Héctor Andrade Chacón
Cuando en el Congreso del Estado se consumó la salida de Carlos Zamarripa Aguirre de la Fiscalía General de Guanajuato, después de más de una década al frente de la institución, el mensaje político fue claro, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo cumplía con su palabra de no contar con el cuestionado funcionario en la administración estatal y se empeñaba la palabra hacia un mejor futuro, comenzaba una nueva etapa con un funcionario dispuesto a romper las inercias que arrastraba la procuración de justicia.
La designación de Gerardo Vázquez Alatriste fue presentada como el inicio de una renovación. Un nuevo estilo, una nueva relación con los poderes públicos y, sobre todo, una nueva forma de entender la procuración de justicia en un estado que lleva años atrapado en la espiral de la violencia. El nuevo fiscal llegó, inclusive, con el mensaje de servir al Nuevo Comienzo propuesto por la primera mujer gobernadora del estado.
La expectativa era alta. Quizá demasiado.
Hoy, a poco más de un año de haber asumido el cargo, el fiscal comparece ante diputados del Congreso del Estado de Guanajuato con una realidad mucho menos prometedora de lo que se anunció cuando llegó al puesto. Si algo queda claro es que el cambio prometido no termina de verse.
Los homicidios dolosos continúan marcando la agenda pública de Guanajuato. Las cifras, más allá de cualquier discurso institucional, siguen colocando al estado entre los territorios más violentos del país. La Fiscalía presume avances en investigación y judicialización de casos, pero en la percepción social la justicia sigue siendo lenta, distante y, en demasiadas ocasiones, inexistente. Los indicadores sobre impunidad no han tenido variaciones trascendentes y lo peor, hay acusaciones de que más de 80 por ciento de los casos han sido olímpicamente archivados, lo que persevera la condición de injusticia que viven miles de guanajuatenses que han sido víctimas de todo tipo de delitos.
A esa percepción se suma un problema que golpea directamente la credibilidad de la institución: los ataques cibernéticos que han vulnerado sus sistemas. Denota carencia de cuidado de los servidores públicos en la dependencia y el menosprecio del fiscal al tema, define qué tanto le importa el cuidado de los expedientes de quienes han sido víctimas de algún crimen o de quienes debieran tener el beneficio de la presunción de inocencia en casos abiertos. Los ciberdelicuentes han expuesto datos que confirman que si hubo vulneración al sistema.
La posibilidad de que expedientes y bases de datos de investigaciones hayan sido sustraídos o comprometidos encendió alertas no sólo entre especialistas en seguridad digital, sino también entre legisladores y organizaciones civiles. No es un asunto menor: se trata de información sensible que puede comprometer víctimas, testigos y procesos judiciales.
La respuesta institucional, sin embargo, ha sido opaca, hasta soberbia. En lugar de explicaciones claras, la narrativa pública ha oscilado entre la minimización del problema y el silencio.
No es el único frente.
También se ha vuelto recurrente la distancia —cuando no el desencuentro— entre el fiscal y los medios de comunicación. En un contexto donde la transparencia debería ser una obligación política y ética, las respuestas evasivas y los episodios de trato áspero hacia periodistas han alimentado la percepción de una institución poco dispuesta a rendir cuentas.
Paradójicamente, uno de los argumentos para justificar el relevo en la Fiscalía era precisamente la necesidad de reconstruir la confianza pública. Debe ser decepcionante para la gobernadora García Muñoz Ledo saber que lo que prometió en los primeros días de su mandato y los compromisos generados, no han podido ser hechos, por el ejercicio de un funcionario que sigue sin mostrar su calidad en el trabajo, que supere incluso las críticas a su gusto por vestirse de charro en la ocasión que se pueda.
Por eso la comparecencia de este martes no es un trámite administrativo más.
Los legisladores debieran apretarle. Ayudarían más a la gobernadora, los oficialistas, si dejan que el fiscal salga al escenario sin apoyos adicionales, sin cobertura. Que él haga lo suyo. El coordinador panista, Jorge Espadas, mandaría un buen mensaje de que se quiere caminar más allá de lo que pasó en la era Zamarripa.
El evento debe ser, en realidad, una especie de examen político para el fiscal. Un momento para saber si la institución que prometía renovarse está realmente transitando hacia un modelo distinto, o si simplemente cambió el nombre en la puerta del despacho mientras todo lo demás sigue igual.
Porque la salida de Zamarripa no sólo generó expectativas. Generó una deuda política con la sociedad.
Y hasta ahora, esa deuda sigue sin saldarse.
A casi medio trienio, ya comienzan a acomodarse las piezas para las elecciones del 2027. Morena, por ejemplo, ya andará en busca de sus candidatos a mediados de año, trampeando la ley, pero caminando hacia ese objetivo. En el PRI, se sabe, ya también han comenzado a moverse, porque se juegan la vida el próximo año.
En el estado de Guanajuato, una de sus piezas clave es el presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, que recibirá este miércoles, por cierto, a los poderes de la entidad, en una sesión solemne que conmemorará los 200 años del nombramiento de ciudad dado a esta urbe clave en el inicio de la Guerra de Independencia y lugar de nacimiento del Gran Capitán, Ignacio Allende.
Trejo Pureco, deberá dejar la Presidencia Municipal en 2027, pues ya ha agotado sus posibilidades de elección consecutiva, y, por ende, tendrá que decidir qué hará con su carrera política.
Se sabe, que él se ha declarado un soldado del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, por lo que se dice dispuesto a colaborar en la misión que le designe su partido. En los pasillos del PRI se afirma que "Alito" le tiene en gran aprecio y cree que es una buena máquina para empujar al tren tricolor en una elección directa, en el trabajo en tierra.
En este sentido, se afirma que en el tricolor empiezan a visualizar a Mauricio Trejo, con buen nivel de popularidad en las encuestas, como candidato a un distrito, el 9 local, porque ayudaría a fortalecer la lucha electoral en San Miguel de Allende y como efecto a los municipios que le rodean, acotando a Morena, el principal rival, de acuerdo con estudios de opinión. Claro que está también la posibilidad del 2 federal, pero en Insurgentes Norte No. 59, creen que Trejo en el Congreso Local podría labrarse una buena candidatura para la gubernatura en 2030. Cálculos del momento.
