Leticia Aguayo Soto
El Consejo Consultivo para el Seguimiento a la Aplicación de los Impuestos sobre Nóminas y Cedulares (CONSAINCEG), que incluye a diversos organismos empresariales, debe rendir cuentas sobre la inversión de alrededor de 38 mil millones de pesos recaudados durante el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (2018-2024). La solicitud proviene de Miguel Márquez Márquez, exgobernador de Guanajuato y actual senador, quien enfatizó la necesidad de transparencia en la gestión de estos recursos.
"Todo el recurso tiene que transparentarse", declaró Márquez, quien reconoció que durante su propio mandato no proporcionó información sobre el destino de estos impuestos. En 2018, Ricardo Sheffield Padilla, entonces candidato a gobernador por Morena, criticó a Márquez por la falta de claridad en el uso del impuesto a la nómina.
Aunque Márquez admitió que la ley permite reservar información relacionada con temas de seguridad, subrayó la importancia de que los ciudadanos conozcan el uso de sus recursos. "Es el recurso de los ciudadanos, que tienen que saber en qué se invierte, sobre todo cuando es inversión productiva", agregó.
Sin embargo, el actual gobierno estatal ha reservado las actas de las sesiones del CONSAINCEG, lo que limita el acceso a la información sobre las decisiones tomadas en relación con los impuestos a la nómina y cedular. Este hecho genera cuestionamientos sobre la transparencia gubernamental.
El CONSAINCEG fue fundado en 2006 por el exgobernador Juan Carlos Romero Hicks como un órgano consultivo del Ejecutivo, pero bajo la administración de Rodríguez Vallejo, se reformó para que los empresarios tuvieran mayor control sobre la aplicación de los recursos.
Por otro lado, los impuestos a la nómina y cedular están fijados en un 3% y un 5% respectivamente en Guanajuato. Desde 2019, el presupuesto estatal proyectó una recaudación significativa de estos impuestos, con más de 33 mil millones de pesos estimados entre 2019 y 2024.
Aún no se ha decidido el destino de cerca de 11 mil millones de pesos, según lo informado por la gobernadora Libia García Muñoz Ledo, quien se comprometió a garantizar la transparencia en la gestión de estos fondos.
