La Casa Blanca utiliza el cierre del gobierno para castigar a los enemigos políticos

El gobierno de Donald Trump tomó medidas el miércoles para maximizar el daño del cierre del gobierno, al detener miles de millones de dólares en fondos para los estados liderados por los demócratas mientras preparaba un plan para despedir potencialmente a una multitud de funcionarios públicos de manera inminente.

Las medidas de la Casa Blanca parecieron a la vez sin precedentes y punitivas, lo que subrayó los riesgos de un estancamiento fiscal que no tenía fin a la vista. También evidenció cómo el presidente Trump podría intentar aprovechar el cierre gubernamental para lograr sus objetivos, recortar el presupuesto y vengarse de sus enemigos políticos.

En una serie de publicaciones en las redes sociales, Russell T. Vought, el director de presupuesto de la Casa Blanca, dijo que el gobierno había pausado o cancelado la entrega de unos 26.000 millones de dólares en fondos previamente aprobados en una serie de programas, y describió el dinero como un desperdicio o que necesitaba una revisión más profunda.

El momento no parecía una mera coincidencia, como tampoco lo eran las elecciones de Vought. Este dijo que el gobierno ponía fin a un pedazo de fondos, por un total de alrededor de 8 mil millones de dólares, porque se trataba de “financiación de la Nueva Estafa Verde para alimentar la agenda climática de la izquierda”, una medida que afectaba proyectos en 16 estados, la mayoría de los cuales están dirigidos por demócratas.

En un segundo caso, el gobierno de Trump puso en pausa unos 18.000 millones de dólares en financiación de infraestructuras aprobada para dos grandes proyectos de transporte, principalmente en la ciudad de Nueva York, cuya delegación estatal incluye al senador Chuck Schumer, líder demócrata, y al representante Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara de Representantes. Los dos hombres han sido blanco frecuente de los ataques personales de Trump, y el Departamento de Transporte dijo que el dinero se retendría a la espera de una nueva revisión.

Las maniobras presupuestarias de Vought marcaron un intento de formalizar la amenaza de Trump del día anterior, cuando describió un cierre como una “buena” oportunidad para recortar agencias federales, programas y beneficios que desaprueba, de maneras que perjudicarían a los demócratas. Dijo en ese momento que podría incluir otra ronda de despidos masivos dirigidos a “muchos” trabajadores del gobierno.

El miércoles, esos recortes parecían inminentes. En una conversación privada con los republicanos de la Cámara de Representantes, Vought dijo que los despidos, conocidos como reducción de plantilla, podrían entrar en vigor en uno o dos días, según un miembro de la llamada.

Más tarde, el vicepresidente JD Vance se hizo eco de la necesidad de los despidos en una reunión informativa en la Casa Blanca, y afirmó que los despidos preservarían “servicios esenciales”, a pesar de que tales recortes no han sido necesarios en anteriores ocasiones en las que el gobierno tuvo que detener sus operaciones.

En conjunto, las acciones del gobierno pusieron de manifiesto los riesgos y las consecuencias de un estancamiento fiscal prolongado bajo Trump. Con una visión expansiva del poder ejecutivo, el presidente no ha escatimado oportunidades en su segundo mandato para cerrar agencias, reducir la fuerza de trabajo federal y reconfigurar el presupuesto, con tácticas agresivas que han puesto a prueba a los tribunales y, a veces, han desafiado al Congreso.

El cierre se inició a medianoche, al comienzo del nuevo año fiscal, después de que demócratas y republicanos no lograran alcanzar una tregua a corto plazo. Los líderes del Partido Republicano trataron de ampliar los niveles de financiación existentes hasta noviembre, pero los demócratas en el Senado rechazaron ese enfoque, en parte porque no preservaba un conjunto de subsidios a punto de expirar que ayudan a millones de estadounidenses a pagar su seguro médico.

Como resultado, muchos empleados federales se encuentran suspendidos sin pago, mientras que otros, incluidos los miembros del servicio militar y los controladores de equipaje de los aeropuertos, se ven obligados a presentarse a trabajar sin sueldo. Aunque estos empleados acabarán recuperando su salario, no hay indicios claros de cuándo ocurrirá. También se han interrumpido o reducido considerablemente decenas de servicios públicos esenciales.

Cuanto más se prolongue el enfrentamiento, mayores serán las posibilidades de que las familias estadounidenses, las empresas y la economía en general sufran daños financieros, una realidad que los líderes de ambos partidos reconocieron el miércoles. Aun así, seguían lejos de una resolución, mientras que los principales asesores de Trump desplegaron las formas en que podrían aprovechar el estancamiento para sus propios fines.

