La ministra Norma Piña consulta a la Suprema Corte si puede frenar la reforma judicial

Norma Piña inició este jueves dos consultas para saber si está facultada como presidenta de la Suprema Corte para frenar la aprobación de la reforma judicial. El asunto se desprende de una solicitud presentada esta semana por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal (Jufed), que considera que la propuesta de ley del presidente Andrés Manuel López Obrador es inconstitucional y viola el principio de independencia judicial. La Jufed pidió a Piña detener el proceso legislativo como medida cautelar hasta que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de la iniciativa y que los ministros de la Corte “ejerzan todas las acciones necesarias para conservar la separación de poderes”. Piña, sin embargo, no tiene claro si puede suspender el proceso legislativo de la reforma mientras se discute en el Congreso, un acto que no tiene precedente en México.

Los dos expedientes de la consulta fueron turnados a Lenia Batres, la última ministra en ser nombrada por López Obrador y quien se ha pronunciado a favor de la reforma judicial del presidente. Será Batres quien deba elaborar un proyecto sobre si las medidas cautelares solicitadas por la Jufed proceden o no, que después será discutido por el resto de los ministros. Normalmente, la Corte se pronuncia sobre la constitucionalidad de una norma después de que es aprobada y no durante el proceso para su discusión y aprobación. La reforma ya fue aprobada en la Cámara de Diputados por la mayoría liderada por Morena, el partido gobernante, y está ahora en manos del Senado, que tiene previsto discutirla y previsiblemente aprobarla la próxima semana.

La Jufed, que se sumó al paro de labores del Poder Judicial desde el pasado 21 de agosto, argumentó que la situación amerita medidas excepcionales y urgentes en un escrito presentado el pasado martes. La asociación, que representa a más de 1.200 jueces y magistrados, señala que el artículo 11 fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal permite al pleno de la Corte “conocer y dirimir cualquier controversia” sobre los artículos de la Constitución relativos al Poder Judicial, su conformación y sus facultades. Ese apartado, sin embargo, tampoco prevé la adopción de medidas cautelares como la solicitada.

“Con la iniciativa de reforma se pretende realizar un cese indiscriminado y total de los integrantes del Poder Judicial Federal y de los Poderes Judiciales de los Estados de la República Mexicana”, se lee en la petición de la Jufed. “El hecho mismo de someterlos a ese mecanismo afecta a la inamovilidad en el cargo que se adquirió por norma constitucional, como una garantía de independencia”, señala la asociación para argumentar que la reforma es inconstitucional. También asegura que 1.800 jueces y magistrados perderán su trabajo con la implementación de la reforma, lo que viola los derechos de los trabajadores y “podría retrasar la administración de justicia a los ciudadanos comunes”, otra violación a los derechos consagrados en la Constitución.

Los jueces y magistrados reclaman además que la nueva ley los pone en una situación de desventaja cuando inicie la elección de integrantes del Poder Judicial por voto popular y aseguran que el impulso de López Obrador a la reforma ha supuesto actos de intimidación contra los miembros actuales del Poder Judicial. “Sistemáticamente todos los actores políticos relevantes de la fuerza política dominante, empezando por el presidente de la República, en sus conferencias matutinas cotidianas nos tildan de corruptos y en el diseño de la boleta proyectada para la elección se prevé destacar cuál de los contendientes es uno de esos jueces”, señalan.

Tras una votación de los trabajadores esta semana, la Suprema Corte anunció la suspensión de actividades y el cierre simbólico hasta el próximo 9 de septiembre, aunque aclaró que iba a atender asuntos considerados como urgentes. La Jufed pidió que se desahogara el asunto a la brevedad y de forma virtual. Los jueces y magistrados piden a la Corte que “fije una posición a favor de que se respete la independencia del Poder Judicial de la Federación y de que se mantenga su actual integración” hasta que se haga un diagnóstico “de los problemas que ocasionan la corrupción, la inseguridad y la impunidad en el país”, que derive en “una propuesta seria y objetiva de reforma”, se lee en la solicitud. La ministra Batres, la principal defensora de la reforma judicial entre los ministros del Alto Tribunal, tendrá que dar respuesta a los argumentos expuestos para iniciar la discusión en el pleno.

Piña también admitió este jueves una solicitud de la ministra Yasmín Esquivel, que como Batres y Loretta Ortiz se pronunció en contra de la suspensión de actividades de la Corte, para aclarar el estatus de la Jufed y si está debidamente constituida para representar los intereses de los jueces y magistrados que la integran. En ese caso será el ministro Jorge Pardo quien deba desarrollar ese asunto ante el pleno.

Pese a que las consultas son frecuentes, la pregunta de Piña sobre una posible suspensión del proceso legislativo de la reforma judicial ha estado envuelta por la polémica, en mitad del choque entre el bloque gobernante y opositor. “No hay poder humano que detenga esto”, advirtió el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, de Morena. El Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano, a su vez, adelantaron su intención de dar la batalla en los tribunales, con impugnaciones sobre irregularidades en el proceso legislativo de la reforma e, incluso, amparos indirectos promovidos por el PAN para invalidar la aprobación en la Cámara de Diputados.