Sheinbaum abraza el combate a la corrupción y la seguridad como banderas de su primer año de mandato

Los casos de corrupción están dominando la agenda mexicana. Son un reguero de escándalos que golpean varias zonas sensibles con derivadas aún difíciles de prever. De una megatrama de contrabando de combustible incrustada en las altas esferas de la Marina; al jefe de policía del Estado de Tabasco, nombrado por uno de los hombres fuertes del Gobierno cuando era gobernador, acusado de ser el cabecilla local de una de las grandes mafias del crimen organizado; hasta el último zarpazo de Estados Unidos contra el Cartel de Sinaloa, estrangulando una red millonaria de blanqueo en el norte del país conformada por empresarios y políticos, entre ellas una diputada de Morena, el partido en el poder. Con la siempre turbulenta relación con Donald Trump atravesando una de esas etapas de falsa calma, en Palacio Nacional son muy conscientes de que, a poco más de una semana para cumplirse el primer año de Gobierno, gran parte de su capital político más inmediato se juega en la contundencia ante el crimen y la corrupción.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, cuenta con viento a favor para enfrentarse a ambos retos, dos de los problemas estructurales del país. En definitiva, la prueba del algodón para cualquier gobernante mexicano. Con la oposición deslavazada y sin mucha capacidad de rentabilizar políticamente los escándalos, la mandataria va a cerrar su primer año con una popularidad altísima, del 79%, según una reciente encuesta de Enkoll para EL PAÍS. La inseguridad y la delincuencia lideran, con mucha distancia, las preocupaciones de los mexicanos en la encuesta, seguida de la corrupción.

Más allá de las primeras detenciones y su futuro recorrido judicial, la narrativa oficial es que estos casos demuestran un cambio de paradigma. En México, los grandes escándalos de corrupción suelen habitualmente destaparse a través de la prensa, los llamados “periodicazos”, o ser calculadamente anunciados por políticos rivales cuando hay, por ejemplo, un cambio de poder en los Estados. Ninguna de las dos opciones encajan del todo en esta ocasión. Francisco Abundis, director de la firma de análisis de opinión Parametría, refrenda esta tesis al considerar que “se puede especular si las acciones del Gobierno tienen que ver con la presión de EE UU para demostrar resultados, pero lo cierto es que estos casos de corrupción se están destapando desde la propia Administración de Sheinbaum”.

El golpe contra la red de contrabando de combustible, el conocido huachicol fiscal, acumula por ahora 14 detenidos, entre ellos, seis marinos de alto rango, tres empresarios y cinco funcionarios de aduanas. La primera información pública sobre la investigación del caso, siguiendo los patrones habituales, fue filtrada y publicada en los medios mexicanos. Lo que precipitó la salida en tromba del Gobierno anunciando que la Fiscalía llevaba siguiendo la pista de la trama desde hace dos años. Y que el primer aviso para tirar del hilo vino precisamente el entonces todavía secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán.

El máximo responsable de la Armada mexicana durante el sexenio anterior está en todo caso en una posición delicada, porque a quienes acusó ante la fiscalía, según la versión oficial, fue a dos de sus familiares. Los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos de Ojeda, son considerados los cabecillas de la trama, valorada en unos 150 millones de dólares. Ambos, con puestos altos en el cuerpo militar tras un ascenso meteórico durante los años de su tío al frente de la secretaría. De momento, solo uno ha sido arrestado.

La Marina es una de las instituciones con mayor prestigio dentro y fuera de México. Aliado preferido de las acciones contra el narcotráfico por parte de las autoridades estadounidenses, a los marinos les ha acompañado el aura de ser casi impermeables a la corrupción. Un argumento sobre el que se basó el expresidente Andrés Manuel López Obrador para, en una decisión inédita, entregarles la gestión de las aduanas. La respuesta pública al escándalo de parte del actual secretario de la Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales, siguió la misma línea, un mensaje a la vez de mea culpa y redención: “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo”. Tanto el tono como la contundencia del almirante han provocado cierta sorpresa, dado el proverbial corporativismo y tono reservado de las declaraciones públicas de los militares.

