La determinación de que el concierto de Natanael Cano en el estadio José Aguilar y Maya de Guanajuato Capital se cancelara, en realidad no fue sólo del alcalde Alejandro Navarro, sino que también conllevó la de la futura presidenta municipal de no alentar este tipo de música con alusiones a la criminalidad en recintos de propiedad pública, cuando se implementan políticas como Planet Youth.
Opinión01 de agosto de 2024
Héctor Andrade Chacón
Caro pagó su audacia Efraín García Ledezma, titular de la Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato, al haberse saltado la venia presidencial y haber autorizado junto con el resto del ente la celebración de un concierto del cantante Natanael Cano en el engramado del mítico parque de beisbol, José Aguilar y Maya, programado para el próximo sábado 3 de agosto.
Ni habrá concierto en el estadio de la pelota caliente ni seguirá en su cargo el funcionario que ya ha hecho huesos viejos en la gestión deportiva. Ayer, el presidente municipal, Alejandro Navarro Saldaña, dejó en claro que la decisión de usar el inmueble para un concierto del juvenil cantante fue tomada directamente por la COMUDEG, que no tocaron barandilla y que, por ende, ha optado por “cortarle la cabeza” al funcionario, por lo que ahora deberá irse perfilando alguien más para el cargo.
Sin embargo, la historia tiene más de fondo. No solamente causó molestia social el uso que se pensaba dar al inmueble deportivo con este concierto, sino que hubo críticas severas de quienes consideran que las canciones del sonorense Natanael Cano hacen apología del delito. Es cantautor de los llamados “corridos tumbados”, un género musical donde abundan canciones con referencia a actividades criminales.
En este sentido, se supo que la opinión que inclinó la balanza para echar atrás el concierto en el estadio fue la de la presidenta municipal electa, Samantha Smith Gutiérrez, quien además de sumarse a la crítica por el uso del inmueble deportivo para este tipo de conciertos, deslizó al alcalde saliente que mientras se aplican políticas públicas para disuadir a la juventud del consumo de drogas y otras conductas perniciosas, se permitiera el uso de inmuebles públicos para conciertos donde las canciones precisamente caminan en sentido contrario.
No censuró la futura alcaldesa al espectáculo como tal, porque es respetuosa de las libertades civiles, pero si está convencida que por lo que toca a la autoridad, esta no puede permitir que los espacios públicos como el estadio José Aguilar y Maya sean lugar donde se escuche música contraria a lo planteado en programas como el de Planet Youth, del cual ella ha sido impulsora desde su rol de presidenta del DIF Municipal. Cosa de orden, pues.
Dadas las opiniones y las circunstancias, sensible al tema, el alcalde Alejandro Navarro actuó en consecuencia y ordenó frenar las acciones de la COMUDEG, dejando en libertad de que los empresarios busquen otro sitio, ajeno a la praxis deportiva para este concierto. A la par, dada la imprudencia y hasta lo que haya detrás de a permisibilidad con la que se actuó en la comisión, ordenó a la Contraloría Municipal investigar el caso y de paso, mejor darle las gracias a Efraín García Ledezma, pues no solamente careció de criterio a la hora de ofrecer el estadio para conciertos, sino que actuó a espaldas del propio presidente municipal, cosa del patrimonialismo en que incurren aquellos que han hecho huesos viejos en cargos.
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