Videovigilancia donde se vendan bebidas alcohólicas, propone diputado Alejandro Arias

El diputado Alejandro Arias presentó una Iniciativa para que todo establecimiento con venta de bebidas alcohólicas cuente con videovigilancia permanente, un mecanismo de prevención de delitos que además podrá ser útil para el esclarecimiento de investigaciones administrativas, penales o de cualquier otra índole.

Su propuesta para reformar la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios también contempla que el sistema de videovigilancia debe ser permanente y cubrir el interior y exterior del local comercial, y la prohibición de borrar, alterar, ocultar o negar la entrega del material videograbado a la autoridad competente que lo requiera.

Estarían obligados a contar con cámaras de vigilancia todo establecimiento con venta y consumo de bebidas alcohólicas, resguardar grabaciones y ponerla a disposición de autoridades que las requirieran: restaurantes, bares, cantinas, discotecas, centros botaneros o de diversión, y cualquiera que sea su denominación.

Al exponer las motivaciones de su Iniciativa, el diputado comentó que hoy día son comunes en ese tipo de establecimientos ataques con armas de fuego de alto poder, “levantones” de personas, además de otros eventos como son riñas, robos y extorsiones sin que quede huella o rastro de la forma en que ocurrieron los hechos.

Para remarcar la importancia de que todo establecimiento con venta y consumo de bebidas embriagantes cuente con un sistema de videovigilancia permanente, comentó que este mecanismo “es vital para el combate a diversos delitos como es la extorsión que puede estar sufriendo dicho establecimiento o sus asistentes asiduos”.

La iniciativa contempla que el sistema de videovigilancia permanente deberá contar con una memoria de almacenamiento para por lo menos 60 días de grabación, material que podría ser útil para apoya investigaciones y esclarecer cualquier tipo de delitos.

También prevé otorgar a la Secretaría de Seguridad y Paz estatal, facultades de supervisión y, a los ayuntamientos, de supervisión y vigilancia, respectivamente, sobre la implementación y funcionamiento del sistema de videovigilancia con el fin de preservar la seguridad y la integridad de quienes asisten a lugares con venta y consumo de bebidas alcohólicas.