Sesiona el Pleno del Congreso

Este jueves, en sesión ordinaria, el Pleno del Congreso local aprobó el dictamen mediante el cual se desafecta del dominio público del Estado, la fracción de terreno fusionada e identificada como Rancho Crucitas Espuelas de FFCC-B del municipio de Salamanca, y se autoriza a la personas titular del Poder ejecutivo del Estado a enajenar el citado bien inmueble, mediante donación, en favor de la sociedad mercantil denominada Maza Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V. para que lo destine a la realización de actividades que propicien el desarrollo del Estado.

La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo habló en contra del dictamen, al señalar que era un robo lo que pretendían hacer al regalarle a una empresa patrimonio del pueblo, que el comodato que hicieron al principio era ilegal y que se iba a hacer la denuncia correspondiente.

Por su parte, al intervenir a favor, el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta indicó que los incentivos y apoyos que se diseñan desde el Estado son herramientas legítimas para poder promover y generar empleo, fortalecer la industria y la competitividad regional, además de que el beneficio económico y social es ampliamente superior al valor patrimonial que ha aportado la entidad.

En contra del dictamen, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor externó que se está a punto de regalar el patrimonio público de los guanajuatenses y que la empresa vinculada ya ha recibido apoyos por sumas importantes y que se está en contra de un acto que desde un principio se hizo fuera de la ley, siendo esquemas de arrendamiento o de compraventa lo más acorde a la normativa en la materia.

Por su parte, la legisladora María del Pilar Gómez Enríquez argumentó que cuando más se necesita proteger la inversión y fortalecer el empleo era indispensable actuar con coherencia, y que no se debía manejar el doble discurso como aplaudir desde el gobierno federal los incentivos al sector privado y al mismo tiempo cuestionar cuando el estado de Guanjuato impulsa medidas similares para conservar su desarrollo económico.

De igual manera, se aprobó el dictamen mediante el cual se ordena el archivo definitivo del punto de acuerdo que buscaba exhortar a la gobernadora del estado de Guanajuato, para que incluya al municipio de Irapuato entre aquellos municipios de intervención prioritaria en la estrategia de seguridad, así como en las acciones que despliegue el recién creado Escuadrón Antiextorsión.

El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor hizo uso de la tribuna para hablar en contra. Externó que Irapuato es la segunda ciudad con la percepción más insegura en todo el país con un 88.2% y que el mismo municipio se ha mantenido en los primeros 10 lugares a nivel nacional en materia de inseguridad.

Añadió que el desechar el acuerdo simboliza dejar atrás a una ciudad que necesita urgentemente una estrategia de seguridad efectiva y que lo único que se ha realizado en el tema se centra en un endeudamiento de más de 170 millones de pesos por la renta de vehículos que aún siguen sin estar en funcionamiento.

Finalmente, el legislador comentó que Irapuato también concentra el mayor número de personas desaparecidas en la entidad de abril a junio del presente año, lo que señaló como negativo el archivar la propuesta que busca tener un llamado respaldado por datos y la opinión de la ciudadanía para tener mejores condiciones de seguridad.

Mismo trámite tuvo la propuesta de dictamen mediante el cual se ordena el archivo definitivo de la solicitud de revocación de mandato de la presidenta municipal del Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, formulada por el ciudadano Ricardo Gómez Escalante.

Al hablar a favor del dictamen, el diputado Juan Carlos Romero Hicks indicó que la revocación de mandato constituye la decisión para la posibilidad de que un funcionario electo continúe o no en su cargo, además de ser un ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia.

El congresista mencionó que esa figura tiene un impacto político y jurídico, así como que en la parte técnica se debe basar todo en las pruebas presentadas y que al revisarse se emitió un juicio de valor que se relaciona con el incumplimiento satisfactorio por no demostrarse la presunción suficiente para la causal de revocación.

Finalmente, señaló que las pruebas deben ser idóneas y pertinentes, junto a que lo presentado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, basado en principios políticos y jurídicos, no era atendible.

Por su parte, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor dijo que el dictamen era la demostración de quedarse en la penumbra, que lo que se presentaba era una denuncia ciudadana que incomodaba al poder y se le cerraba la puerta, además de negarle la posibilidad de ser analizada.

Agregó que el dictamen protege a una presidenta de utilizar recursos públicos, manipular procesos internos y utilizar el aparato público para sus elecciones internas. Remarcó que votarían en contra porque aprobarlo era darle la espalda a las y los irapuatenses.

