Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, aprobaron en lo general por 328 votos a favor, 131 en contra, así como cinco abstenciones, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de la Ley General de Aguas, para establecer multas de más de 4.5 millones de pesos y hasta 8 años de prisión a quien ceda o transmita concesiones de agua, y a quien cambie el uso fijado en la concesión.
En la Ley General de Aguas se decreta la regulación de la captación de agua pluvial para uso personal y doméstico; y define las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en materia de acceso, disposición y saneamiento del agua.
Los diputados de mayoría avalaron reformar 124 artículos, adicionar 33 artículos y derogar 17 disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Se incorpora un catálogo específico de delitos relacionados con el uso indebido del agua.
Con los cambios, se impone una multa de 2 mil 160 (244 mil 382 pesos) a 30 mil (3 millones 394 mil 200 pesos) Unidades de Medida y Actualización (113.14 pesos) a quien cambie el uso del agua para el cual fue concesionada, o transmita los títulos de concesión o los permisos.
También para quien ceda, suministre o intercambie por pago en especie o proporcione de cualquier otra forma a terceros el agua para un uso distinto al cual fue concesionada.
Y “en caso de reincidencia, la multa se incrementará hasta en una tercera parte de los montos previstos, así como la revocación del título y la clausura definitiva”. Por lo que si la multa impuesta es la más alta, ascendería a 4 millones 525 mil 600 pesos.
Asimismo, impone de uno a ocho años de prisión y multa de 300 a tres mil Unidades de Medida y Actualización a quien solicite concesiones, asignaciones, prórrogas, permisos o el registro de títulos de concesión, asignación, permisos prórrogas para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales mediante el ofrecimiento o entrega de dádivas a la persona servidora pública facultada para autorizar dichos trámites.
La reforma a la Ley de Aguas Nacionales establece que “los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión”.
Se crea el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales controlado por la Conagua, que se conformará de los volúmenes siguientes: Los provenientes de la extinción de títulos de concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales; los que deriven de la cesión de volúmenes en favor de "la Autoridad del Agua"; los vinculados a la preferencia de derechos.
En el artículo 54, se estableció que las unidades y distritos de riego deben reportar a "la Autoridad del Agua", cada año, el volumen bruto extraído de cada fuente de aguas superficiales o subterráneas con fines de riego, el volumen de agua utilizada, la superficie total cultivada, los cultivos que se regaron y la producción obtenida de la superficie anual cultivada.
Diputados se confrontan por dictamen
En defensa del Dictamen, el diputado del PVEM, Jesús Martín Cuanalo, puntualizó que, en atención a los campesinos y productores, se lograron 54 modificaciones.
Destacó que la reforma termina con el acaparamiento y la extracción ilegal del agua, combate el uso indebido y la venta ilegal del recurso, impulsa el tratamiento de aguas residuales, garantiza el derecho sucesorio de la tierra y del agua, amplía plazos para la renovación de las concesiones, y no penaliza a quienes comentan desvíos de causes cuando se trate de uso agropecuario familiar o doméstico.
“Por supuesto que está iniciativa está a favor del campo, a favor de la producción agroalimentaria y sobre todo, a favor de garantizar la disponibilidad de agua para todas y para todos en la nación. Me refiero a las generaciones presentes y también a las futuras obedeciendo a la realidad actual. No comprendo porque sujetarse a un marco que no es realista y que protege a los grandes acaparadores del recurso”, declaró.
Por su parte, Xóchitl Zagal, de Morena, sostuvo que “hoy vamos a hacer historia y vamos a tener garantizado el derecho al agua potable y al saneamiento, eso es un triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum”,
En contraste, el diputado Paulo Gonzalo Martínez, del PAN, dijo que la reforma centraliza el agua, y aseguró que Morena busca controlar el agua y limitar su uso en el campo.
“Ustedes quieren robarse el agua y nosotros queremos que los productores del campo tengan más derecho. Esta reforma es peligrosa, es recaudatoria, es centralista, es dañina para millones de mexicanos. El agua no se negocia ni se regala, y mucho menos se deja en manos de los narcogobiernos corruptos de Morena”, sentenció.
Tras la aprobación del dictamen en lo general, se procedió al debate en lo particular.
