Los diputados del PAN Juan Carlos Romero Hicks, Roberto Carlos Terán Ramos y Aldo Márquez asistieron al evento, junto con representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, entre otros.
Política27 de febrero de 2025 Redacción
Para conocer la opinión de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre dos reformas constitucionales, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado llevó a cabo la primera consulta.
Los diputados del PAN Juan Carlos Romero Hicks, Roberto Carlos Terán Ramos y Aldo Márquez asistieron al evento, junto con representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, entre otros.
Una de las propuestas que se examinó fue la propuesta presentada por las legisladoras y los legisladores de Acción Nacional y del PRD, la cual eleva al rango constitucional el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Juan Carlos Romero, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, señaló que la armonización de la Constitución local con la Constitución federal tiene un impacto directo a estos sectores de la población; por lo tanto, es una obligación del órgano legislativo llevar a cabo una consulta.
“Esta consulta es para trazar un deber ser de derechos y obligaciones. Los pongo en contexto, la Constitución del estado contiene 148 artículos y lo que vamos a repasar en su redacción en lo general el día de hoy son seis de ellos”, apuntó.
Explicó a los asistentes que este proceso se desarrolla en cinco fases, que consisten en preconsulta, informativa, deliberación interna, diálogo y decisión; esta última se realizará el próximo viernes en la sede del Poder Legislativo.
“Este ejercicio es histórico y de mucho aprendizaje, es una gran oportunidad de todos nosotros para dejar en el texto de la Constitución la aspiración de los pueblos originarios; estamos construyendo y haciendo historia”, comentó.
Aldo Márquez hizo hincapié en que con las modificaciones se establecerán nuevas obligaciones para el estado en lo que respecta al desarrollo social, inversión, infraestructura y el presupuesto, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas de los pueblos originarios y personas afromexicanas.
“Estos ejercicios de diálogo y escucha tienen como propósito enriquecer el trabajo legislativo y que, finalmente, es nuestra obligación representarlos en el Congreso local”. Indicó.
El diputado Roberto Carlos Terán Ramos dijo que estos foros fueron concebidos para escuchar la palabra de quienes integran estas comunidades, “queremos que el texto que se apruebe integre el sentir y la voz de las personas que integran las 96 comunidades y pueblos originarios que son reconocidos en la entidad”.
Comentó sentirse orgulloso de representar el Distrito local II, el cual está conformado por ocho municipios, de los cuales Tierra Blanca, Santa Catarina, Atarjea, Xichú, Victoria y San Luis de la Paz tienen población originaria.
“Estos trabajos, que son encabezados por mi compañero Juan Carlos Romero, que tiene toda la experiencia, llegarán a buen puerto, ya que lo que aquí se está expresando en la consulta coincide con lo que estamos reformando en la Constitución”, compartió.
Por último, se registraron 27 intervenciones de personas procedentes de los municipios de Tierra Blanca, Apaseo el Alto, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Guanajuato, Atarjea y Santa Catarina.
Para el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), urge que se cuente con un cuerpo normativo como el que impulsa para que el estado, a través de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), regule los “anexos” y, con apoyo de los municipios, tome el control de esos espacios.
El diputado Alejandro Arias Ávila comentó que tendría como finalidad regular la autorización de inicio de actividades, su funcionamiento, tratamientos, cuotas y clausura de los centros de rehabilitación para personas con problemas de alcoholismo y adicciones a drogas y sustancias prohibidas, conocidos como “anexos”, evitando su incremento fuera de regulación normativa por parte del estado y los municipios.
“En Acción Nacional creemos en la capacidad de la gente, en su esfuerzo, en su talento. Creemos que cada persona, sin importar dónde haya nacido, merece la oportunidad de construir su propio futuro”: Dip. Aldo Márquez.
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