Aprueban reformas para ampliar la protección jurídica de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas

En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso local aprobó reformas a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato con el objeto de ampliar el espectro de protección jurídica de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Entre los aspectos relevantes de las reformas se precisa que serán invitados permanentes al Consejo Estatal Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato las personas titulares de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Secretaría de la Honestidad

Además, se indica que cada integrante del Consejo Estatal podrá designar un suplente, quien deberá contar con conocimientos en la materia. Las personas titulares de las dependencias que forman parte del Consejo deberán asistir por lo menos al cincuenta por ciento de las sesiones ordinarias del mismo.

Se subraya que el Consejo Estatal sesionará ordinariamente de manera bimestral y extraordinariamente cuando así lo convoque su presidencia o lo solicite la mayoría de sus integrantes.

Se establece que la presidencia del Consejo Estatal convocará a las sesiones a las autoridades estatales y municipales que deban dar cumplimiento o colaborar en la ejecución de las acciones y medidas establecidas en la ley, cuya asistencia será obligatoria y tendrán derecho a voz.

Se incluyen como atribuciones y obligaciones del Consejo el emitir pronunciamientos o exhortos para advertir, señalar y atender situaciones en que existan riesgos para la libertad de expresión, la actividad periodística, así como la integridad y seguridad de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos.

De igual manera, dar seguimiento a las denuncias y querellas presentadas ante el Ministerio Público, así como a las quejas interpuestas ante los organismos de derechos humanos por periodistas y personas defensoras de derechos humanos, cuando sean referentes a daños o agresiones sufridas en el marco o con motivo de su actividad.

Entre los supuestos para que se acredite una agresión se incluye que cuando una persona servidora pública utilice recursos públicos o se valga de su posición o atribuciones para causar un daño o amenazar con causarlo a periodistas y/o a personas defensoras de derechos humanos.

Además, se fortalecen los principios rectores al incluir la inmediatez, legalidad, pro personas, consentimiento y objetividad.

Al hacer uso de la voz, la diputada Ana María Esquivel Arrona mencionó que en México ejercer el periodismo o la defensa de los derechos humanos es un acto que requiere gran valentía y compromiso, toda vez que detrás de cada investigación periodística que denuncia o exige justicia, están mujeres y hombres que han hecho de la búsqueda de la verdad su profesión y del mismo modo quienes defienden los derechos representan la fuerza de personas que claman por igualdad y no discriminación.

Asimismo, la legisladora precisó que el propósito central la incorporación de la persona titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la persona titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas al Consejo Estatal de Protección; que el Consejo emita pronunciamientos o exhortos para atender situaciones de riesgo, además de dar seguimiento efectivo a las denuncias presentadas ante el Ministerio Público; y  el fortalecimiento de las medidas preventivas mediante la capacitación y formación permanente de las y los servidores públicos en materia de derechos humanos.

En su intervención, la congresista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia expresó que se reconoce una verdad dolorosa e ineludible por ser en Guanajuato el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos en una actividad de alto riesgo, aunado a que ambos colectivos son pilares para tener un Estado constitucional de Derecho y de la vida democrática por ampliar el marco jurídico en favor de la protección de la vida e integridad de dichos grupos de la sociedad.

Agregó que la modificación planteada representa una garantía de acceso a la justicia para quienes por ejercer su labor son atacados o intimidados, junto a ser una respuesta al contexto de violencia y riesgo en el que se resguardan a sus familiares o colaboradores y se protegen derechos colectivos como lo es el acceso a la información y los contrapesos y vigilancia ciudadana.

Finalmente, la diputada Plásida Calzada Velázquez indicó que los tratados internacionales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen un catálogo de derechos de libertad los cuales se traducen en permisos para realizar diversas acciones en los que se encuentra el derecho a respetar la expresión de opiniones, así como que los Estados tienen la responsabilidad y el deber para garantizar la protección de toda persona frente a cualquier tipo de amenaza.

El dictamen fue aprobado por unanimidad.