Morena impone de madrugada la retroactividad en la Ley de Amparo de Sheinbaum pese a las críticas

La Cámara de Diputados ha aprobado de madrugada este miércoles ―en lo general y en lo particular― la reforma a la Ley de Amparo promovida por la presidenta, Claudia Sheinbaum, gracias a la mayoría aplanadora morenista y a sus aliados parlamentarios, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, pese a las acusaciones de “fraude” de la oposición. Morena ha sacado adelante la controvertida iniciativa con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones, y con cambios de calado de última hora que incluyen la reescritura de una polémica cláusula que la oposición califica de engaño para dar “retroactividad encubierta” al nuevo ordenamiento. En la práctica, los diputados han matizado o suavizado el artículo transitorio que había aprobado el Senado la semana anterior y que había levantado polvareda.

Los cambios de calado se produjeron, como en la Cámara Alta, a última hora. El oficialismo presentó una triada de modificaciones ―dos en el cuerpo del articulado, más el artículo transitorio― a través de las reservas al dictamen de las comisiones, en las que se aprobó prácticamente con la misma redacción que en su colegisladora, a excepción del transitorio. Las alteraciones volvieron a tocar el proyecto en su punto más esencial y han revivido en esencia lo que aprobó el Senado, es decir, la polémica cláusula de retroactividad introducida en el pleno por el senador morenista Manuel Huerta. El artículo transitorio había sido desechado por las comisiones del Senado y forzó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, que conminó a la Cámara baja, encargada de la revisión, a enmendar la redacción, contraria al artículo 14 de la Constitución.

Los diputados habían eliminado el transitorio durante el trabajo en comisiones, como habían adelantado días antes, y habían recuperado la redacción de la iniciativa de Sheinbaum, pero la maniobra fue solo un artilugio. La historia se repitió nuevamente en el pleno con una moción del diputado oficialista Hugo Eric Flores, quien presentó pasadas las dos de la mañana la última de las 307 propuestas de modificación al dictamen que se inscribieron con el fin de aplicar la reforma a las etapas siguientes de los juicios de amparo iniciados previamente.

“Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”, establece la modificación que ha tenido la defensa férrea de Morena. El cambio contrasta con la disposición de no retroactividad prevista en el dictamen que presentaron las comisiones de Justicia y de Hacienda, en el que se eliminaba por completo el fantasma de la retroactividad, y recupera la sugerencia que hizo el asesor jurídico de la presidenta Arturo Zaldívar, que busca aplicar la nueva norma a los actos nuevos de procesos ya puestos en marcha. La presidenta ha aprobado esta mañana la nueva redacción y se ha remitido a lo que expuso su consejero en la última mañanera a la que acudió. “Es prácticamente la misma propuesta que presentó aquí el ministro”, ha dicho, y ha rechazado que incurra en la retroactividad inconstitucional.

De acuerdo con algunos expertos, este galimatías abre la puerta a la interpretación para aplicar a voluntad la retroactividad, aunque el legislador que presentó la reserva rechaza que sea equiparable a lo que aprobó el Senado. “No es lo mismo, allá se hablaba de asuntos en trámite y esos tienen derechos adquiridos. Por eso quise dejarlo muy claro: ‘Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generan derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos’. Todo lo que ya se inició, sin retroactivo; lo nuevo ya es con esta nueva ley”, ha dicho. El cambio ha tenido el aval de la Consejería Jurídica de la presidencia. Los pesos pesados de Morena sostuvieron que habría cambios a la redacción “para quitarle lo barroco” a la propuesta y así evitar suspicacias e interpretaciones, pero el cambio ha pasado íntegro.

En las antípodas políticas, la oposición le ha puesto nombre y apellido a la voltereta que ha dado el oficialismo al proyecto. “Se trata de una chicanada legislativa”, se escuchó desde la bancada panista. Al cambio más importante le siguen dos más, “cosméticos”, ha dicho, Rubén Moreira, el coordinador de la bancada del PRI, que tienen que ver con el otorgamiento de permisos y concesiones y con la definición del interés social.

