La violencia vicaria “no puede seguir invisibilizada en el plano penal”, afirmó la diputada Ruth Tiscareño en sesión de la Comisión de Justicia al hablar a favor de un dictamen para incluir en el Código Penal un capítulo sobre ese tipo penal.
“No podemos perder de vista que la violencia vicaria es una forma extrema de violencia de género que busca quebrar emocionalmente a las mujeres dañando lo más valioso en su vida: sus hijas e hijos”, apuntó.
Sostuvo que la incorporación de ese capítulo es un acto de responsabilidad institucional y de coherencia con los compromisos asumidos por México en instrumentos como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que ordena a los Estados adoptar medidas legislativas eficaces para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia.
Destacó dicho capítulo específico de violencia vicaria contiene, “figuras sólidas, claras y compatibles con los principios de legalidad y taxatividad penal”.
“Se define el uso de hijas, hijos o personas significativas como medio para causar daño, y se establece una penalidad acorde con la gravedad de la conducta”, agregó y resaltó también el dictamen surge de “un proceso legislativo serio, transparente y participativo”.
“Se llevó a cabo una consulta institucional, se realizaron mesas de trabajo y se atendieron las observaciones técnicas que enriquecieron la redacción final”, abundó y reiteró que el dictamen no es un producto improvisado, sino resultado de diálogo, de análisis jurídico y de una redacción cuidada que respeta la sistemática del Código Penal vigente.
Tiscareño Agoitia subrayó que la violencia vicaria, a la que definió como aquella que se ejerce instrumentalizando a las hijas, hijos o personas significativas para causar daño a las mujeres, no es un concepto retórico ni una categoría artificial, sino una realidad reconocida en nuestro marco constitucional, en la legislación estatal y en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos.
“Y, frente a esa realidad, este Congreso no puede permanecer omiso”, sentenció después de anotar que el dictamen en cuestión deriva, precisamente, de la reforma constitucional de noviembre de 2024 que mandató a todas las entidades federativas a armonizar su marco jurídico para garantizar, de manera reforzada, el derecho de mujeres, niñas, niños y adolescentes a vivir una vida libre de violencias.
La congresista remarcó que votar a favor del dictamen no era un acto simbólico, sino “la consolidación de un marco jurídico que coloca en el centro la dignidad de las mujeres y su derecho a vivir libres de miedo, de chantajes afectivos y de violencias que se disfrazan de conflictos familiares”.
“Es también un mensaje claro a las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia: la violencia vicaria existe, es grave y debe ser sancionada”, remató.
