Reducen alzas en tarifas y diputados avalan la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2026

En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso aprobó la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2026.

Dicha ley asciende a 140 mil 331 millones 093 mil 736 pesos, lo que equivale a una variación real del 9.56% de incremento nominal; no contempla nuevos impuestos. En cuanto a los derechos, se detectan nuevos conceptos en esta categoría, se mantienen los vigentes para el ejercicio fiscal de 2025 y otros se reestructuran en su mecánica de cobro.

Se contempla la incorporación de derechos por permisos provisionales, el derecho por la celebración de la cesión de derechos en materia de bebidas alcohólicas realizada por la autoridad fiscal, los derechos en materia de establecimientos de casa de empeño y yonques. Además, se incorpora el concepto por la revisión y validación de la cédula de operación anual, entre otros aspectos.

Las cuotas del próximo ejercicio fiscal de 2026, con relación al 2025, se incrementan, en promedio y de manera generalizada, en un 4 por ciento. También, se contempla que los ingresos federales sumen 113 mil 938 millones 136 mil 179 pesos.  

El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta habló a favor del dictamen. Manifestó que los dictámenes puestos a discusión tratan de un paquete integral, con una lógica clara y el objetivo de darle al Estado las bases financieras y normativas para cumplirle a la ciudadanía, siendo necesario que se tenga claridad en los ingresos, para atender de forma responsable las demandas sociales.

Añadió que para el ejercicio fiscal 2026 se contemplan 113 mil 938 millones de pesos de recursos federales, lo que representa un incremento de 8 mil 101 millones de pesos respecto a 2025, pero cuando se eliminan las etiquetas y las obligaciones legales, el incremento real disponible para el Estado es de alrededor de 4 mil 378 millones de pesos, y no de ocho mil como a veces se quiere hacer creer.

Finalmente, dijo que la reforma relacionada con la normativa de bebidas alcohólicas se fortalecen los mecanismos de supervisión, se clarifican reglas y se da mayor certeza jurídica, lo que permite un mejor control de esta actividad en beneficio de la seguridad, la legalidad y la convivencia social y se fomenta la formalidad y el emprendimiento, al establecer procedimientos más claros, transparentes y accesibles para quienes desean abrir o regularizar un negocio.

Por su parte, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor se pronunció en contra, al precisar que se encuentran ante una iniciativa que lejos de ser un instrumento de justicia social representa un ataque a la economía de los guanajuatenses, a los sectores productivos y a la equidad social en la entidad.

Apuntó que representaba un esfuerzo desproporcionado para obtener recursos, que se habían autorizado incrementos en trámites sencillos como actas de nacimiento, refrendo vehicular, permisos de transporte, entre otros.

Asimismo, remarcó que no estaban bien fundamentados los aumentos, que se le estaba cargando el costo a la población, que Guanajuato no necesitaba nuevos impuestos ni deuda, sino transparencia y disciplina fiscal.

En su oportunidad, la legisladora María del Pilar Gómez Enríquez indicó que existen razones plenamente justificadas para respaldar el dictamen. Dijo que era una respuesta responsable frente a un entorno nacional que ha modificado de manera profunda la distribución de recursos entre la federación y las entidades federativas.

Mencionó que los recursos en salud se han reducido en más de 700 millones de pesos, al igual que el Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública. También habló del modelo de centralización y la respuesta que las entidades tienen que hacer al respecto, así como del trato desigual que se le ha dado a Guanajuato en materia presupuestaria.

Gómez Enríquez externó que ha habido decisiones arbitrarias en la distribución del recurso, por lo que el Estado busca fortalecer los ingresos propios para impulsar la salud, la seguridad y otros rubros, ante el trato que ha tenido la federación y el castigo que ha recibido en recursos.

En su oportunidad, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo puntualizó que lo que estaba por suceder era un abuso, era burlarse del pueblo, porque tenía cobros excesivos, impuestos vergonzosos que castigaban a la población.

Remarcó que 86 pesos de cada 100 pesos que le llegan a la entidad provenían de la federación; que subían los precios de las placas, el refrendo, las licencias, así como trámites básicos sin bajar los privilegios que ellos tenían.

Finalmente, comentó que, si se dejara de gastar en privilegios, al gobierno estatal le alcanzaría para llevar a cabo sus proyectos sin deuda pública y sin impuestos exagerados que atentan directamente contra la ciudadanía.

El dictamen fue aprobado en lo general por mayoría de votos con 24 a favor y 12 en contra. 

Reservas  

El diputado Ernesto Millán Soberanes indicó que, si el dinero de los guanajuatenses era sagrado, ¿por qué quería cobrarles más, como el impuesto innecesario al refrendo? En ese sentido manifestó que se pretendía justificar afirmando que el promedio sería de 1,180 pesos y que la entidad está por debajo de la media, por lo que la justificación no coincidía con lo de la región.

Agregó que se trata de un aumento desproporcionado del 75.6%, que era un asalto y afectaría la economía de las familias que dependen de su vehículo para ir a laborar, estudiar o es su medio de trabajo, por lo que propuso que el aumento se ajustara al 4% autorizado. La reserva no fue avalada.

Por su parte, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor pidió reservar el artículo 24 de la Ley de Ingresos relacionada con el cobro del plaqueo a automóviles y motocicletas, toda vez que se busca incrementar los costos un 24% y por ello se propone ajustar el pago al criterio del 4%, con el propósito de que sea justa, razonable y acorde a la realidad económica de la ciudadanía. La propuesta fue rechazada.