El debate siguió su curso, mientras el huracán que se avecinaba cobraba fuerza para llegar en la discusión de las reservas. El líder de Morena en la Cámara baja, Ricardo Monreal, ha defendido la constitucionalidad de la medida y ha sostenido que la principal motivación de la reforma son los miles de recursos de impugnación interpuestos por grandes despachos que defienden a gente poderosa. “Hacia ellos va orientada nuestra reforma, porque queremos que paguen lo justo para el erario, para la satisfacción de necesidades colectivas que la patria requiere. Y también para los lavadores de dinero, para los delincuentes de cuello blanco, para la delincuencia organizada”, deslizó.

Desde el opositor PAN, Germán Martínez calificó la reforma de “fraude parlamentario a la verdad y a la justicia con consecuencias internacionales”. “Ahora buscan ablandar la defensa de los derechos humanos. Acusar el interés legítimo y restringir el acceso a la suspensión del acto autoritario es una estafa”, dijo con dureza durante el debate general.

Desde el frente del PRI, Moreira ha sostenido que Morena recurrió a la trampa para regresar la retroactividad de la reforma. “Es de nueva cuenta la retroactividad de la ley con una trampa y creyendo que los juristas de este país y que los legisladores de oposición no se van a dar cuenta. El que tiene una suspensión ya ganada, en la revisión la va a perder; el que tiene algo ganado, en el futuro lo va a perder”, lanzó.

Finalmente, los legisladores de Movimiento Ciudadano, la tercera fuerza opositora, han denunciado, a través de una estructura que se asemeja a un termómetro y al que han bautizado como el abusómetro de Morena, que las decisiones del oficialismo buscan limitar derechos y dejar en la indefensión a futuras generaciones ante cualquier abuso de autoridades. La argumentación de fondo, tanto en la oposición como entre los expertos, es que la reforma se amolda a las necesidades de la autoridad y no del ciudadano, al que desplaza del centro.

Las audiencias públicas convocadas por sendas Cámaras, de mayoría oficialista, para escuchar esas preocupaciones, no le han ahorrado al partido en el poder las acusaciones de autoritarismo. La apisonadora morenista a veces adopta la forma de técnicas poco transparentes, como la de las reservas a los dictámenes, que son discutidos y votados con una redacción solo para ser modificados a última hora con apéndices que no estaban contemplados en los textos sometidos a la discusión previa, más pausada. Los especialistas consiguieron arañar algunos cambios en los foros que convocó el Senado, aunque no los suficientes como para satisfacer sus demandas o ahuyentar sus mayores temores. Los foros de la Cámara Baja no han tenido ninguna consecuencia real, pues el objetivo de la reforma es claro y el oficialismo no va a renunciar a ningún punto que lo aleje de él.

Sheinbaum necesita encontrar nuevas fuentes de recaudación que le permitan mantener a flote los programas sociales que vertebran su proyecto político sin implementar una reforma fiscal de la que reniega. Hay dos billones de pesos atorados en los tribunales por unos 200.000 créditos fiscales impugnados. Esta reforma busca poner fin a las técnicas dilatorias que han llevado a ese atoramiento. La presidenta lo ha explicitado en cada conferencia mañanera y esta tarde le ha sido devuelto en forma de reproche desde la bancada del PRI. “Es una reforma fiscal encubierta en una reforma de amparo para hacer que se incremente la hacienda pública debido al gran boquete financiero heredado del pasado sexenio. Eso no es para afectar a los poderosos, es para afectar a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país”, ha espetado Abramo Masso. La Cámara de Diputados imprimió este martes su sello a la reforma, que le será devuelta al Senado para su aprobación final. El oficialismo se devuelve la pelota internamente y continúa autoenmendándose la plana con cada paso.