El legislador local, Gerardo Fernández González, acusó a la jueza tercero administrativo municipal, María Guadalupe Garza Lozornio, de presunta complicidad al defender los intereses del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), infringiendo así los derechos de los ciudadanos.
León15 de agosto de 2024 Redacción
El legislador local, Gerardo Fernández González, acusó a la jueza tercero administrativo municipal, María Guadalupe Garza Lozornio, de presunta complicidad al defender los intereses del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), infringiendo así los derechos de los ciudadanos.
Explicó que los procedimientos administrativos iniciados por el PVEM para obligar al SAPAL a restablecer el servicio han sido obstaculizados por Garza Lozornio, a pesar de que en los otros dos juzgados municipales, dichos procedimientos han sido validados a favor de las familias.
“Uno de los tres juzgados municipales, no solo en el tema del agua sino en el tema de las fotomultas ha estado declarándose incompetente para atenderla, toda vez que el considera que no es una figura que debe estar recibiéndola, a pesar de que los otros dos, sí lo están recibiendo y que hemos ganado todas las denuncias”, dijo
Asimismo, indicó que ya suma 200 procesos administrativos los que ha impulsado el Partido Verde Ecologista en León para obligar al SAPAL a que reconecte el servicio a los hogares que arbitrariamente en colonias como Las Joyas, Las Hilamas y Alfaro.
“Lo más lamentable es que no, por más que seguimos ganando las demandas que estamos haciendo, SAPAL sigue aferrado en seguir violando este derecho fundamental, que es el derecho al AGUA, en una ciudad que estimamos, acumula 2.5 millones de cortes ilegales que van en contra de lo que establece el reglamento, la ley, la constitución o los tratados internacionales, entonces vamos a hacer este estrañamiento en el Municipio”, dijo.
Ante esto, advirtió que como partido estarán alzando la voz para que los leoneses accedan al agua, un derecho básico que ha sido limitado de manera arbitraria por parte de SAPAL.
“En León hay más de 200 mil leoneses sin acceso al servicio de agua potable, de ahí que dijo es necesario que se alce la voz para que las familias gocen de este derecho fundamental”, concluyó.
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La Fiscalía General de la República (FGR) corrigió ayer que la investigación iniciada por la explosión de un automóvil en Coahuayana, Michoacán, es por el delito delincuencia organizada, no por terrorismo. Fuentes federales informaron que tras el hecho, el caso fue atraído de inmediato por la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Trafico de Armas, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), lo que generó confusión en la redacción del comunicado oficial publicado el sábado anterior.
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