Aprueban las 46 leyes de ingresos municipales 2026

Como autor del dictamen, hizo uso de la tribuna el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta, quien mencionó que se presentaban las 46 leyes de ingresos municipales que tienen un profundo impacto en la vida de las familias de Guanajuato, porque cada municipio cuando ordena sus finanzas no está pensando en números, sino prepara las condiciones para que la comunidad viva mejor.

Política12 de diciembre de 2025 Redacción
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El Pleno del Congreso aprobó las 46 leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal de 2026.

Como autor del dictamen, hizo uso de la tribuna el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta, quien mencionó que se presentaban las 46 leyes de ingresos municipales que tienen un profundo impacto en la vida de las familias de Guanajuato, porque cada municipio cuando ordena sus finanzas no está pensando en números, sino prepara las condiciones para que la comunidad viva mejor.

Agregó que se revisa aquello que permitirá a las localidades que funcionen con mayor eficiencia, que los recursos alcancen, que exista claridad para planear y que cada Ayuntamiento responda a las necesidades reales de la población, junto a que los municipios realizaron un análisis profundo para tomar decisiones informadas.

Asimismo, dijo que los dictámenes fortalecen la capacidad operativa y dan respuesta a las necesidades reales de la población por parte de cada uno de los Ayuntamientos, además de que la discusión se centra en una conversación de derechos que se puedan garantizar con reglas claras, con información actualizada y responsabilidad fiscal.

Los dictámenes fueron aprobados por unanimidad de votos. Al ser sometido a votación en lo particular, se presentaron diversas reservas.

La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo externó que en su partido tienen el principio de defender los derechos de los abandonados, los olvidados y los que han sido discriminados. En ese sentido habló de las personas con adicciones; comentó que la entidad no cuenta con infraestructura ni voluntad de atender el problema, por lo que propuso una reserva al capítulo de facilidades administrativas y estímulos fiscales de los 46 dictámenes en discusión.

Precisó que la propuesta consistía en incorporar un artículo para hacer un descuento de 50% en los cobros por servicios de protección civil, obra pública y desarrollo urbano para los centros de atención operados por organizaciones sociales. El planteamiento fue rechazado.

Por su parte, el congresista Víctor Manuel Zanella Huerta manifestó que la reserva presentada iba enfocada en la atención a grupos de personas en estado de vulnerabilidad para los 46 ayuntamientos, para establecer como último párrafo dentro de las facilidades administrativas que con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho humano al agua y en el ámbito estricto de su autonomía hacendaria, los Ayuntamientos podrán establecer tratamientos fiscales preferenciales adicionales respecto de las cuotas, tarifas o derechos por la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, a favor de personas adultas mayores y personas con discapacidad, exclusivamente en lo relativo al uso doméstico.

Para tales efectos, el Ayuntamiento deberá definir criterios de evaluación socioeconómica que permitan identificar de manera objetiva a las personas beneficiarias, considerando, entre otros elementos, su nivel de ingresos, en su caso, condición de discapacidad y las circunstancias particulares de su hogar. Dichos criterios deberán asegurar que el tratamiento fiscal preferencial se otorgue con apego a los principios de equidad, proporcionalidad y sostenibilidad financiera.

Los criterios aprobados por el Ayuntamiento serán de carácter público y verificable, a fin de garantizar la transparencia en su aplicación y el uso responsable de los recursos municipales vinculados a la prestación de los servicios referidos.

Además, planteó la adición de un artículo para precisar que con el fin de asegurar el acceso efectivo a los servicios que ofrecen las bibliotecas públicas y las casas de la cultura, los Ayuntamientos podrán establecer tratamientos fiscales preferenciales adicionales a los previstos en este ordenamiento, dirigidos específicamente a niñas, niños y adolescentes. Para tal efecto, el Ayuntamiento, en ejercicio de su autonomía hacendaria, determinará las condiciones, requisitos y modalidades que, en cada caso, sean procedentes.

El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor se manifestó en contra de la propuesta, al señalar que se trataba de una simulación. Explicó que se pretendía dejar a discreción de los municipios acciones que no necesariamente han realizado y que, si no se buscaba obligarlos a aplicar descuentos, no debía presentarse un planteamiento con esas características. Añadió que la propuesta priorizaba la autonomía hacendaria municipal por encima del bienestar de las y los ciudadanos.

El legislador Antonio Chaurand Sorzano externó que el grupo parlamentario que representa hizo la misma propuesta con la diferencia de que no haya discreción en el tema, aunado a que si de verdad se quiere apoyar a los grupos poblacionales en desventaja es importante actuar con firmeza y sin simulaciones.

Las reservas fueron avaladas.

En su oportunidad, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor manifestó que las personas con discapacidad y adultas mayores deben recibir un descuento de 50% en la vivienda en que habitan como un acto de justicia social, que, si bien reconocían que la libertad hacendaria es un mandato constitucional, las normas no deben interpretarse de forma separada, por lo que proponían que el consumo de agua fuera gratuito en los hogares de  personas adultas mayores y con discapacidad permanente en los 46 municipios. Su propuesta fue rechazada.

La legisladora Miriam Reyes Carmona hizo una reserva para el municipio de Guanajuato y solicitó reservar lo relativo al servicio de agua potable para personas pensionadas, adultos mayores y con discapacidad, para quedar de la siguiente manera: Las instituciones de beneficencia, los centros de atención social y los centros de rehabilitación de adicciones, con presupuesto restringido tendrán un descuento de hasta el 50% en relación con los importes que le corresponda pagar por consumos mensuales. La reserva no fue aprobada por mayoría de votos. La reserva no fue aprobada.

