Propone Ruth Tiscareño ley estatal que regule actividad comercial en todos los municipios

La diputada Ruth Tiscareño propuso una iniciativa de Ley de Establecimientos Mercantiles que rija en todos los municipios del estado y regule comercios de todo tipo, de cualquiera que sea su rama o giro.

El propósito es que la actividad mercantil en los 46 municipios sea regulada por una norma estatal homogénea en cuanto a requisitos para expedición de permisos, reglas de funcionamiento, obligaciones, prohibiciones, sanciones y aplicación de medidas de seguridad.

Con esa nueva ley, ya no serán los municipios los que, “a su libre albedrío y en forma diferenciada”, regulen negocios de todo tipo, abundó la congresista del GPPRI.

En su exposición de motivos, Tiscareño Agoitia dijo que la ley que propone y que consta de 90 artículos y 14 Títulos, “dará armonía y uniformidad al proceder de las autoridades municipales” en la regulación de establecimientos comerciales de cualquier giro.

Sostuvo que la uniformidad de la aplicación de sanciones y de medidas de seguridad, que serán las mismas en todos los 46 municipios, dará mayor certeza jurídica a la ciudadanía, “sobre todo a quienes tienen actividad económica en diversas demarcaciones del estado”.

La Ley de Establecimientos Mercantiles para el Estado de Guanajuato y sus Municipios regula giros considerados de bajo impacto (asilos, seminarios, centros de educación privada, entre otros), de impacto vecinal (salones de fiestas, restaurantes) y de impacto zonal, como bares, discotecas, casinos y cantinas, entre otros.

En cada caso, con reglas claras sobre revocación de permisos y con la obligación de exhibir, en una placa, una leyenda visible en la que se informe que “está prohibido discriminar en este establecimiento” y que “cualquier acto de discriminación podrá ser denunciado.”

En su mensaje en tribuna, dijo que la norma que propone no trasgrede la autonomía municipal, sino que, “al contrario, la reconoce, la respeta y le brinda una herramienta clara para ejercerla con eficacia”.

“Es una guía jurídica para actuar, en ellos (los municipios) queda su ejecución”, resumió.