La Federación busca limitar los derechos políticos y la participación social: Dip. Rocío Cervantes

Para la diputada Rocío Cervantes, en la homologación de la Constitución local con la federal en materia de no reelección y nepotismo, no debe haber restricciones injustificadas a los derechos político-electorales de las y los guanajuatenses y se debe confiar en la capacidad del pueblo para decidir si premia o no con su voto el ejercicio de gobierno en sus municipios y el trabajo legislativo de quien lo representa en el Congreso.

En Mesa de Trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la que es integrante, para analizar dos iniciativas para armonizar ambas normas en esos campos, advirtió que la reforma federal de abril del 2025 pretende imponer, bajo la bandera de la equidad, “restricciones que en realidad significan un retroceso para nuestra democracia”.

“Se nos plantea prohibir la reelección inmediata de diputadas, diputados, presidentas y presidentes municipales, regidoras, regidores, síndicas, síndicos, se nos propone limitar la movilidad política entre cargos municipales y legislativos y se pretende excluir a quienes tengan vínculos familiares con servidores públicos”, explicó.

Y sostuvo que “la propuesta busca impedir que personas con vínculos familiares puedan competir por un cargo”, sin considerar que especialmente en municipios pequeños, las relaciones familiares son parte natural de la vida social”.

“¿Vamos a castigar a lideres legítimos solo por su apellido? ¿Vamos a excluir a mujeres y jóvenes que, por tener un familiar en el servicio público, quedarían automáticamente fuera de la contienda?”, se preguntó y remató con la conclusión de que “eso no es equidad, eso es exclusión”.

Si la reforma en cuestión tuviera “una visión de continuidad democrática”, consideraría que la reelección inmediata en esos cargos permite dar seguimiento a proyectos de mediano plazo, especialmente en temas de infraestructura, y políticas sociales.

Sostuvo entonces que prohibir esta continuidad de manera absoluta rompe la posibilidad de consolidar políticas públicas y debilita la rendición de cuentas, porque finalmente quien busca reelegirse se somete al juicio ciudadano.  

“Si la gente considera que no cumplió, simplemente no le da su voto”, dijo y advirtió que prohibir la reelección es quitarle al pueblo la posibilidad de premiar la continuidad de los proyectos que sí funcionan.

Expuso que el verdadero riesgo no está en la reelección ni en la movilidad política, sino en cerrar las puertas a la pluralidad, en limitar los derechos políticos de las y los ciudadanos, en desconfiar de la capacidad del pueblo para decidir.

En ese tenor, resaltó que, en la transición de lo municipal a lo legislativo, enriquece el Congreso con voces que conocen de primera mano las necesidades reales de los municipios, lo que consideró positivo.

Resumió su postura en el proceso de armonización de la Constitución local con la federal al puntualizar que “debemos defender la participación amplia, la continuidad democrática y el respeto pleno a los derechos políticos de las y los ciudadanos”.

“Permítanme ser clara: La democracia no se fortalece con prohibición, se fortalece con participación y con la confianza en la ciudadanía”, afirmó.