Profundizan sobre iniciativa que busca destinar recursos a proyectos de desarrollo social y humano y seguridad

Convocada por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma, formulada por la gobernadora del estado, para modificar la Ley de Hacienda estatal, a fin de fortalecer la confianza ciudadana en la gestión pública.

Con esas reformas se busca establecer que los ingresos que se obtengan por la recaudación del impuesto sobre nóminas se destinará el equivalente al 0.2% de la tasa de dicho impuesto para la creación y funcionamiento de un proyecto de inversión con fines de desarrollo social y humanos.

Asimismo, de los ingresos que se obtengan por la recaudación del impuesto sobre nóminas a que se hace referencia, se destinará el equivalente al 0.1% de la tasa de dicho impuesto para la realización de proyectos de inversión relacionados con el fortalecimiento de la seguridad pública.

Vicente Vázquez Bustos de la Consejería Jurídica manifestó que la propuesta se consideraba viable, toda vez que no implica la creación ni aumento de impuestos, y permite mantener el destino del recurso, respetando el espíritu original de responsabilidad social compartida que ha distinguido a nuestra entidad.

Agregó que mantiene además el objeto al cual se destinarán los recursos para la creación y funcionamiento de proyectos de inversión con fines de desarrollo social y humano, así como para inversión de proyectos de seguridad pública, relacionados con la prevención social de la violencia.

Se comentó que los consejos coordinadores empresariales de León, Salamanca y Celaya respaldaron la iniciativa al considerar que consolida un modelo innovador y solidario para atender a los grupos más vulnerables en el estado y fortalecer la seguridad pública mediante la aplicación del 0.3% de la tasa recaudada del impuesto sobre nómina precisando su destino en beneficio de la sociedad guanajuatense.

Por su parte, Ana Belén Mercado Calderón, presidenta de la Coordinadora Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil, externó que la propuesta se puso en consulta a las más de 100 organizaciones que integran la COSOC, y entre las observaciones señaló se encuentran la tasa comentó es del 0.3% y no del 0.2%; que la redacción del artículo 17-A y del transitorio generan confusión entre las organizaciones; no se encuentra justificación a la presunta reducción de la tasa, por lo que es necesario que se mantenga el porcentaje;  que se busquen los mecanismos para elevarlo a rango constitucional; definir las características del proyecto de inversión con fines de carácter social y humanos; que haya transparencia y los recursos lleguen a quienes más lo necesiten.

En su participación, Gerardo Trujillo Flores titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas argumentó que el 0.3% se mantiene en la norma, y se divide 0.2% en el proyecto de desarrollo social “Tocando Corazones”; y el 0.1% se destinaría al tema de seguridad que está especificado en el transitorio, por lo que no hay modificación en tasa.

El diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero refirió que la propuesta es importante porque pone claridad en temas que se han mediatizado y con esto se busca dar una solución a la participación de la sociedad civil que coadyuvan en resolver grandes problemas de rezagos sociales y circunstancias de grupo sociales, sin embargo, dijo, la iniciativa genera duda respecto el 0.1% porque no se sabe si es a opinión de la Secretaría de Seguridad o lo va a ejercer la Secretaría del Nuevo Comienzo, por lo que se debería clarificar.

En su oportunidad, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor coincidió con las observaciones de la COSOC al indicar que no se clarifica la operación del 0.1%, por lo que consideró que era fundamental que se precise el destino de este, de no aclararse, afectaría la transparencia y eficacia del gasto público, dijo.

Mientras que el legislador Rodrigo González Zaragoza apuntó que se tenía que afinar la sintaxis y clarificar para que no existan ambigüedades a la hora de distribuir los apoyos, y que era importante que la columna vertebral sea la participación social.

En su intervención, el diputado David Martínez Mendizábal celebró el encuentro con los organismos de la sociedad civil, que son apartidistas, y por ello la importancia de que se emita su voz. Indicó que ese dinero no es del empresariado ni del gobierno, sino producto del trabajo de la gente, es decir, comunitario, y finalmente coincidió en la necesidad de que se clarifique el destino y mecanismos del 0.1%.

