La conmemoración del brutal ataque contra un grupo de 43 estudiantes rurales en una ciudad mediana del centro del país cierra simbólicamente la Administración de López Obrador, incapaz de solucionar el problema de la inseguridad
Política26 de septiembre de 2024 Redacción
La conmemoración este jueves del décimo aniversario del caso Ayotzinapa, con marchas y protestas en Ciudad de México y otras urbes del país, evoca el empuje final de una ola en la costa: ya todo lo que podía pasar ha pasado, o no. Para bien y para mal. A cinco días del fin del sexenio, el recuerdo de esta fecha vergonzosa aliña el epílogo de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, caracterizado por un pico de polarización, sostenido en las enconadas discusiones legislativas sobre el Poder Judicial y la Guardia Nacional.
El caso Ayotzinapa duele en México. Duele el ataque brutal contra un grupo de estudiantes rurales, humildes, jóvenes, la desaparición de 43 de ellos a manos de un entramado criminal, apoyado en complicidades estatales. Duele que en 10 años no haya habido noticias de ellos, más que algunos trozos de hueso encontrados aquí y allá. Duelen los espacios en blanco de un relato que se resiste a ser contado, torpedeado de principio a fin por las autoridades, con diferentes niveles de gravedad, mucho mayores en los años de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
También le duele al Gobierno saliente. López Obrador prometió resolver el caso, sin saber, cuando lo hizo, que las pesquisas golpearían a uno de sus aliados estos años, las Fuerzas Armadas, principalmente al Ejército. Fue el límite de la independencia de los investigadores, y de ellos mismos. La única defensa que puede esgrimir el mandatario apunta a la cantidad de pruebas destruidas en los años anteriores, a los testigos que han muerto y a todos los que callan, empezando por las decenas de autoridades procesadas a escala local, estatal y federal.
El triste aniversario del ataque recuerda también que la situación de inseguridad ha cambiado poco en estos diez años. México sufre incendios de violencia en varias regiones del país, algunos más presentes que otros en las redes y los medios, pero todos igual de sangrantes para una sociedad cada vez más cansada de la situación. En la encuesta que Enkoll hizo para EL PAÍS esta semana, la inseguridad aparecía como una de las preocupaciones principales de los ciudadanos, una constante en realidad desde hace años.
No es para menos. La mediática batalla entre grupos de criminales en Culiacán, la capital de Sinaloa, que deja muertos y desaparecidos casi todos los días desde hace más de dos semanas, ilumina pugnas tan violentas como silenciadas en el resto del país. El martes, por ejemplo, Puebla registró ocho asesinatos y Guanajuato otros ocho, además de los seis de Sinaloa o Baja California, según el conteo preliminar diario que hace la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ningún noticiero abrió su tiempo con Puebla o Guanajuato. Así de habitual se ha vuelto la violencia.
Cadáveres abandonados en las calles, desmembrados, personas desaparecidas por terceros, cuerpos que emergen de fosas, las familias de todos… El enorme colectivo de víctimas de un país que cuenta más de 30.000 asesinatos anuales desde hace ocho se refleja en Ayotzinapa, un caso que ilumina uno de los grandes males del país, esa esfera compartida entre crimen, política y corporaciones de seguridad. El enorme esfuerzo de investigadores, estatales y externos, que han investigado el caso este sexenio, permite observar de cerca esa esfera.
No importa tanto que el caso no se resuelva, en el sentido del conocimiento revelado sobre el contubernio criminal. Con todos los espacios en blanco, toda la ignorancia acumulada sobre lo ocurrido en extensos tramos de la noche del ataque, ya se sabe que el grupo criminal que atacó a los estudiantes, Guerreros Unidos, gozaba de una importante red de apoyo institucional, de lo local a lo federal, participaran o no en el ataque contra los estudiantes. Y si solo se mira al ataque, a día de hoy hay 88 policías procesados, entre estatales, locales y federales, 16 militares, un marino, un alcalde, cinco exfuncionarios de la Fiscalía federal…
El caso Ayotzinapa revela lo que ocurre en otros casos que, lamentablemente, no reciben ni la mitad de la atención que este. En un país con niveles de impunidad arriba del 90%, se impone una reforma integral de las fiscalías, asunto del que pretende encargarse la administración entrante, dirigida por la futura presidenta, Claudia Sheinbaum. La violenta realidad que recibe expone los fracasos de sus predecesores. Ni políticas de mano dura, como la de Felipe Calderón (2012-2018), ni más amables, como la de López Obrador, han funcionado.
