Durante la mañanera de este lunes 1 de diciembre, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, volvió al tema de la violencia en Guanajuato con una dureza inusitada: “Tuvieron un fiscal durante muchos años que hizo mucho daño, la verdad, a Guanajuato”, declaró al ser cuestionada sobre la marcada diferencia en seguridad con Querétaro.
Con ello, la mandataria federal señaló directamente al diseño institucional y al exfiscal Carlos Zamarripa Aguirre como principal responsables de la crisis de violencia, además de revisar la responsabilidad compartida de fuerzas criminales que operan en la entidad.
Sheinbaum aclaró que un análisis más profundo quedará en manos del gabinete de seguridad, aunque deslizó fuertemente que la “configuración institucional” en Guanajuato y la “pugna de grupos delictivos” explican buena parte del deterioro.
Zamarripa Aguirre fue fiscal de Guanajuato durante casi 15–16 años, un periodo que coincide con uno de los ciclos más violentos en la historia del estado, con más de 20 mil homicidios dolosos a cuestas, severa impunidad y crecimiento de todo tipo de delitos, como extorsión, robos y lo peor: miles de personas desaparecidas.
Para Sheinbaum, su prolongado mandato —sin resultados en reducción de homicidios ni en combate al crimen organizado— representa una “herida institucional” en Guanajuato. “La permanencia por más de 10 años… hizo mucho daño al estado”, señaló con dureza.
La presidenta no fue complaciente: apuntó que ese legado de impunidad y ausencia de justicia estructural es una de las razones por las cuales Guanajuato se quedó atrapado en una espiral de violencia, una que no ha logrado revertirse incluso con la renuncia de Zamarripa.
Sheinbaum enfatizó que la violencia en Guanajuato no se explica únicamente por la presencia del crimen organizado, sino por la combinación entre esa criminalidad y las fallas graves en el diseño institucional de seguridad: una Fiscalía que duró demasiados años sin cambios significativos, sin rendición de cuentas, sin verdadera reacción. Al comparar con Querétaro —gobernado por el mismo partido y con realidades políticas similares—, la presidenta no dudó en señalar que la diferencia de resultados se explica más por esas variables institucionales y delictivas específicas de Guanajuato, que por la voluntad política de partidos.
Con ello, dejó claro un mensaje directo al poder local: no basta con cambios superficiales, se requiere una reconstrucción profunda de mecanismos de procuración de justicia y un replanteamiento del combate al crimen desde sus raíces.
La presidenta aseguró que su administración federal brindará apoyo a todas las entidades por igual, pero que no puede ignorar las particularidades locales. “Ahora estamos apoyando a todos los estados de la República, pero cada entidad tiene sus características”, explicó.
Asimismo, Sheinbaum insistió en la urgencia de un proceso de “transformación profunda” dentro de la Fiscalía estatal —una institución cuya identidad y eficiencia, dijo, deben renovarse para recuperar la confianza ciudadana. Aunque la acusación recae fuertemente sobre Zamarripa, la mandataria dejó claro que se evaluará más allá de nombres: lo que está en juego es la reconstrucción del Estado de Derecho en uno de los territorios más castigados por la violencia.
Finalmente, adelantó que el gabinete de seguridad hará un análisis integral de la situación en Guanajuato para presentar, en su momento, una estrategia renovada que atienda tanto los factores estructurales como los criminales que han sumido al estado en una escalada de homicidios.
Con sus declaraciones, Claudia Sheinbaum no solo reclama responsabilidades al pasado —cuando la impunidad, la negligencia o la complicidad institucional fueron históricas—, sino que lanza una advertencia política: el pacto de seguridad ya no será el mismo.
Al poner en el centro de la crisis de violencia al “fiscal eterno” de Guanajuato y a los errores estructurales que lo sostuvieron, la presidenta impulsa un cambio profundo de paradigma: ya no se puede reconstruir la seguridad sobre las cenizas del viejo modelo.
Este señalamiento, duro e inédito, no sólo pone en jaque la narrativa local: coloca la seguridad de Guanajuato como prioridad nacional, y exige resultados concretos más allá de renuncias simbólicas.