Horas después de que Vought se comprometiera a revocar parte de la financiación relacionada con el clima, el Departamento de Energía ofreció escasos detalles sobre sus recortes. La agencia dijo que había rescindido 321 adjudicaciones para más de 223 proyectos, con el alegato de que las inversiones no “avanzaban las necesidades energéticas de la nación” y no eran “económicamente viables”.

Pero los funcionarios no detallaron la lista completa de iniciativas afectadas, y ni el Departamento de Energía ni la Casa Blanca respondieron a las peticiones de más detalles. En un comunicado, la agencia señaló que los beneficiarios afectados podían interponer una apelación.

El Departamento de Transporte, que paralizó la entrega de unos 18.000 millones de dólares en dinero para infraestructuras que beneficiaban a Nueva York, dijo que revisaría esas subvenciones para comprobar si cumplen las directrices de Trump sobre diversidad, equidad e inclusión.

Al hacerlo, sin embargo, pareció disipar cualquier ilusión sobre las implicaciones políticas de su decisión. La agencia afirmó que tuvo que suspender a personal que revisaba proyectos de infraestructura “gracias” a Schumer y Jeffries, mientras culpaba a los demócratas por el cierre.

“Sin presupuesto, el departamento se ha visto obligado a suspender al personal de derechos civiles responsable de llevar a cabo esta revisión”, dijo en un comunicado.

En respuesta, los líderes demócratas denunciaron enérgicamente el miércoles a la Casa Blanca y su gestión del lapso en la financiación federal, incluida su decisión de interferir con el dinero aprobado para ciudades y estados.

La senadora Patty Murray, demócrata por Washington, quien lidera a su partido en el Comité de Asignaciones, dijo que las acciones mostraban cómo Trump y Vought “usaban alegremente el cierre que han causado como pretexto para infligir aún más molestias”.

“El pueblo estadounidense merece algo mucho mejor que un presidente y un gobierno que tratan a sus familias y sus medios de vida como peones en una especie de juego político enfermo”, dijo Murray en un comunicado.

La Casa Blanca no se doblegó y siguió adelante con su estrategia de convertir el cierre en un arma.

Poco después del cierre de la financiación gubernamental, el gobierno de Trump suspendió todas las emisiones de noticias de Voice of America y despidió temporalmente a todos sus periodistas, una ruptura con la práctica habitual en casos de falta de financiación. El cierre se produjo dos días después de que un juez reincorporara a unos 500 empleados de la emisora.

La Casa Blanca también sentó las bases para cumplir las amenazas del presidente de despedir a más empleados públicos. En una llamada con legisladores republicanos, Vought dijo que el cierre ofrecía la oportunidad de destituir a funcionarios que trabajan en programas que no están alineados con la agenda política del presidente, según el miembro que asistió a la reunión telefónica.

En una señal de que el proceso estaba muy avanzado, funcionarios de Trump dieron instrucciones el miércoles a los empleados del Departamento de Interior para que se llevaran a casa sus dispositivos gubernamentales para recibir cualquier información sobre despidos masivos, según correos electrónicos internos revisados por The New York Times.

No está claro cuántos empleados podrían ser cesados en el departamento, que incluye el Servicio de Parques Nacionales y la Oficina de Administración de Tierras. Pero el presupuesto propuesto por Trump para el próximo año fiscal prevé un recorte del 30 por ciento del presupuesto de la agencia, que ya ha perdido miles de empleados desde enero.

En general, ya se espera que el Gobierno emplee en diciembre a 300.000 trabajadores menos que en enero. El descenso sustancial refleja una serie de despidos, ceses y renuncias inducidas que se remontan al inicio del mandato presidencial, y la labor de la campaña de recorte de costos orquestada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Ante el temor de reducciones generalizadas de plantilla, un grupo de sindicatos que representan a los trabajadores federales demandó preventivamente al gobierno de Trump esta semana, alegando que no tenía autoridad legal para llevar a cabo despidos masivos al amparo de un cierre. El caso está pendiente en un tribunal federal de California.

Sin embargo, públicamente, los asesores de Trump insistieron en que no habían politizado la interrupción de la financiación. En una rueda de prensa el miércoles, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, sostuvo que los despidos, en particular, eran necesarios debido a las realidades del presupuesto.

“El cierre del Gobierno tiene consecuencias desafortunadas”, dijo.

Annie Karni, Minho Kim y Maxine Joselow colaboraron con reportería.

Tony Romm es un reportero que cubre política económica y el gobierno de Donald Trump para el Times. Radica en Washington.