La Comisión de Asuntos Municipales realizó dos mesas de trabajo para analizar diferentes iniciativas de reforma a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato; primera, con la finalidad de que los Ayuntamientos en los diversos municipios con recursos financieros limitados, establezcan en forma preferente ciertas dependencias y unidades administrativas; y segunda, para garantizar transparencia y eficacia en el otorgamiento de concesiones para el diseño, construcción, conservación, operación, uso, explotación, mantenimiento o aprovechamiento de la infraestructura pública tanto municipal como estatal que excedan de una administración a otra.
Recursos financieros para dependencias municipales
En la primera mesa de trabajo, los asistentes señalaron que resulta necesario analizar con cautela el efecto sistémico que tendrían las modificaciones pretendidas para que dichas dependencias sean únicamente preferentes; se dijo que una medida de esta naturaleza podría generar discontinuidad en la prestación de servicios públicos, debilitar estructuras básicas de gobierno y comprometer la validez de los actos administrativos; que la exposición de motivos no señala cuáles áreas podrían suprimirse sin afectar la continuidad de los servicios públicos o la validez de los actos administrativos.
Asimismo, comentaron que sin una valoración técnica o diagnósticos que identifiquen qué áreas podrían prescindirse sin afectar derechos o servicios, la flexibilización propuesta podría introducir incertidumbre institucional y operativa; que resulta recomendable explorar alternativas normativas que permitan atender el problema planteado sin comprometer la estructura esencial del gobierno municipal, como lo son los mecanismos de implementación progresiva, ajustes organizacionales a través de la facultad reglamentaria municipal o esquemas de colaboración intermunicipal.
Al hacer uso de la voz, la diputada Rocío Cervantes Barba refirió que la naturaleza dinámica de la sociedad exige una actualización constante de la normativa, la cual debe considerar la desigualdad de recursos financieros y humanos que enfrentan los municipios. Advirtió que, de no ser realistas y proporcionales, las leyes corren el riesgo de generar obligaciones imposibles de cumplir para los ayuntamientos con menor capacidad operativa.
También, señaló que la iniciativa busca otorgar un lugar de prioridad a las dependencias mencionadas en el artículo 132 de la Ley de Gobierno y Administración, destacándolas como áreas preferentes para establecer las bases mínimas de gobernanza, aunado que hacer referencia al término preferentemente debe interpretarse como una importancia estratégica que permita al municipio operar adecuadamente sin exceder su realidad presupuestal.
Transparencia y eficacia en el otorgamiento de concesiones
En el segundo análisis, los representantes externaron que las concesiones municipales en la entidad ya se encuentran reguladas por un marco normativo que incluye leyes estatales y reglamentos locales, bajo la fiscalización de la Auditoría Superior del Estado para asegurar la transparencia y un gobierno abierto; se advirtió que lo propuesto parece contraponerse con el referente normativo vigente para la infraestructura pública; de igual forma, sugirieron analizar el impacto jurídico de la propuesta, al considerar que la intervención del Congreso en la aprobación de concesiones podría constituir un control que vulneraría la autonomía municipal; y que a incorporación de autorizaciones legislativas previas y la creación de nuevos supuestos normativos requiere un examen cuidadoso para asegurar su adecuada armonización con estos elementos.
Finalmente, el legislador Ernesto Millán Soberanes agradeció las aportaciones de cada una de las instituciones participantes al manifestar su postura que servirá para la mejora de los trabajos legislativos.
En la reunión estuvieron presentes la diputada Plásida Calzada Velázquez, Rocío Cervantes Barba y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia; así como los diputados Ernesto Millán Soberanes (presidente) y José Salvador Tovar Vargas.
También se contó con la participación de representantes de la Consejería Jurídica del Estado de Guanajuato; del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato; asesores de grupos parlamentarios y colaboradores del Congreso del Estado de Guanajuato.