En su oportunidad, la legisladora Hades Berenice Aguilar Castillo puntualizó que solicitaba que las tarifas para las licencias y permisos para conducir solo se incrementaran 4% para la vigencia de 5 años. La reserva fue rechazada.

La congresista María Eugenia García Oliveros señaló que el dictamen relacionado con la adopción simple es una figura ajena a la época, incompatible con el sistema jurídico vigente y contraria al principio rector del interés superior de la niñez y de ahí que su eliminación obliga a que desaparezcan todos los elementos asociados, tal como procedimientos, requisitos, tarifas, menciones registrales, entre otros aspectos.

Por lo anterior, pidió que se derogara la fracción III del artículo 7 de la iniciativa en cuestión, para responder a una necesidad jurídica, técnica, social y constitucional. La reserva no fue aprobada por mayoría de votos.

El diputado Luis Ricardo Ferro Baeza se refirió a cómo se ejerce el poder y quién paga el precio de un mal gobierno. En ese sentido, comentó que se pretende incluir cobros de pagos relativos a la autopista Silao-San Miguel de Allende como si ya existiera, prestara un servicio y el pueblo estuviera recibiendo algo a cambio. “No hay caseta, no hay obra iniciada, no hay servicio”, subrayó. Ferro Baeza expresó su inconformidad al cobro sin obra. Su planteamiento no fue aceptado.

En su participación, la congresista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia presentó una propuesta a nombre del PAN, PVEM, MC y PRI para modificar el artículo 8 y proponer adicionar que también quedarán exentos de pago los derechos en materia de Registro Civil por inscripción de ejecutorias que declaren la ausencia y la presunción de muerte cuando se relacione con la comisión de un delito; por las certificaciones de nacimiento para las personas mexicanas repatriadas que cuenten con la constancia correspondiente expedida por el Instituto Nacional de Migración (INM) y por las certificaciones: para la regularización y expropiación de predios que realiza el Gobierno del Estado; que sean solicitadas por autoridades judiciales y ministeriales; que sean solicitadas por el ente competente en materia de servicios para las personas con discapacidad y que sean solicitadas por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato (PEPNNA).

Al hablar a favor de la propuesta, la congresista Sandra Alicia Pedroza Orozco indicó que no aprobarían aquellos incrementos mayores al porcentaje inflacional que no estuvieran lo suficientemente justificados o sustentados técnicamente, pero que lo harían en los ajustes responsables, previsibles y razonables.

La reserva fue aprobada por unanimidad de votos.

La diputada Maribel Aguilar González comentó que su reserva estaba dirigida a resguardar el bienestar de la población guanajuatense, al señalar que un acta de nacimiento no era un trámite cualquiera, sino un documento que le da identidad jurídica a la persona que le daba la oportunidad de realizar diversos trámites por lo que se hablaba de un derecho humano.

En ese sentido, argumentó que el incremento de 30 a 42 pesos afectaba a las familias, incremento cercano al 25% pese a que se autorizó el incremento general de 4%, por lo que propuso que se ajustara a citado porcentaje, planteamiento que fue rechazado.

Por su parte, la congresista Rocío Cervantes Barba presentó una propuesta a nombre del PAN, PRD, PVEM, MC y PRI en materia de refrendo, al comentar que el contexto económico actual exige mesura y responsabilidad en la forma en que se actualizan las cargas para las personas, porque para la mayoría el uso del auto no es un lujo sino una herramienta indispensable para trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o acceder a servicios de salud.

Agregó que incrementar el refrendo por encima de la capacidad real de pago genera presión económica y, en algunos casos, fomenta la informalidad y el incumplimiento, por lo que planteó una reducción del 34% sobre la propuesta original de la gobernadora para que quede en 940 pesos.

En contra de la reserva, el diputado Ernesto Millán Soberanes precisó que lo que se busca es que se tenga un aumento del 4%, toda vez que los aumentos que se pretenden establecer abarcan un 40% de incremento que no es benéfico para la población del Estado de Guanajuato, además de que la propuesta contiene los mismos argumentos que se presentaron por parte de su fracción parlamentaria.

Al hablar a favor, la diputada Susana Bermúdez Cano manifestó que se acompañaba la propuesta de reducir el cobro respecto a la original con el fin de equilibrar adecuadamente el interés público con la capacidad de las personas contribuyentes y que permite mantener la eficacia de los sistemas de control vehicular.

En rectificación de hechos, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor mencionó que un aumento del 40% no se justificaba, por lo que externó que mejor no sea un 4%, y refirió que no se había hecho un buen costeo y solo se justificó en la media nacional.

La reserva fue avalada.

Finalmente, la legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco solicitó reservar los artículos 24, 26 fracción III y 39 de la normativa en cuestión, que regulan los cobros por placas, baja vehicular y licencias de conducir, con la finalidad de que los incrementos se ajusten al porcentaje inflacional autorizado del 4%.

Especificó que la movilidad no puede convertirse en un mecanismo de recaudación sin límites, además de tener presente que la mayor parte de las personas que utilizan vehículos particulares para desplazarse lo hacen por necesidad, ante la falta de sistemas de transporte público eficientes.

Las reservas fueron rechazadas.