Estrictamente Personal. Arde el grupo del Peje

El grupo político e íntimo de Andrés Manuel López Obrador que lo acompañó por un cuarto de siglo en su aventura que culminó con la Presidencia está en guerra abierta, y el daño colateral son los tabasqueños. Un mal acuerdo político de López Obrador con su grupo ha hecho del edén, como se le conoce a Tabasco por sus bellezas naturales, un infierno. La violencia es incontenible en ese estado que en unos cuantos meses se pintó de rojo. El dato sin precedente nacional e increíble a la vez es que, entre 2023 y 2024, cuando López Obrador definió las candidaturas, se llevó a cabo la campaña para gobernador y la elección, los homicidios dolosos subieron ¡308%!

La experiencia mexicana ha enseñado que cuando esto sucede es que se rompieron los acuerdos explícitos o implícitos con las organizaciones criminales y no se renovaron. El país está descuadrado. Dos de los gobernadores más cercanos a López Obrador, Javier May y Rubén Rocha, de Sinaloa, tienen un problema de violencia estructural en sus estados. Rocha Moya va para cinco meses de sobrevivir en medio de la implosión del Cártel de Sinaloa, que ha mostrado que su exlíder era quien gobernaba el estado, y que los gobernantes eran sus títeres.

Con distinto abordaje, May está diciendo lo mismo de sus dos antecesores inmediatos, pero no como marionetas de los cárteles, sino de colusión y entendimiento con ellos. May ha imputado a Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, porque su brazo derecho en seguridad durante su gobierno fue líder de La Barredora, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación, que es una de las grandes organizaciones criminales en Tabasco. López Hernández y Carlos Merino, el interino que lo sucedió cuando López Obrador lo nombró secretario de Gobernación, ha dicho el gobernador sin mencionarlos por nombre; deben rendir cuentas porque los criminales se asentaron en el estado sin resistencia oficial.

En el caso de Sinaloa y Tabasco hay diferencias significativas. Sinaloa era un estado controlado por el Cártel de Sinaloa, que tenía como su facción más fuerte la encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, con cuya familia tenía grandes deferencias López Obrador –incluso se refería con respeto al exlíder de la misma organización como “señor”– al tiempo que, a través de los altos funcionarios estatales, negociaba puestos de elección popular con Zambada. En el de Tabasco no hay un sometimiento ante los criminales, sino que el conflicto está dado entre dos políticos muy cercanos al expresidente, cuya disputa por el poder tiene como derivada la violencia que tiene incendiado al estado.

La consultora TResearch International, que lleva un registro diario de la violencia en México con información del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicó en 270 los homicidios dolosos en 2023, contra 919 en 2024. Hasta el martes, la suma de homicidios dolosos en el año era de 107. Tabasco se convirtió en el segundo estado más violento del país en cuanto a homicidios dolosos, ligeramente debajo de Guanajuato, donde las organizaciones que buscan controlar el multimillonario negocio del combustible robado –mucho más alto que el tráfico de cocaína– se burlaron de la guerra contra el huachicol que dijo haber emprendido López Obrador, y que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tampoco ha podido contener.

El expresidente es política e indirectamente responsable de la pesadilla que están viviendo los tabasqueños por la forma como acomodó los procesos sucesorios, sin tomar en cuenta que, una vez fuera de la Presidencia, reventarían los acuerdos. López Obrador, que vivió en la casa de López Hernández en Villahermosa al regresar de un escondite en Veracruz para esconderse de un acto de violencia en el que lo involucraron, lo incorporó en la charada de las famosas corcholatas, como definió a quienes aspiraban a sucederlo.

López Hernández, como hizo también con Marcelo Ebrard, que era su canciller, fue utilizado como simulación para afirmar que Sheinbaum, por quien hizo precampaña presidencial por tres años, había sido ungida mediante un proceso democrático. En el armado sucesorio, quien perdiera iba a tener posiciones en la siguiente administración, por lo que López Hernández llegó a la coordinación de los senadores. Su amigo fraternal y compañero de batallas desde principios de siglo y que aceptó el tinglado de la candidatura presidencial, siguió recibiendo descolones políticos. López Obrador lo bloqueó en Tabasco, donde no tuvo voto en la elección del candidato a gobernador, y tampoco le abrió la puerta en Chiapas, donde, junto con su cuñado Rutilio Escandón, quería poner sucesor.

Haber escogido a May fue un puñetazo en la nariz de López Hernández. May, a quien paseó López Obrador por varios cargos federales en su sexenio, formaba parte del grupo político que se construyó a finales de los 80 en su tierra y que se volvió su equipo de confianza cuando encabezó el PRD estatal. El lugarteniente de López Obrador en ese grupo era Octavio Romero Oropeza, a quien hizo director de Pemex y luego exigió a Sheinbaum que le dieran el Infonavit.

López Obrador sobrestimó su poder y subestimó a sus cercanos, políticos finalmente. El sometimiento que utilizó como método contra propios y extraños tenía como brazo el dinero y el poder. Una vez fuera de Palacio Nacional, el músculo ya no le alcanza. López Hernández, fuerza y poder en Tabasco, a diferencia de May, que es poco conocido y políticamente débil. Ni puede con la violencia, ni tiene peso su palabra.

Las denuncias públicas que ha hecho no han movido a Sheinbaum para actuar rotundamente. Hace unos días, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo ante legisladores de Morena que era una ilusión negociar con criminales, una declaración directa al corazón de López Obrador, y cuyo saco cabría a varios políticos del poder. Pero no pasó nada. Sheinbaum dijo ayer que “pronto” informará sobre el reforzamiento de la seguridad en Tabasco. ¿Pronto? Quizás no estamos viendo bien las cosas y en Tabasco, como en Sinaloa, carece de recursos para resolver la violencia.