Inicia análisis de iniciativa que eleva las penas contra las personas que no cumplan con sus obligaciones alimentarias

Con el firme propósito de consolidar el principio de rendición de cuentas de los organismos autónomos del Estado, al prever la entrega de informes anuales de actividades y comparecencia de la persona titular de los mismos ante el Congreso del Estado, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política local y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

El grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Universidad de Guanajuato, en su carácter de organismo autónomo, a que analice la viabilidad presupuestaria para implementar un sistema de estancias y viviendas universitarias en las ciudades y localidades donde tiene presencia con sedes, divisiones o campus.

Para respetar y garantizar la autonomía hacendaria de los municipios, la diputada Ruth Tiscareño propuso derogar lo que establecen la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Público con relación a las recomendaciones que emite el Congreso sobre montos máximos de remuneraciones en los de los Ayuntamientos.

La tasa del gravamen se revisará cada año en función del factor de actualización que utiliza la Secretaría de Hacienda con base en la inflación. Las que contienen endulcorantes o sin calorías como los refrescos light pagarán por primera vez un IEPS que será de 1.50 pesos por litro, y no los 3.08 pesos que se proponían en la iniciativa original.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a emprender una revisión integral del marco legal, institucional y financiero del país frente a los desastres naturales, a fin de fortalecer las capacidades de prevención, protección civil y resiliencia fiscal del Estado mexicano.