La legisladora María del Pilar Gómez Enríquez agradeció la presencia de los participantes y se pronunció por que se adecue la redacción para dar claridad y todo esté dirigido en beneficio de las y los guanajuatenses.

Por su parte, la congresista Karol Jared González Márquez resaltó lo valioso de la escucha permanente y que derivado de ello se hace la iniciativa por parte de la gobernadora del estado. Pidió que se pudiera elaborar una propuesta de cómo debe quedar la redacción para que se entienda el destino del 0.1%, ya que dijo que estos proyectos son el verdadero antídoto para prevenir.

En su oportunidad, la diputada Susana Bermúdez Cano habló del antecedente que ya existe en la norma e indicó que, en específico, el 0.1% se señala claramente hacia dónde estará dirigido y en los transitorios se establece quién será el responsable de ejecutar los recursos.

Agregó que es una iniciativa bondadosa que viene a dar claridad a un objetivo claro, el fortalecimiento social y humano, que seguro marcará un antes y después, además de que se clarificará la corresponsabilidad empresarial.

La legisladora María Isabel Ortiz Mantilla enfatizó la labor que realizan las asociaciones de la sociedad civil, y subrayó que es importante reconocer el por qué están reunidos, que es ver cómo trabajar para atender y combatir la pobreza, la vulnerabilidad en todos sus aspectos y llevar a un buen puerto lo que se está realizando. Resaltó que es un modelo que no existe en otras partes del país y que es un buen cimiento para contribuir y disminuir la vulnerabilidad.

Propuso que el 0.1% se vaya a la recomposición del tejido social y se pueda hacer un manejo similar, ya que el trabajar de manera preventiva se vuelve clave.

El diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero argumentó que está claro el destino, pero no el proceso, por lo que es necesario que se establezca de manera puntual para tener un dictamen favorable. También, dijo, se debe fortalecer el tema preventivo porque actualmente está descuidado

Ana Belén Mercado Calderón resaltó que es importante realizar esas aclaraciones porque la forma en la que está redactada genera algunas complicaciones, y eso va a ayudar para que las organizaciones que se dedican a la disminución de la violencia puedan realizar proyectos en la materia.

En su intervención, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor señaló que no se puede decir que se va a subsanar, porque eso ya pasó con el tema de FIDESSEG, por lo que si no se da una precisión cualquiera va a incidir en la toma de decisiones.

Finalmente, el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta subrayó que cuando se habla de algo tan importante como reducir las desigualdades en la sociedad y como a través de la sociedad organizada se ayuda a esos sectores se va más allá del porcentaje, es ver cómo garantizar la seguridad e integridad de la población por medio de proyectos que fortalezcan la seguridad pública.

Resaltó el compromiso y la palabra de la gobernadora de poder atender desde un ordenamiento legal el tema, un nuevo modelo con varios elementos entre ellos transparencia, eficiencia y la alianza entre sociedad y gobierno.

Finalmente, afirmó que esa alianza va a confirmar lo que se está haciendo en la entidad, hay claridad en que no hay disminución de los recursos sino corresponsabilidad social de atender las causas de la gente y eso los va a poder llevar a fortalecer el tejido social de Guanajuato.

En los trabajos de la mesa estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano, María Isabel Ortiz Mantilla, Karol Jared González Márquez, María del Pilar Gómez Enríquez y María Eugenia García Oliveros; así como los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, David Martínez Mendizábal, Sergio Alejandro Contreras Guerrero y Rodrigo González Zaragoza.

Además, asistieron Vicente Vázquez y Abril Villegas de la Consejería Jurídica; Ana Belén Mercado Calderón, presidenta de la Coordinadora Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil; Gema Guadalupe Arias Gutiérrez, coordinadora regional de la Región Occidente y Halil Aragón Martínez, coordinadora regional de la Región Norte-Noreste de la COSOC; Gerardo Trujillo de la Unidad de Estudios de las Fianzas Públicas y personas asesoras parlamentarias.