La diputada Rocío Cervantes votó a favor del dictamen de dos iniciativas para crear la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en armonía con la reforma federal en ese campo, y subrayó que, “hoy más que nunca, la ciudadanía exige instituciones que informen, que rindan cuentas y que actúen con plena apertura”.
Afirmó que “cuando la información fluye, se inhiben los abusos, se reduce la opacidad y se construyen gobiernos más responsables”, porque el acceso a la información permite que cada persona conozca cómo se toman las decisiones públicas, en qué se utilizan los recursos y cuál es el desempeño de quienes ejercen un cargo público.
“Un gobierno abierto, que informa y que rinde cuentas, es un gobierno que genera confianza y que se compromete con el bien común”, agregó y precisó que es deber de congresistas garantizar que ese derecho sea efectivo, que exista un marco jurídico sólido y que las instituciones encargadas de proteger la transparencia tengan autonomía, capacidad técnica y fortaleza para cumplir su función.
Sostuvo que la forma en que se plantearon las modificaciones que dieron lugar a la reforma federal, no está exenta de cuestionamientos y genera preocupaciones legítimas respecto a su impacto institucional y a la eficacia con la que garantizan su cumplimiento después del proceso de armonización.
La justificación de una de las propuestas señala ser con la finalidad de ahorrar recursos y promover la austeridad a partir de evitar la duplicidad de funciones y gastos excesivos, pero que eso en realidad no se cumple porque artículos transitorios del dictamen aprobado indican que los recursos con los que contaba el Instituto de Acceso a la Información simplemente serán transferidos a la Secretaría de la Honestidad.
Sobre el dictamen, con el que se atiende un mandato de armonización normativa, dijo que su objetivo es mantener coherencia y certeza en el orden jurídico aplicable en esa materia.
Indicó que, desde el Grupo Parlamentario del PRI, “siempre hemos manifestado que este tipo de procesos demandan claridad jurídica y un análisis responsable, especialmente cuando se trata de derechos fundamentales que fortalecen el control democrático y la rendición de cuentas”.
Sin embargo, añadió, esto no significa que cualquier mecanismo propuesto sea necesariamente el más adecuado, porque la desaparición o debilitamiento de organismos especializados no asegura, por sí misma, un mejor cumplimiento del derecho de acceso a la información y, por el contrario, puede generar incertidumbre y afectar la eficiencia con la que este derecho se protege y se ejerce.
