En el año 2024 se recibieron 31,073 solicitudes dirigidas a los 72 sujetos obligados en el estado de Guanajuato, informó el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP). El primer lugar recepción de solicitudes de información lo tuvo el Poder Ejecutivo, pues concentra todas las oficinas y dependencias de gobierno; al cierre del año recibió 4,526.
Política20 de enero de 2025 Redacción
En el año 2024 se recibieron 31,073 solicitudes dirigidas a los 72 sujetos obligados en el estado de Guanajuato, informó el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP).
El primer lugar recepción de solicitudes de información lo tuvo el Poder Ejecutivo, pues concentra todas las oficinas y dependencias de gobierno; al cierre del año recibió 4,526.
Le siguen el municipio de León con 3,073; el municipio de Dolores Hidalgo C.I.N. con 2,338; el Poder Judicial con 1,003; el municipio de Guanajuato capital con 968; la Universidad de Guanajuato con 949; el municipio de Irapuato con 941; la Fiscalía General del Estado de Guanato con 926; y el municipio de Celaya con 918.
El Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP) se ubica en el décimo lugar al recibir 860 solicitudes de información.
Guanajuato es el único estado en el país en dar respuesta a las solicitudes de información en un plazo de cinco días hábiles con prórroga de tres, mientras que en otras entidades federativas la respuesta puede darse hasta en 20 días hábiles.
Las autoridades gubernamentales tienen la obligación de transparentar el ejercicio de la gestión pública a través del acceso a la información, así lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato; esta es una de las facultades del IACIP, al ser el órgano garante encargado de proteger el derecho humano fundamental de las y los ciudadanos de acceso a la información pública.
La rendición de cuentas genera certeza y confianza en las instituciones públicas, combate la corrupción y evita la opacidad, en razón de que la ciudadanía tiene el derecho a saber qué hacen sus autoridades con los recursos públicos.
“Los sujetos obligados mantienen su responsabilidad de atender las solicitudes de información de la ciudadanía, y cumplir con sus obligaciones de transparencia. Independientemente de lo que se plasme en las leyes secundarias producto de la reforma, las y los guanajuatenses deben tener a salvo su derecho de obtener información pública de manera puntual y oportuna”, mencionó la Comisionada presidenta del IACIP, Mariela Huerta Guerrero.
Los temas que las y los ciudadanos mayormente solicitaron fueron: actividades institucionales, archivos, informes sobre servidores públicos, compras públicas, contratos, estructura orgánica, datos personales, gastos y presupuestos, entre otros.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
El Grupo Parlamentario de Morena se pronunció en defensa de los derechos de la ciudadanía durante la sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, oponiéndose a los aumentos que considera desproporcionados en impuestos y derechos estatales que lastiman el ingreso familiar. Los morenistas aseguraron que se consumó una decisión que da la espalda a la realidad económica de miles de guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
Este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos. El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto denominado Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva. El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
Cada año, decenas de perritos son abandonados por peregrinos en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Los abandonan a propósito o los pierden, luego de hacerlos acompañar en sus peregrinaciones. El rostro oculto de algunos guadalupanos.
El Gobierno Municipal de Guanajuato puso en marcha el Operativo Guadalupe–Reyes con un estado de fuerza superior a 360 elementos, reforzado por la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, para garantizar la tranquilidad de familias, visitantes y comercios durante la temporada decembrina.
Este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos. El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto denominado Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva. El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
Colectivos civiles y agrupaciones de derechos humanos denuncian que el acueducto Solís-León, uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno de Sheinbaum, despojará a miles de habitantes de sus recursos naturales.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.