Gravar remesas: injusto, peligroso e irracional

Desde el inicio de su presidencia, Donald Trump ha tomado decisiones que contradicen los supuestos objetivos de la relación bilateral con México. Si su prioridad es reducir la migración, desmantelar al crimen organizado y frenar el tráfico de drogas, lo último que debería hacer es adoptar medidas que debiliten la economía mexicana, especialmente la de los sectores más vulnerables. Es una obviedad. Y sin embargo, eso es exactamente lo que ha hecho.

La más reciente de estas decisiones desacertadas es la propuesta de imponer un impuesto del 5 % a las remesas que millones de mexicanos envían desde Estados Unidos a sus familias. Se trata de una medida injusta, peligrosa y, en última instancia, claramente irracional.

Es injusta porque la comunidad inmigrante ya contribuye con decenas de miles de millones de dólares al año en impuestos. En 2022, los inmigrantes indocumentados pagaron aproximadamente 96.7 mil millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales. Y lo hacen a pesar de que, en muchos casos, no tienen acceso a los servicios que esos impuestos financian. Obligar a todos aquellos que no son ciudadanos estadounidenses a pagar un 5 % adicional por el envío de dinero que ganan con enorme esfuerzo es un acto de profunda injusticia. Solo puede entenderse como parte del verdadero propósito de la medida: el amedrentamiento sistemático de la comunidad inmigrante.

La propuesta es peligrosa porque empujaría a millones de personas —se estima que alrededor de 40 millones se verían afectados, incluidos titulares de visas legales, residentes permanentes e incluso dreamers— a utilizar redes informales para enviar dinero a sus familias. Eso implicaría mayores riesgos frente a un sistema formal que, aunque imperfecto, ofrece mayor seguridad tanto para quien envía como para quien recibe. Toda política que incentive la informalidad en las remesas es, por definición, una mala política.

Y es irracional porque los principales afectados no son los migrantes, sino las comunidades de origen. Miles de localidades en México y Centroamérica —por no mencionar países como India, Filipinas o Nigeria— dependen de las remesas para sobrevivir. Para muchos, ese dinero es la única alternativa real frente a las dos salidas que supuestamente más preocupan a la administración Trump: el crimen organizado y la migración irregular. Si las remesas desaparecen o se reducen significativamente, no es descabellado pensar que aumentará el reclutamiento por parte del crimen y se perpetuará el ciclo migratorio hacia Estados Unidos.

Si la medida carece de lógica económica y social, ¿por qué la impulsa Trump?

No se trata, como algunos alegan en redes sociales, de una estrategia para combatir el lavado de dinero. Abundan los estudios que demuestran que, aunque existen casos aislados, las remesas no son un canal significativo para el lavado de capitales. Si ése fuera realmente el objetivo, la medida también se aplicaría a los ciudadanos estadounidenses, quienes han sido expresamente exentos de este impuesto en la propuesta legislativa. No hay que engañarse: lo que pretenden Trump y los republicanos es hostilizar a la comunidad inmigrante y hacerle la vida lo más difícil posible, con la esperanza de que muchos opten por irse del país voluntariamente. “Autodeportarse”, como lo llamaban en sus primeras campañas.

Después de todo, ¿quién querría quedarse en un país donde enfrenta el riesgo de deportación violenta, la separación familiar y ahora también la pérdida de parte del ingreso que sostiene a sus seres queridos?

Los inmigrantes no son bienvenidos, dice Trump. Esta es una pieza más de su vergonzosa cruzada nativista.