Ethos Político. Certeza legal

Certeza legal

Tuvieron que pasar más de diez años para que un Ayuntamiento por fin culminara los trámites de renovación de concesiones para decenas de comerciantes en los mercados públicos de Guanajuato Capital, sobre todo los del Hidalgo y Embajadoras, sitios de venta históricos y queridos para los cuevanenses. Por angas o mangas, los ediles (Luis Fernando Gutiérrez, Edgar Castro y Alejandro Navarro), teniendo en sus manos dictámenes de sus áreas, optaron por guardar bajo llave los preciados documentos, dejando en incertidumbre a los locatarios, pero ayer, el pleno del Ayuntamiento y la presidenta municipal Samantha Smith Gutiérrez, con la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, como fedataria del acto, entregaron las preciadas concesiones en las escalinatas del porfirista Mercado Hidalgo. A poco más de un mes de asumir el poder, tuvo que ser la sensibilidad de dos mujeres al frente del gobierno local y estatal, las que hicieron posible el hecho, dando así certeza legal a los comerciantes y sus familias sobre sus espacios de comercio.

La cuarta sesión ordinaria del Ayuntamiento capitalino llevada a las puertas del Mercado Hidalgo, entre una muchedumbre de comerciantes y curiosos, de funcionarios municipales y estatales, donde la gobernadora atrajo miradas de expectativa, podría decirse, fue un acto de desagravio de la autoridad municipal hecho por la presidenta municipal, Samantha Smith, hacia los locatarios y sus familias. Ella, no tenía el poder, a pesar de haber estado en la función pública municipal en los tres últimos trienios, para poner orden en los mercados. Ahora que tenía la mano, se lanzó y cumplió una tarea que no tenía por qué ser un viacrucis para comerciantes y Municipio.

Queda, eso sí, pendiente el dejar en plena transparencia que la asignación haya sido hecha a los comerciantes que realmente trabajan su local y no dejar vigente las prácticas anómalas que se hicieron dentro de los mercados por años, bajo complicidad de los administradores municipales en cada mercado, donde familias acumulaban locales, rentando los espacios y haciendo patrimonialismo, como si fueran dueños del sitio, dejando hasta en herencia los locales.

La concesión dada a cada comerciante debe dejar en claro que los espacios son propiedad municipal, que no son propiedad privada y que, como dice la máxima zapatista sobre la tierra, en esta ocasión la concesión del local es de quien lo trabaja.

Las 103 concesiones otorgadas también representan la obligación para los comerciantes para pagar sus derechos anuales y contribuir con la Ciudad que les ha dado certidumbre para su trabajo. Samantha Smith, ha dicho que la cosa no quedará ahí, prometió ayudarles para dignificar los espacios.

El siguiente paso, será sacar adelante el reglamento que reordene el comercio ambulante en la zona del Centro Histórico, siempre postergado. Parece que la alcaldesa, que tiene el apoyo de la gobernadora, tomará al toro por los cuernos y regularizará el comercio capitalino, lo que no hicieron los varones alcaldes. Por fin.

Salud Publica en la mira

Este jueves, en el Congreso del Estado, Morena ha elevado la apuesta. Como he expresado en columnas anteriores, la presidenta de México quiere tener un solo sistema de salud en el país hacia finales de su sexenio, lo que apunta a convencer u obligar a Guanajuato a incorporarse al IMSS-Bienestar y terminar la, a mi parecer, la afortunada rebelión contra el fracasado INSABI. En tribuna, la diputada Maribel Aguilar González, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Guanajuato y a la Ley de Salud estatal, pide que el derecho a la salud sea reconocido en plenitud en la Carta Local, pues lo considera, a nombre de los guinda, “un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos como el derecho a la educación, a la movilidad, o la vivienda, incluso al mismo derecho a la vida, entre muchos otros”, un curioso guiño, esto último.

Lo curioso es que el tema fue puesto como rejón precisamente en medio de los señalamientos que se han hecho contra el secretario de Salud estatal, Gabriel Alfredo Cortés Alcalá, por presuntas compras irregulares cuando fue el director del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de León, en un orden de los 50 millones de pesos, tema tratado anteriormente en esta columna.

La novedad es que al interior del ISSSTE se informa que no solamente hay denuncia de la dirección del hospital regional en León contra Cortés Alcalá ante la Secretaría de la Función Pública, sino que también hay denuncias ante la Fiscalía General de la República. 

Pero, el caso va tomando un giro que podría manchar al propio gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo, pues la encargada de la dirección del ISSSTE en el hospital regional en León, la doctora Martha Karina Rodríguez Lizola, ha enviado una carta al secretario con copia a la gobernadora, además de sus superiores en la Federación, donde informa de amenazas contra su persona, hechas por el secretario de Salud estatal, Gabriel Alfredo Cortés Alcalá, tras saberse del caso a nivel nacional vía Proceso. Aunque también, cabe decirlo, usa un lenguaje beligerante.

Esto último, abre un frente en el Gobierno del Estado ante el Gobierno Federal. No deben olvidar que el superior de Martha Karina Rodríguez Lizola, es ni más ni menos que Martí Batres, un verdadero talibán de Morena, director general del ISSSTE y sucesor de la presidenta Claudia Sheinbaum en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México cuando ella se licencio para ir por la candidatura presidencial y hermano de Lenia Batres, la polémica ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha sido cabeza de playa de la 4T en el Poder Judicial para la reforma judicial que va en marcha. 

El doctor, Gabriel Alfredo Cortés Alcalá, está llamado a aclarar el asunto y, se afirma hasta en el círculo albiazul, debería considerar seriamente hacer su defensa colocándose a un costado del equipo de la gobernadora, a fin de no manchar las buenas expectativas que está generando entre la población y que la tienen en el cuarto lugar nacional de aprobación entre los 32 gobernadores, según la última encuesta de C&E.

Caer en blandito

Entre el panismo se han levantado cejas entre más de uno, viendo cómo la influencia del expresidente del Comité Directivo Estatal, Eduardo López Mares, sigue “fuerte” en cuanto a colocar familiares en la nómina se trata.

Sucede que el privilegiado sobrino, Javier López Balderrama, viendo que ya no tendrá oportunidad de repetir en la administración municipal de Irapuato, donde no dio el ancho en el campo jurídico, ya tendría donde recalar con calma y con buen sueldo.

Su tío habría logrado recomendarle para que la diputada del GPPAN, la irapuatense Susana Bermúdez, logre meter bajo la fronda del coordinador Jorge Espadas, al joven López Balderrama, en calidad de asesor jurídico, cuando había jóvenes de mayor talento que podrían hacer un mejor papel a favor de la bancada. La meritocracia no sería la regla.

El consejero del Poder Judicial, por lo que se ve, sigue teniendo hilos para que la familia siga viviendo del presupuesto.