El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que revisará una de las nueve consultas presentadas por personas juzgadoras, en las que se solicitan revisar los efectos de la Reforma Judicial.
Dicha resolución se dio luego de una votación que culminó con ocho sufragios favor y tres en contra, estos últimos de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá aseguró que la petición de trabajadores de Poder Judicial contra la Reforma Judicial sí puede ser admitida, pero pidió que la presidenta de la Corte, Norma Piña, reencauce la consulta.
La propuesta del ministro González Alcántara propone que la Corte está facultada para “velar por la autonomía e independencia del Poder Judicial”.
Por su parte, las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz se pronunciaron en contra del proyecto, pues aseguraron, la corte no tiene supremacía sobre los otros poderes, en este caso sobre el legislativo, quien realizó la reforma constitucional.
Lenia Batres aseguró que, en caso de que la SCJN reencauce las consultas a trámite que buscan frenar la reforma judicial estaría dando un "auténtico golpe de Estado".
“La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del poder constitucional reformador que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de poder judicial. Por ello, resulta inaceptable la pretensión de atribuir facultades metaconstitucionales a esta Suprema Corte a efecto de subordinar a los otros poderes de la Unión", explicó.
Los demás ministros rechazaron los argumentos de las ministras con postura en contra, mencionaron que no se está estudiando el tema de fondo, sino, la atribución de la corte para analizar las consultas que solicitaron los trabajadores.
La ministra Margarita Rios Farjat reiteró que no hay razón jurídica para impedir el análisis de la Reforma Judicial.
Aseguró que el momento histórico le brinda a la Suprema Corte la posibilidad de que el derecho constitucional mexicano se enriquezca con mayores y más amplios debates a favor y en nombre del pueblo de México.
