Una coalición de 11 argumentó que la Constitución y precedentes como Printz vs. Estados Unidos impiden al gobierno federal obligar a los estados a hacer cumplir leyes federales
Política24 de enero de 2025 Redacción
Una coalición de 11 fiscales generales de EU envió una declaración conjunta en respuesta a un memorando de la administración del presidente Donald Trump dejando claro que los gobiernos locales y estatales de esos estados no participarán en la puesta en marcha de las leyes de inmigración.
La declaración de los fiscales surge luego de que el nuevo gobierno de Trump amenazara a funcionarios gubernamentales que no cumplan con sus órdenes migratorias.
"La ley federal prohíbe a los actores estatales y locales resistir, obstruir o no cumplir de cualquier otra forma con las órdenes legales relacionadas con la inmigración", señala el memorando enviado el martes por el fiscal general adjunto en funciones, Emil Bove, quien señala lo que espera la nueva administración sobre la participación de las autoridades locales y estatales en la aplicación de las leyes de inmigración.
Sin embargo, los fiscales demócratas recordaron que está establecido, a través de precedentes de larga data de la Corte Suprema, que la Constitución de EU impide que el gobierno federal ordene a los estados hacer cumplir las leyes federales.
"Si bien el gobierno federal puede utilizar sus propios recursos para la aplicación de las leyes de inmigración, el tribunal dictaminó en Printz v. Estados Unidos que no puede 'incorporar a su servicio, sin costo alguno para sí, a los agentes de policía de los 50 estados'”, señalan además a Bove en la declaración conjunta de los fiscales, liderados por Nueva York y California.
Los fiscales recuerdan a Bove que este equilibrio de poder entre el gobierno federal y los gobiernos estatales "es una piedra angular de nuestro sistema estadounidense de federalismo", de acuerdo con un comunicado conjunto.
También advierten que el presidente "no puede reescribir unilateralmente la Constitución" y que ha hecho "amenazas preocupantes" de usar la autoridad y los recursos procesales del Departamento de Justicia como arma para atacar a los servidores públicos que actúen en cumplimiento de las leyes de sus estados".
"Por ahora, estas amenazas vagas son sólo eso: palabras vacías escritas en un papel. Pero tengan la seguridad de que nuestros estados no dudarán en responder si estas palabras se convierten en acciones ilegales", advirtieron además en un comunicado, firmado por los fiscales de Nueva York, California, Colorado, Connecticut, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Rhode Island y Vermont.
Las solicitudes de autorización para la contratación de dos financiamientos para el proyecto denominado Acueducto Solís-León y para destinarlos a proyectos estatales de inversión pública productiva, cada uno por 4 mil millones de pesos, se turnaron a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.
El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, a fin de establecer el acoso sexual como una falta administrativa grave de las personas servidoras públicas. Las modificaciones contemplan que se considere como acoso sexual a quien, con fines sexuales o lascivos, asedie, produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente a una persona, independientemente de que el comportamiento ocurra en uno o varios eventos e incluso si no existe una relación de subordinación.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta pidió el estudio de impacto presupuestal de las iniciativas y que se remita a más tardar el viernes 5 de diciembre.
Piden soluciones a bloqueos carreteros, falta de medicamentos e inseguridad.
Con estas reformas se incluye en el glosario la definición de emprendimiento digital como el modelo de negocio que inicia una persona, en la que trabaja por cuenta propia o emplea a otras, en búsqueda de una oportunidad de negocio, que se desarrolla a través de una plataforma digital, entendida esta como un espacio en línea que permite a diferentes grupos de personas usuarias interactuar, compartir y realizar transacciones.
Este miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) fue un hervidero. Desde temprano, con la publicación de dos contenidos en la prensa, se desató el rumor de la salida de Alejandro Gertz Manero. Los peores temores se confirmaron con la visita del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, a Palacio Nacional, para abordar el tema con la presidenta Claudia Sheinbaum.
El Pleno del Congreso aprobó, por unanimidad de votos, la designación de Francisco Javier Juárez León como presidente de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, quien ostentará dicho cargo por el término de cinco años, contados a partir de que rinda protesta. Como autor del dictamen, el diputado Juan Carlos Romero Hicks enfatizó que no se trataba de un nombramiento más, sino de asegurar que el Estado esté en manos de mujeres y hombres con probada capacidad técnica y gran compromiso, y que se rijan bajo los principios de honestidad, independencia, responsabilidad y carácter.
El documento firmado este 27 de noviembre, a la Consejera se le nombró fiscal Especial de Control Competencial.
Se votó con 74 votos a favor de Morena, PT y PVEM y 22 sufragios en contra del PRI, PAN y MC. Morena y sus aliados en el Senado aprobaron en fast track la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República bajo el argumento de “causa grave”, ello por aceptar ser embajador en un país amigo.
A pesar de las diferencias ideológicas, las fuerzas representadas en el Congreso lograron dialogar, ceder y construir un acuerdo en favor de los guanajuatenses, nombraron de manera unánime al titular del Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.
