En el último minuto de una serie de negociaciones prolongadas durante cuatro días, los dirigentes del Partido Verde y del Partido del Trabajo, aliados de Morena, accedieron a firmar un documento en el que comprometieron los votos de todos sus legisladores en favor del plan b de la reforma electoral del Ejecutivo. La firma del documento fechado el 13 de marzo selló un acuerdo con el que se buscaba reconstruir la cohesión en la alianza oficialista, lastimada por el naufragio de la primera iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum.
En el acuerdo, al que tuvo acceso EL PAÍS, los dirigentes y coordinadores parlamentarios de Morena, PVEM y PT asumieron por escrito frente a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, seis compromisos que incluyen votar a favor de la iniciativa en el Senado de la República, la Cámara de Diputados y los Congresos locales necesarios para aprobar la reforma constitucional. Además de Rodríguez, también firma el documento la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián.
Sheinbaum encomendó a sus dos colaboradoras de mayor confianza la construcción del acuerdo para el plan b, luego de una reunión de más de cinco horas celebrada la noche del miércoles 11 de marzo en Palacio Nacional, tras el naufragio del plan original en la Cámara de Diputados. Esa misma noche, la presidenta presentó a los dirigentes y coordinadores de los partidos que la llevaron al poder sus ideas para un plan b, y ordenó construir los acuerdos necesarios para impedir que se repita el fracaso. Según asistentes a esa reunión, Sheinbaum dejó ver que del éxito del plan b depende el futuro de la alianza Morena, PVEM y PT, que pretenden competir aliados en las intermedias de 2027 y las presidenciales de 2030.
En su parte sustantiva, el documento refiere: “Los partidos que suscriben, a partir de sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras, manifiestan su compromiso expreso de apoyar, respaldar y votar con todos sus legisladores y legisladoras a favor de la propuesta legislativa en construcción, denominada ‘plan b’, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, consistente en reformas constitucionales que persigan los siguientes objetivos principales”.
El documento detalla los cuatro puntos que después se plasmaron en la iniciativa que Sheinbaum envió al Senado el martes 17 de marzo: eliminar privilegios y gastos excesivos en congresos locales y ayuntamientos; destinar los recursos ahorrados a obra pública y programas del bienestar en las entidades; ampliar y fortalecer los mecanismos de democracia directa (consulta popular y revocación de mandato), y consolidar una democracia más participativa y austera.
En otro párrafo, el documento suscrito detalla que el apoyo al plan b se materializará mediante las siguientes acciones: “La discusión, defensa y votación favorable en las Cámaras del Congreso de la Unión, así como en los congresos locales que resulten necesarios para la aprobación de las reformas constitucionales. La promoción activa de la propuesta en medios de comunicación y entre sus bases militantes. Impulsar y aprobar reformas a las leyes secundarias que mejoren el sistema electoral”.
Los tres partidos de la coalición se comprometieron además a impulsar la reducción progresiva del gasto en el Senado hasta alcanzar el 15% de lo aprobado para el ejercicio fiscal 2026. Es decir, si el Senado ejerce este año un presupuesto de 5.103 millones de pesos, se estaría buscando recortarle 765 millones. También acordaron que ninguno de los dirigentes de los tres partidos, a nivel nacional, estatal o municipal, perciba ingresos superiores al salario de la presidenta (138.000 pesos mensuales netos). Este es otro de los propósitos impulsados por Sheinbaum.
El acuerdo establece dos salvaguardas adicionales: “QUINTO. Las partes se comprometen a mantener un diálogo permanente. El presente acuerdo no modifica ni sustituye los compromisos previos de la coalición política existente, sino que los complementa en lo relativo al plan b. SEXTO. El acuerdo entrará en vigor a partir de su firma y tendrá vigencia hasta la aprobación definitiva de la propuesta o hasta que las partes acuerden su terminación”.
Al calce del documento aparecen las firmas de las presidentas y coordinadores parlamentarios de la coalición: Luisa María Alcalde, el senador Ignacio Mier y el diputado Ricardo Monreal, de parte de Morena; Karen Castrejón, el senador Manuel Velasco y el diputado Carlos Puente, del Partido Verde; el diputado Reginaldo Sandoval, y el senador Alberto Anaya, quien firma dos veces el documento, como presidente del PT y como coordinador de los senadores.
La semana decisiva del plan b
A pesar de la firma de este acuerdo, legisladores del PT y el Verde mantienen sus cuestionamientos a la nueva iniciativa de reforma electoral, principalmente por la intención de modificar las reglas para la convocatoria y celebración de la revocación de mandato, un dispositivo legal incorporado en la Constitución en 2019 y que el expresidente Andrés Manuel Lóipez Obrador decidió utilizar en 2022, luego de concluir la primera mitad de su gobierno. En aquella ocasión, el revocatorio no fue promovido por los opositores del presidente, sino por sus simpatizantes; fue en realidad un ejercicio de ratificación que permitió a Morena movilizar 15 millones de votos en favor de la permanencia de López Obrador.
En su iniciativa, la presidenta está proponiendo que la revocación pueda convocarse al final del segundo o tercer año de gobierno, y que la consulta se celebre el primer domingo de junio, con lo que se abre la puerta para que el revocatorio de Sheinbaum sea concurrente con las elecciones federales y locales de 2027. Esto es rechazado por el PT y por al menos un senador del Partido Verde (el chiapaneco Luis Armando Melgar), quienes consideran que no es conveniente empatar el ejercicio de revocación con las elecciones. Por la configuración de los grupos parlamentarios en el Senado, basta con que dos legisladores del oficialismo no voten a favor para descarrilar el plan b, que necesita de mayoría calificada (dos terceras partes del Senado), al tratarse de reformas constitucionales.
La iniciativa iba a ser discutida este lunes en la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, pero la reunión se pospuso un día para afinar el proyecto de dictamen. La sesión de comisiomes es la última instancia en la que podría modificarse la iniciativa, para confirmar el apoyo de los seis senadores del PT y el senador del Verde que ha manifestado sus reservas. Morena tiene 67 escaños en la Cámara alta y la mayoría calificada se conforma con 86, por lo que necesita 19 votos adicionales. Sus aliados tienen 20 senadores (14 del Verde y 6 del PT), por lo que todos son cruciales para que prospere la reforma de Sheinbaum.
Lugo del fracaso de Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, el nuevo encargado de las negociaciones con las bancadas del Verde y PT es Ignacio Mier, coordinador de los senadores de Morena y político cercano a la presidenta. Mier ha programado que la discusión del plan b llegue al pleno el miércoles 25 de marzo. De la votación de ese día depende no sólo la reforma electoral de la presidenta, sino la cohesión y el futuro de la coalición Morena, PVEM y PT.
