
Tenemos una presidenta popular que es reprobada en corrupción, crimen organizado y, la novedad, su relación con el presidente de Estados Unidos.
El misterioso caso de los empresarios que quieren imponer a los guanajuatenses su mando sobre los recursos públicos desde el FIDESSEG, porque ellos, afirman, "si son confiables y el gobierno no". La historia cuenta algo diferente.
Opinión07 de abril de 2025De verdad resulta sorprendente que mientras está derrumbándose la economía del mundo gracias a la guerra comercial emprendida contra todos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tiene a su propia nación al borde de una recesión como no se ha visto desde los años treinta del siglo pasado, precisamente por la misma ruta de los aranceles aislacionistas, y de lo cual México en mayor o menor grado saldrá perjudicado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Roberto Novoa Toscano, está mucho más preocupado por liderar una seudo revuelta de cabecillas camerales para enfrentar a la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y meter mano a la bolsa de recursos del FIDESSEG, fideicomiso creado para dispersión de apoyos sociales y canalización de algunos recursos a la seguridad pública, pero que ha sumado irregularidades graves y presunción de corrupción, por lo que la mandataria tuvo a bien extinguirlo por decreto, lo que indignó a Novoa Toscano y secuaces, porque dicho sea de paso, desde una postura patrimonialista, considera que esos recursos les pertenece a su casta, si, casta, la empresarial, porque así se comportan en León.
El licenciado en comercio internacional y egresado del Tec de Monterrey, ha reproducido la codicia de muchos de sus predecesores en los cargos de cámaras empresariales y el CCEL, ente que agrupa a estos entes. El consejo, es la reproducción de la asociación de cámaras que se formó en la década de los años setenta a nivel nacional, por los grupos más radicales de la derecha empresarial, bajo el patriarca Juan Sánchez Navarro, para confrontar al Gobierno de México, priista en aquellos años, encaminándose al fortalecimiento de una oposición que pudiera arrebatarles el poder, apropiándose en la ruta de las decisiones en el PAN, partido al que ingresaron empresarios, los llamados “bárbaros del norte”, que postulaban adhesión al neoliberalismo y fin del gobierno priista. Manuel j. Clouthier fue su candidato presidencial en 1988. Ese año, en diciembre, en León, accedió al poder municipal, Carlos Medina Plascencia, curtidor y corredor de autos, era de esa línea de empresarios empanizados. Con él, llegaron a ocupar por la engañosa ruta de los “consejos ciudadanos” muchos empresarios de pasado familiar priista, que luego de arrebatar candidaturas y puestos de decisión a los viejos panistas doctrinarios, se encargaron de gobernar primero León y luego el estado de Guanajuato. Modificaron los reglamentos y luego las leyes, para ser los “representantes de la sociedad civil” en los consejos que administraron instituciones como SAPAL, o instancias como el zoológico, el gran negocio de la Feria Estatal de León y más. Sólo ellos podían ser ciudadanos, no los profesionistas en sus colegios, o los sindicalistas, los maestros, los ciudadanos libres, vaya ni siquiera los vieos militantes panistas, ellos sólo servian para sacar votos. Ahí sí, no había democracia.
Vimos entonces el chapulineo, pasaban estos personajes de las cámaras empresariales: Canaco, CICEG, CICUR, la vieja ANPIC, Canacintra, Coparmex, ANCUR y más, a la política y la administración pública. Saltaban entre las cámaras o al Consejo Coordinador Empresarial de León y siempre eran la “voz de la sociedad”. Eso sí, los leoneses, siempre al frente, aprovechando que Medina Plascencia y luego Vicente Fox y Ramon Martín Huerta, eran gobernadores salían de la capital del calzado. Fue escandaloso en su momento como Luis Quiroz, empresario de calzado, tras ser alcalde leonés, acabó vendiendo “Quirelli” y opto por siempre flotar en cargos gubernamentales. Vivir fuera del presupuesto era el gran error.
Pasado el tiempo, y anclados en esta estructura creada por décadas, los hermanos Novoa Toscano son ahora las figuras que quieren seguir dominando e imponiendo políticas públicas, sin tener un solo voto en sus alforjas. Roberto, peleando el dinero de FIDESSEG, con litigios destinados a ser perdidos al final, porque en materia fiscal y determinación de actos de gobierno, tarde que temprano, otra vez, la ley deja en claro quién manda, y David, su hermano, siendo irrespetuoso con el Ayuntamiento leonés y tratando de ocultar información sobre el dinero que manejó su administración de la Feria de León. Tal vez no sepa que, en el Ayuntamiento, son pares y todos merecen el mismo respeto, sean del partido que sea.
