El legislador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, al hablar del dictamen en sentido negativo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, dijo que el Poder Ejecutivo y algunos diputados federales, en su momento, propusieron una serie de medidas para tener un control absoluto.
Política06 de diciembre de 2024 Redacción
Las y los diputados locales manifestaron su rechazo a la minuta de la reforma constitucional que impide impugnar las reformas a la Constitución Federal, enviada por la Cámara de Diputados.
El legislador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, al hablar del dictamen en sentido negativo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, dijo que el Poder Ejecutivo y algunos diputados federales, en su momento, propusieron una serie de medidas para tener un control absoluto.
“De manera ocurrente, proponen una serie de medidas para poder tener control absoluto, esto se da ante las suspensiones provisionales y definitivas que pudieron o no agradar y pudieron o no coincidir; pero estamos ante un momento que al menos en mi vida había visto, que el Poder Ejecutivo federal desacatara órdenes judiciales de manera sistemática”, acusó.
Romero Hicks señaló que en un país no se puede tener una Constitución cuando un régimen cambia la ley con improvisaciones y sin respeto, lo cual conlleva un autoritarismo populista, "pienso que fue un exceso; en una democracia se requieren tres elementos, los cuales son la ciudadanía, los contrapesos republicanos y el Estado de derecho".
Por su parte, Aldo Márquez, diputado del PAN, refirió que en Acción Nacional se tiene la convicción de que la justicia y la defensa de la democracia son principios irrenunciables, por esta razón se rechaza la minuta.
“Esta reforma es un retroceso en derechos humanos que contraviene los compromisos internacionales de México y rompe con el principio de justicia accesible para todos y todas. Una Constitución sin defensa es un país sin derechos”, destacó.
Afirmó que esta acción es un ataque contra la autonomía de los estados, municipios y organismos autónomos, ya que les impide interponer medios de control constitucional cuando se invade su ámbito de competencias.
La legisladora panista, Marisa Ortiz Mantilla, señaló que no se deben respaldar las modificaciones a la Carta Magna, puesto que está en juego la separación de poderes, que los ciudadanos no puedan defenderse de los abusos del poder y se está poniendo en peligro la democracia y la pluralidad en México.
“Esta reforma es verdaderamente un retroceso, y es un retroceso en materia de derechos humanos, claro y contundente, dejas en manos del legislador federal el arbitrio de que cualquier cosa puede pasar y está en sus manos”, expuso.
En su intervención, la representante del Partido Nacional, Angélica Casillas Martínez, señaló que los cambios en la Constitución mexicana contribuyen a una inestabilidad al ordenamiento constitucional de fondo, debido a que satisfacen las demandas de poder federal e impiden la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
“Quienes integramos el Grupo Parlamentario del PAN y la representación parlamentaria del PRD haremos un frente común por mantener el estándar protector mínimo para que el Estado mexicano cumpla la obligación de respetar los derechos humanos dentro del margen respectivo”, concluyó.
Los caminos para que la enmienda llegue a ver la luz se han estrechado y se perfila una propuesta rebajada que no toque los intereses de los partidos satélite.
Diputadas y diputados del PAN y del PRD presentaron una iniciativa que busca reconocer el esfuerzo y compromiso de las jefas de familia guanajuatenses, así como una que promueve garantizar el derecho de las mujeres a amamantar en cualquier espacio sin ser discriminadas o limitadas.
En el acuerdo el Consejo dicta instrucciones directas a los gobernadores de las entidades para que presenten ante los congresos locales iniciativas de reformas para armonizar sus leyes locales a la nueva estrategia. Asimismo, los emplazó para reportar al SENSP a más tardar el último día hábil de enero de 2026 sobre la presentación de dichas iniciativas.
En el cierre del año, la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAMED) informó que de enero a noviembre se atendieron 1 mil 326 asuntos relacionados con la atención médica en Guanajuato, como parte de las acciones para garantizar los derechos de las y los pacientes.
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