Para el municipio de Irapuato, la congresista Susana Bermúdez Cano presentó dos reservas. Una con la finalidad de hacer ajustes en materia de derechos por venta de agua residual y tratada para riego agrícola y modificar el costo por hectárea para pasar de 483.15 a 464.57; la otra, en materia de servicios de obra pública y desarrollo urbano para eliminar párrafos que aluden a una fracción inexistente. Sus propuestas fueron aprobadas.

En su participación, la diputada Angélica Casillas Martínez presentó una reserva en el municipio de San Francisco del Rincón sobre facilidades administrativas y estímulos fiscales en materia de servicios de asistencia para personas en situación vulnerable. Su propuesta fue avalada.

Al hacer uso de la voz, la congresista Karol Jared González Márquez presentó una reserva en el municipio de León sobre la tarifa de inmuebles para que se mantengan igual que en 2025, así como lo correspondiente al impuesto predial para reafirmar que no se avalaría un incremento sin justificación.

En ese sentido planteó que para el artículo 5 fracción I, inciso a), de los inmuebles cuyo valor se determinó o modificó a partir del 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2025, se deja un incremento del 4% conforme a los criterios aprobado por las Comisiones Unidas, debiendo ser impactado en la “cuota fija” y “tasa” y se incorporan 3 niveles, para enfatizar la estructura progresiva del Impuesto exclusivamente en los últimos rangos.

Mientras que, para la fracción II, inciso a) de los inmuebles cuyo valor se determinó o modificó a partir del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2020, se deja un incremento del 4% conforme a los criterios aprobado por las Comisiones Unidas, debiendo ser impactado en la “cuota fija” y “tasa” y se incorporan 3 niveles, para enfatizar la estructura progresiva del Impuesto, exclusivamente en los últimos rangos.

Su solicitud fue respaldada.

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez externó que se debe tener madurez política para entender que legislar no es lo mismo que gobernar, debido a que cuando se ponen obstáculos a las alcaldesas, alcaldes o cabildos, los únicos que salen perjudicados son la ciudadanía, quienes no tienen interés en el origen de los recursos para atender sus necesidades.

Añadió que cada vez que se impone un requisito innecesario para el ejercicio del gasto se condena a un municipio al subejercicio y a la ineficiencia, por lo que no es viable medir bajo el mismo parámetro al municipio más grande de la entidad con el de menor tamaño por las particularidades que existen en cada región o zona.

En rectificación de hechos, el diputado Antonio Chaurand Sorzano apuntó que había algunos aspectos que debían considerar y tenían que quedar claros como derechos de niñas, niños y adolescentes, a la salud, a la educación, aspectos que se deben legislar porque la ley no es recomendación, dijo, por lo que esas áreas que se deben atender y no dejar al libre arbitrio.

La reserva de González Márquez fue aprobada.

También en el municipio de León, el legislador David Martínez Mendizábal presentó dos modificaciones; una, con el objeto de insistir en el subsidio a personas vulnerables, expresó, en materia de agua potable. Se pronunció porque el servicio doméstico de agua sea accesible para todas las personas y no se vea como una mercancía o un factor de exclusión para personas en situación de vulnerabilidad; la otra, en materia de gratuidad de los servicios de sutura, inyección y curación que, apuntó, estaban en la anterior ley, y pidió se reincorporara. Las reservas no fueron aprobadas.

La congresista Rocío Cervantes Barba presentó una reserva en el municipio de San Miguel de Allende para adicionar un artículo 23 que establezca el cobro del derecho correspondiente a los derechos por la prestación de los servicios de protección civil, toda vez que el municipio propone nuevos costos que sí se encuentran debidamente justificados.

También pidió que se reservara el artículo 33 para establecer los cobros en materia de servicios de bibliotecas públicas y Casa de Cultura debido a que el municipio sí presenta de manera correcta la relación de costos de los servicios que se prestan en dichos servicios públicos. Ambas propuestas fueron respaldadas.

Finalmente, la legisladora Hades Berenice Aguilar Castillo planteó un cambio en la Ley de Ingresos del municipio de Salamanca para fortalecer los beneficios para los más necesitados e incrementar los descuentos a un 50% en temas de agua para personas adultas mayores, asilos de ancianos y centros de rehabilitación. Su reserva fue rechazada.

Otros asuntos

También se aprobó el informe de los conceptos generales de los estados financieros de los recursos presupuestales y de las transferencias y ajustes presupuestales del Poder Legislativo del Estado, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de octubre del año en curso.

Asuntos generales

La diputada María Eugenia García Oliveros habló sobre la importancia de las remesas en la entidad y apuntó que el flujo sostenido de esas es resultado de una red de flujo sólida. Añadió que cuidar a quienes no se olvidan de su gente y Estado era una tarea que se tiene que cumplir y merece una atención de primera con al menos una subsecretaría del Migrante donde se vea todo lo relacionado al sector.

Por su parte, el legislador Antonio Chaurand Sorzano felicitó a la administración municipal de Celaya por haber inaugurado el Memorial a las Personas Desaparecidas y no Localizadas denominado “Sembrando Esperanza”, que simboliza un ejemplo de la importancia que se brinda a los grupos de personas buscadoras.

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