Salinas Pliego se queda sin opciones para eludir el cobro de sus deudas con Hacienda

La Suprema Corte ha asestado un golpe casi definitivo a Ricardo Salinas Pliego, que enfrenta el pago de un crédito fiscal firme de cerca de 50.000 millones de pesos: el monto que dejan los siete recursos que el empresario ha perdido este jueves en el Alto Tribunal, su última opción. Aunque el adeudo inicial ascendía a algo menos de 36.000 millones, los sucesivos recursos a los litigios que fue perdiendo en las instancias anteriores, que han añadido recargos por retraso en el pago, han hecho crecer la millonaria cifra en una cuantía significativa. El horizonte que se proyecta ahora no es halagüeño para el magnate, que va a tener extremadamente complicado eludir el desembolso. La reforma al recurso de amparo aprobada por el Congreso hace un mes escaso apuntaba hacia una posible dedicatoria para el quinto hombre más rico de México, al que semanas después ha dejado sin apenas opciones.

Tras el vaivén técnico que suscitó en su día el debate sobre la modificación de esta figura ―planteada para cercar a los grandes deudores como Salinas Pliego―, la redacción que quedó en las diferentes leyes impacta de lleno en su proceso. Por un lado, el Legislativo estableció que es improcedente el recurso de amparo contra actos administrativos que exijan el pago de créditos fiscales firmes y eliminó la posibilidad de solicitar la prescripción de un crédito definitivo. Por otro, incluyó una cláusula de retroactividad parcial que permitía aplicar la reforma a casos ya abiertos que entraran en una fase nueva del proceso: una forma de no renunciar al cobro expedito de los créditos que están actualmente en litigio, que ascienden a dos billones en total y se encuentran en diferentes instancias.

En la etapa de ejecución que encara ahora el empresario ya no cabe plantear recursos para cada momento del procedimiento, como ocurría antes, sino un único recurso final que aglutine todas las impugnaciones intermedias, una forma de simplificar y acortar la duración de los litigios. “Puede promover un único amparo antes del remate de los bienes, es decir, ya hubo el requerimiento de cobro, se evaluaron los bienes, las acciones, las empresas y antes del remate es cuando procede el amparo. Pero estamos hablando de que ya es a punto de que el señor Salinas pierda todo”, desarrolla Jaime Cárdenas, jurista e investigador de la UNAM. También en ese escenario pensó el legislador al modificar la ley, en la que fijó un plazo máximo de 90 días naturales para que el tribunal falle desde que se ha producido la audiencia. Como mucho, el proceso se dilatará tres meses en cada instancia.

“La situación de las empresas de Salinas Pliego es muy comprometida. Lo que ocurrió hoy en la Corte era determinante. Todo indica que, jurídicamente, en un plazo máximo de un año va a estar resuelto”, vaticina el experto. “Los caminos que quedaban fueron cerrados por la reforma de octubre”, coincide Patricia López, especialista fiscal de la UNAM: “Antes podía solicitar la extinción del crédito por prescripción o ir en contra de la ejecución, pero las dos puertas han quedado cerradas”.

El magnate se enfrenta a dos caminos: aceptar la derrota contra el servicio tributario (SAT) y pagar el crédito que la dependencia estipuló, más los recargos; o exponerse al posible embargo de sus bienes. Salinas Pliego, de momento, ha anunciado que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues los canales nacionales se han agotado para él, pero este tampoco le ofrece un horizonte mejor. El magnate tendría que presentar primero su caso a la Comisión Interamericana, que es la que, en caso de aceptarlo, lo llevaría hasta la Corte. Este tribunal se encarga usualmente de resolver cuestiones relativas a las “realidades latinoamericanas”, dice el jurista, y enumera: “Desapariciones, tortura, violaciones a pueblos originarios, protección del medio ambiente...”. La materia fiscal tiene un encaje complicado, solo existe una pequeña rendija si se argumenta como una falta al debido proceso, explica el abogado, y la fiscalista agrega: “La Corte se ha limitado bastante en lo relativo a los derechos económicos que tienen que ver con personas morales y no con humanos”.

Incluso resultando en una resolución favorable para el empresario, no habría un resultado a la vista hasta prácticamente una década después, lejos del rápido proceso de ejecución que tiene previsto el SAT, y sin un impacto real sobre él. “Bajo la ley mexicana, la ejecución se dará y no la detendría ninguna otra corte ni ningún otro tribunal supranacional”, concuerda con Cárdenas José Antonio Quesada, consejero financiero y exfuncionario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De proceder con el cobro, el economista considera que el impacto sobre las empresas del Grupo Salinas será “inmenso”. “El cálculo de la destrucción no equivale exactamente al monto de los 50.000 millones, sino a toda la secuela que va a haber dentro de este grupo en cuanto a las consecuencias de la evaluación” de las acciones del conglomerado, explica el experto. “La cuestión no son solo los activos del día de hoy, sino las valoraciones que estos tienen para el futuro. Va a haber una caída en las empresas para las que ya no hay una perspectiva de mediano o largo plazo”, vaticina.

Los tres Poderes del Estado han ido cerrando el cerco sobre Salinas Pliego en los últimos meses: el Gobierno con la persecución de las deudas, el Congreso con la aprobación de la reforma al amparo y el Judicial con el acelerón para resolver unos pleitos que se arrastraban desde años atrás y que abarcaban ejercicios fiscales de entre 2008 y 2013, hace más de una década. Ahora las opciones son limitadas para un empresario cuya riqueza está valorada en 7.440 millones de dólares, unos 136.000 millones de pesos, al cambio actual, según la lista elaborada por Bloomberg.

La rapidez con la que el servicio tributario proceda al cobro dependerá en buena medida de lo que tarde en hacer el cálculo final de los créditos solicitados con los recargos incluidos, para lo que no hay un plazo claro. Entonces la bola empezará a andar. Al mismo tiempo, hay otra formándose al norte del Río Bravo, en un tribunal de Nueva York. Sus acreedores estadounidenses le reclaman el pago de una deuda de 400 millones de dólares, que ya ha ascendido a 580 millones por los retrasos. El juicio ha avanzado esta semana y no tiene visos de acabar rápido ni de forma favorable para el empresario. Los pleitos de la última década se están agolpando a las puertas de Salinas Pliego, que deberá darles salida con la llegada del nuevo año.