El otro escándalo que está agitando las aguas tiene como epicentro el Estado de Tabasco, tierra natal del expresidente López Obrador. Ya desde finales del año pasado, el actual gobernador empezó a deslizar nada más llegar al cargo que su antecesor había, cuando menos, mirado para otro lado mientras el crimen se apoderaba del Estado. En concreto, le acusaba de haber nombrado como secretario de seguridad a alguien que dirigía con una mano la policía del Estado y con la otra, una célula local del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las mafias más poderosas del país. Pareciera cumplirse de nuevo el patrón de sacar los trapos sucios cuando sucede un cambio de poder. Pero lo anómalo de este caso es que ambos, gobernador saliente y entrante, son del mismo partido, Morena.

Es más, las acusaciones del mandatario actual, Javier May, iban dirigidas contra Adán Augusto López, un peso pesado dentro del partido. Amigo personal del expresidente y su mano derecha como secretario de Gobernación, López llegó a ser precandidato presidencial. Tras caer en las primarias y con la victoria final de Sheinbaum, tiene el influyente cargo de jefe de la bancada morenista en el Senado. Hábil y veterano operador político, algunos de sus movimientos durante esta primera legislatura han provocado roces entre el oficialismo. En ocasiones, ha impulsado una agenda distinta a la de la presidenta, que para las reformas de calado necesita del encaje de sus socios parlamentarios.

Mientras tanto, las sospechas sobre el jefe de policía nombrado por López cuando era gobernador en Tabasco (2018-2021) fueron creciendo con el paso de los meses. Hasta terminar siendo detenido el fin de semana pasado en una mansión en Paraguay, donde se escondía de una orden internacional de detención por crimen organizado. Una semana después, Hernán Bermúdez Requena, conocido en el mundo del hampa como Comandante H o El Abuelo, ya está en una prisión mexicana. La velocidad del traslado, mediante una extraña argucia diplomática para evitar los largos plazos burocráticos del proceso de extradición, apunta de nuevo a la voluntad del Gobierno mexicano para mandar señales de contundencia.

En todo caso, durante la semana se han producido otros movimientos. Como la opaca salida de la zona militar de Tabasco del general del Ejército que destapó parte de las investigaciones contra Bermúdez. Sheinbaum ha asegurado que el relevo del general no es un castigo. La presidenta insiste que enviar mensajes de firmeza a la vez que pide esperar a que avancen las investigaciones de la Fiscalía. Este mismo viernes afirmó además que siendo López secretario de Gobierno, y coincidiendo con las filtraciones de documentos militares que ya apuntaban a la participación de Bermúdez con las mafias, él mismo pidió su destitución siendo ya secretario de Gobernación. De momento, López acaba de arrancar su segunda legislatura como jefe de los senadores morenistas en un año clave para desatascar una de las reformas prioritarias de Sheinbaum, los cambios en las leyes electorales.

Un equilibrio parecido ha mostrado tanto la presidenta como la gobernadora de Baja California al referirse al último golpe del Departamento del Tesoro, que esta semana congeló cuentas y propiedades en Estados Unidos de 22 objetivos vinculados al Cartel de Sinaloa. El nombre más sonado fue el de la exalcaldesa de una ciudad cercana a Tijuana, Hilda Araceli Brown, hoy diputada local. La gobernadora del Estado norteño, que también está en la mira tras una polémica cancelación de su visa para ingresar a EE UU, pidió tiempo para que avance la investigación, en la misma línea que la presidenta. A la vez, las autoridades mexicanas bloquearon un puñado de cuentas señaladas por el Tesoro. A las puertas de cumplir un año en el poder, Sheinbaum busca marcar el ritmo ante los casos de corrupción y nexos con el crimen, a la espera de que lleguen a los tribunales. Esa será otra prueba de fuego para medir la fortaleza institucional de un poder judicial recién renovado por las polémicas elecciones judiciales.