Sheinbaum jura el cargo el 1 de octubre. Ayotzinapa y tantos otros casos siguen sin resolverse. La futura mandataria recibe un Estado en vías de consolidar una corporación de seguridad, la Guardia Nacional, con una importante capacidad de despliegue. Pero el despliegue, como enseñó la noche de Iguala, solo implica un control territorial, susceptible de ser sometido a intereses espurios. El reto, como han explicado incontables expertos en políticas de seguridad estos últimos 20 años, radica precisamente ahí. En darle sentido al control.
“En el PRI nos preparamos para ir solos en las próximas elecciones de 2027, estamos fortaleciendo al partido renovando estructuras y trabajando, construyendo los consejos municipales y en la segunda etapa de nuestra renovación ya que las próximas elecciones marcarán un nuevo escenario”, aseguró la diputada Ruth Tiscareño Agoitia, presidenta del CDE tricolor.
El Congreso del Estado de Guanajuato llevó a cabo el Foro de Consulta “Por un Guanajuato con movilidad sostenible y moderna”, como parte del análisis de la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios con la finalidad de incorporar disposiciones específicas para regular los vehículos de propulsión eléctrica de alta velocidad y los vehículos de micromovilidad eléctrica.
Después de dos días de bloqueos carreteros en distintos puntos del estado, se han liberado las vías federales en Guanajuato, luego de que el gobierno federal alcanzó un acuerdo con productores de maíz de Jalisco, Guanajuato y Michoacán.
La comisión acordó además proponer al Pleno que la Sexagésima Sexta Legislatura gire un atento exhorto a los 46 ayuntamientos del Estado de Guanajuato para que promuevan la gestión integral de los residuos sólidos urbanos a fin de proteger la salud de las y los ciudadanos y prevenir y controlar la contaminación ambiental producida por su manejo.
Es oficial: el gobierno de Guanajuato ahora exige el certificado de no deudor alimentario para quienes deseen integrarse al servicio público, anunció la gobernadora Libia García Muñoz Ledo. Para ingresar al servicio público estatal, es obligatorio presentar el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
En un intento por ofrecer una solución al reclamo campesino por los bajos precios de garantía para granos, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural federal, Julio Berdegué, informó que, en coordinación con los gobiernos de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, el precio del maíz blanco será de 6 mil 050 pesos por tonelada. Tras señalar que la oferta dada por el gobierno federal era un insulto para ellos, los agricultores anunciaron bloqueos carreteros de manera indefinida en al menos 24 entidades.
El Departamento de Transporte estadounidense elimina los servicios combinados entre el país del norte y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Hay una quietud sospechosa en la belleza de Guanajuato. Una calma que no es paz, sino vacío. En las calles que son escenario de la literatura de Cervantes, en los teatros que vibraron con los performances clásicos y vanguardistas de compañías teatrales y dancísticas de las décadas finales del siglo pasado, hoy solo resuena el eco complaciente del aplauso oficial, de los villamelones, de los profanos. Uno pasea por la ciudad y, entre tanta piedra noble y fachada barroca, echa en falta el único adorno que realmente importa: el rumor áspero y vivo del pensamiento crítico.
Este martes se inauguró oficialmente la vigésima edición del Torneo Internacional de Tenis Guanajuato Open, que tiene como sede las instalaciones del Club Santa Margarita en Irapuato. La declaratoria inaugural estuvo a cargo de Yendi Cortinas, titular del CODE, en representación de la gobernadora Libia Denis García Muñoz Ledo, al finalizar la primera ronda oficial de este evento internacional.
Mauricio Pérez, representante de productores de Guanajuato, comentó que no es el mejor acuerdo posible: "No hubo mucho para negociar, pero al menos hoy tenemos un número". Recalcó que la base "queda perdida".
