casos ha agitado un antiguo fantasma: la posibilidad de que Washington realice ataques en territorio mexicano. Frente a esos discursos, abrazados en el núcleo más duro del Partido Republicano y sus tentáculos mediáticos, el Ejecutivo mexicano ha reiterado que la estrategia de seguridad tiene que ser vista como una “responsabilidad compartida” entre México y EE UU.
La presidenta mexicana ha optado por la imperturbabilidad —la estrategia de “cabeza fría”, como la han caracterizado en el Ejecutivo— en su relación con Trump y como guía para reaccionar a los vaivenes e hipérboles del estadounidense. Es, justamente, así como la mandataria ha contestado a las más recientes acusaciones de Washington. “A lo mejor [Trump] no está muy bien informado, porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad”, contestó recientemente.
Fue el mismo tono que utilizó después de no ser invitada por EE UU, con quien comparte más de 3.000 kilómetros de frontera, a una cumbre organizada por Trump con 12 mandatarios de la derecha —y ultraderecha— latinoamericana. En el evento, el republicano dijo que México es el epicentro de la violencia de los carteles y que, por esa misma razón, debe “erradicarlos”. También imitó burlonamente a la mandataria cuando, según él, rechazó su propuesta para atacar a los narcos con fuerzas norteamericanas. La respuesta mexicana fue, nuevamente, la ecuanimidad: “Nosotros hacemos nuestra parte, pero ellos también tiene una responsabilidad allá”.
Ese “allá” se refiere al trasiego de armas al sur de la frontera. La batalla, no solo narrativa sino también legal, de México frente a las armeras estadounidenses no es nueva, pero se ha intensificado con la llegada al poder del partido Morena. En junio de 2024, el Supremo de Estados Unidos tumbó la demanda mexicana contra los fabricantes de armas por considerar que estos están amparados por la ley.
Sin embargo, la causa mexicana aún tiene otra bala: los tribunales siguen discutiendo una segunda demanda, interpuesta en 2022, contra cinco armerías del Estado de Arizona, una de las principales fuentes de origen de las armas que cruzan la frontera.