En el caso del FIDESSEG, la revisión de los hechos y los recursos hace más que evidente que ha sido utilizado por grupos de interés empresariales no sólo como un instrumento de apoyo, sino como un mecanismo de control político y social. La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quiere limpiar la suciedad encontrada y junto con su secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador, buscan que el dinero deje de ser manoseado por terceros y llegue a los ciudanos de forma diáfana.
Lejos de buscar una distribución equitativa de los recursos, el verdadero interés de estos grupos radica en no perder su capacidad de influir sobre quién accede a los beneficios y bajo qué términos. Su papel como intermediarios entre el Estado y las comunidades ha sido clave para preservar una red clientelar que les permite capitalizar políticamente las ayudas, ejercer presión sobre gobiernos locales y posicionarse como actores indispensables en la toma de decisiones.
Esto se vuelve aún más evidente en el caso de las adopciones civiles de apoyos, donde los empresarios buscan perpetuar su rol como filtro o aval para canalizar los recursos públicos. En lugar de fomentar una gestión pública directa, transparente y con criterios técnicos claros, promueven una lógica asistencialista que refuerza su poder simbólico y material ante la población beneficiaria. Esta resistencia a perder el control revela no solo una defensa de privilegios históricos, sino una profunda desconfianza hacia la capacidad de las instituciones para operar sin su tutela.
Curioso es, además, que piensen que los impuestos que pagan siguen perteneciéndoles y pueden hacer de esos recursos lo que quieran. José Arturo Sánchez Castellanos, exdirigente empresarial y exsindico de la alcaldesa leonesa Alejandra Gutiérrez, que ahora cumple el rol de alfil de Roberto Novoa, con su “ingenuidad” de siempre, defiende la posición argumentando que confiaron en la palabra cuando pactaron el uso de los impuestos al instaurarse estos, lamentando que no fue por escrito. Lo interesante es que encuentre alguna ley que permita acuerdos de este tipo en materia fiscal. Imagine, lector, podría Usted también reclamar el destino de sus contribuciones.
La gobernadora Libia Dennise debe revisar con sus aliados en el Congreso del Estado una ruta para descabezar a esta perversa hidra. Debe eliminar todo resquicio en las leyes y en los reglamentos, de esa exclusividad de representación de la sociedad civil que cae en los liderazgos de las cámaras empresariales. Democratizar la participación ciudadana, incorporando a las universidades, a los sindicatos, a asociaciones civiles diversas y hasta ciudadanos de a pie y hacer que eso llegue a los municipios también.
El dicho de Roberto Novoa, a modo de perdonavidas, “con voluntad política el Fidesseg lo resolvemos en una junta con la gobernadora en 30 minutos”, desvela con claridad lo primitivo de su pensamiento sobre la cuestión pública, dejándolo todo desde su gracioso voluntarismo. Recuerda la torpe declaración de Vicente Fox que afirmó que en 15 minutos resolvería la crisis de la guerrilla en Chiapas.
El PAN, partido de la gobernadora, debe encarar esta circunstancia. Sin temor a que haya juego sucio empresarial en las elecciones favoreciendo a Morena. Las elecciones del 2024 hicieron evidente que muchos ya dieron ese salto. Ingenuamente, muchos empresarios creen que viven en los años noventa y podrán seguir manipulando el poder público y las reglas del juego social. Aldo Márquez debe mostrar postura.
El PAN debe apoyar a su gobernadora. La lucha vale la pena. Desde el Congreso del Estado, Jorge Espadas y sus muchachos y muchachas, pueden cercenar lo podrido de la praxis y el chantaje de estos “empresarios”, más preocupados por estar en la política que en atender sus grandes negocios, desde la ficción de que sus consejerías no les imponen responsabilidades de servidores públicos.
También es oportuno ver cómo actúa la alcaldesa de León, Ale Gutiérrez, que ha cubierto a David Novoa Toscano en la Feria, incluso en su comportamiento actual, de soberbia ante el Ayuntamiento. Los regidores y las regidoras deberían recordarle el trato que le dio a ella otro empresario del mismo corte, el famoso “Castor”, Juan Carlos Muñoz Márquez, expresidente del patronato de la Feria, de ingrato recuerdo para la exaspirante a la gubernatura. Novoa Toscano llegó, supuestamente, para marcar diferencia. Ahora mostró el cobre. Y es que ellos, así lo parecen mostrar en su lógica de castas, son “la sociedad”, los demás valen menos que un centavo y no merecen su respeto.
La oportunidad de un cambio radical está en la mesa, en esta relación viciada y perjudicial para la gente de Guanajuato. Es una batalla que deberá darse, los tiempos lo demandan. Y eso de que los empresarios son confiables y el gobierno no... la historia muestra muchos ejemplos de que no es realmente así, también hay corruptos.
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