Turnos

Por otro lado, se turnaron a la Comisión de Hacienda y Fiscalización los informes de resultados formulados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato relativos a las revisiones practicadas a las cuentas públicas de la Fiscalía General del Estado y de la Universidad de Guanajuato, ambas correspondientes al ejercicio fiscal 2024.   

Mientras que la renuncia del ciudadano Francisco Antonio Alejandro Rocha Pedraza al cargo de Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato se remitió a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

Asuntos generales

El diputado Roberto Carlos Terán Ramos hizo uso de la voz para referirse a la conclusión de las manifestaciones de campesinos, las cuales dijo son un recordatorio profundo de lo que son, que su actividad sostiene a miles de familia, que enfrentan grandes retos y que el campo es el corazón que alimenta a México, que sus demandas es garantizar que tengan acceso al agua, al crédito, a la asistencia técnica y a un ingreso justo, ya que sin campo no hay futuro.

Por su parte, el congresista David Martínez Mendizábal habló sobre los precios de garantía del campo que, dijo, sean complejizado, que se determinan en la Bolsa de Chicago y que el mercado no tenía moral, ya que está sujeto a la oferta y la demanda. Agregó que hay acuerdos de globalización que impiden a los gobiernos establecer acciones unilaterales. Además, se refirió a que una llamada de Rubén Vázquez, que apoyó a Acción Nacional en campaña, bastó para desbloquear la carretera 57, por lo que instó al gobierno del estado a deslindarse del tema.

En su oportunidad, la legisladora Maribel Aguilar González hizo uso de la tribuna para referirse acerca de la aprobación de las propuestas relacionadas con la garantía por parte del Estado para que toda persona tenga derecho a una atención médica integral universal y gratuita, junto a que se establece que los cuidados paliativos formen parte del derecho a la salud, siendo ahora la tarea el buscar resultados concretos sin dejar a nadie atrás.

En su intervención, el congresista Sergio Alejandro Contreras Guerrero se refirió a la reciente recepción que se tendrá de las Leyes de Ingresos Municipales 2026 y al deber que tienen como personas diputadas de estar pendientes de su composición. En ese sentido, mencionó el caso de Silao de la Victoria, en lo relativo a la compra del terreno de la feria que, al parecer, dijo, no fue transparente y se adquirió por 80 millones de pesos y en un avalúo hecho por su persona el costo debió ser de 47 millones, por lo que mencionó se debe hacer una auditoría.

La diputada Ana María Esquivel Arrona señaló actos asociados con la discriminación por parte del titular del Fondo de Cultura Económica, que ha emitido palabras excluyentes y que son un reflejo de los prejuicios que han intentado reducir el papel de las mujeres en la cultura, literatura y en la vida pública, dejando claro que la cultura si no es inclusiva se convierte en privilegio.

En una segunda intervención, la legisladora Maribel Aguilar González también abordó lo relativo a los bloqueos por campesinos, los acuerdos alcanzados, la apertura para escucharlos y atender sus necesidades, así como los programas que hay en la materia. Remarcó que, por primera vez, se construye una política agroalimentaria integral con participación directa de los productores.

El diputado Aldo Iván Márquez Becerra manifestó que las personas agricultoras han dicho que lo peor que le ha pasado al campo mexicano es MORENA, debido a que se ha mostrado un abandono del campo, se eliminaron instrumentos financieros y se tuvo la desmantelación de programas presupuestales que representaban apoyos directos para los productores agrícolas, así como el registro de actos de corrupción y expectativas fallidas.

En rectificación de hechos, el diputado David Martínez Mendizábal apuntó que el declive del campo empezó cuando se favorecieron las grandes empresas, la privatización del ejido y el favorecimiento de las empresas intermediarias; el congresista Jorge Arturo Espadas Galván remarcó que lo peor que le ha pasado al campo es MORENA y lo dicen los propios campesinos.

El tema provocó un debate en el que intervinieron las personas diputadas José Salvador Tovar Vargas, Maribel Aguilar González, Víctor Manuel Zanella Huerta, Luis Ricardo Ferro Baeza y Rocío Cervantes Barba.

Finalmente, la congresista Sandra Alicia Pedroza Orozco destacó que en los últimos días México y Guanajuato han sido testigo de la fuerza del campo mexicano, donde miles de personas productoras han salido a las carreteras para ser escuchados y se reconozca el valor de su trabajo, donde tanto las autoridades federales y estatales han dejado de hacer cosas, así como que los acuerdos tomados en favor de la gente del campo se ejecuten y que los compromisos hechos se reflejen en el presupuesto.