Por considerar que eran un peligro para ambas naciones, a partir de una solicitud de Estados Unidos, el gobierno mexicano aplicó facultades de la Ley de Seguridad Nacional, la Constitución nacional y la Convención de Palermo para trasladar a ese país a 29 líderes y operadores de los cárteles de Sinaloa, Caborca, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, La familia michoacana y Beltrán Leyva, aunque tuvieran suspensiones que impedían su entrega, informaron integrantes del gabinete de seguridad.
Señalaron de manera tajante que la decisión de enviar a los capos mexicanos a Estados Unidos fue tomada por los integrantes del gabinete de seguridad nacional y nada tuvo que ver la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Además de la petición estadunidense, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó en conferencia de prensa: Existía riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdo con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años.
En dicha conferencia, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aseveró que en la Ley de Seguridad Nacional se establecen los parámetros por razones de estabilidad política tanto en México como en Estados Unidos.
En tanto, García Harfuch sostuvo que la entrega tuvo como objetivo disminuir la violencia en nuestro país, así como los delitos de alto impacto, proteger a la ciudadanía, combatir la impunidad y en todo momento garantizar la seguridad nacional.
A la conferencia asistieron los secretarios de la Defensa Nacional (Defensa), el general Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.
Pena de muerte
Respecto a la posible aplicación de la pena de muerte a algunos de estos capos, el fiscal de la República indicó que las sentencias no las impone el Departamento de Justicia estadunidense, sino los jueces de esa nación, y corresponderá a ellos definirlas. Precisó que, conforme a los acuerdos y tratados entre México y Estados Unidos, no se puede aplicar la pena capital porque ello no existe en las leyes mexicanas y eso debe ser respetado.
Entre los 29 capos entregados se encuentran los hermanos Omar y Miguel Ángel Treviño Morales, ex líderes de Los Zetas; José El Chango Méndez, fundador de Los caballeros templarios; Rafael Caro Quintero, iniciador del cártel de Guadalajara en los 70 y en años recientes del de Caborca, así como líderes del cártel Jalisco Nueva Generación e importantes miembros y operadores de las bandas de Sinaloa y del Golfo.
La entrega, detalló Gertz Manero, se realizó sustentado en el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución mexicana, así como en lo que estipula la Convención de Palermo.
Hubo una solicitud fundada por parte del gobierno de Estados Unidos, y ese fue el motivo por el cual se detonó todo este procedimiento (...) el traslado se realizó a partir del momento que recibimos la notificación o solicitud.
Aseguró que no pasaron horas entre que llegó la solicitud y se convocó a una reunión de gabinete de seguridad nacional. Se hizo el análisis en esa reunión, se vieron las bases jurídicas y se procedió: fue un asunto inmediato.
En cuanto a si en la determinación de aplicar la Ley de Seguridad Nacional para el traslado tuvo participación la presidenta Sheinbaum, García Harfuch respondió que la decisión fue absolutamente del gabinete de seguridad nacional.
No se violaron suspensiones
Al preguntar a Gertz Manero si se violaron las suspensiones en materia de amparo que tenían muchos de los que fueron trasladados y si ello no traería consecuencias jurídicas para el gobierno mexicano, el funcionario respondió: No se pueden violar suspensiones sobre un procedimiento que es ajeno a esas suspensiones.
García Harfuch expuso que el operativo realizado el jueves se hizo en coordinación, cooperación, respeto a la soberanía y reciprocidad internacional con el gobierno de Estados Unidos.
Agregó que los 29 acusados cometieron delitos atroces en nuestro país, como extorsión, secuestro, homicidio y ataque a las autoridades federales, estatales y municipales.
En las acciones para el traslado participaron 3 mil 512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad; la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, así como de la Fiscalía General de la República, por medio de la Agencia de Investigación Criminal.
García Harfuch concluyó la conferencia señalando: Con el traslado de los 29 delincuentes los más beneficiados somos los mexicanos.
