Ethos Político. Legitimidad

Legitimidad

Muy lejano al ideario del “Nuevo Comienzo” que planteó a la sociedad guanajuatense la candidata ganadora de la elección por la gubernatura, la panista Libia Dennise García Muñoz Ledo, su correligionario y gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ha dotado a sus últimos días al frente del Poder Ejecutivo un sino de oscuridad y decadencia, a partir del alto costo que está pagando al fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, para que este abandone el cargo antes de que termine el sexenio.

Los hechos muestran que no estaba tan errado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando se refería al poder político que tiene en sus manos el titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), aventurando -inclusive- que superaba al del propio gobernador Diego Sinhue, que no tenía la fuerza suficiente para separarlo del cargo a pesar de la alta violencia en la entidad. Algo señalado mañanera tras mañanera. 

Un poder que parece ser equiparable al que tuvo en su tiempo Edgar J. Hoover, primer director de la Oficina Federal de Investigación del Departamento de Justicia del gobierno de los Estados Unidos, la famosa FBI, la cual tuvo a su cargo la friolera de 48 años. Hoover, al tener acceso a los secretos del poder debido a su capacidad investigativa, acumuló una gran influencia, suficiente para intimidar y amenazar a los ocho presidentes que sirvieron durante su mandato como director. A pesar de los intentos de varios presidentes por destituirlo, ninguno lo logró con éxito.

En Guanajuato, Carlos Zamarripa ha operado en las tripas del gobierno estatal por casi tres sexenios, siempre bajo sospecha de hacer lo que Hoover: tareas de inteligencia política que no solamente han seguido las actividades de opositores, sino de actores del propio panismo. Y como información es poder…

Zamarripa Aguirre fue designado en 2009 como titular de la entonces Procuraduría de Justicia de Guanajuato por el gobernador Juan Manuel Oliva. Ocupó este puesto durante el mandato de Miguel Márquez, de 2012 a 2018, y al asumir Diego Sinhue Rodríguez Vallejo la gubernatura, fue nombrado Fiscal por otros nueve años, con la expectativa de permanecer en el cargo hasta 2028. Esto significa que ha sido el responsable de la procuración de justicia en la entidad durante 15 años, periodo donde la violencia se extremó en la entidad.

En este sentido, ha resultado escandaloso que el fiscal haya preparado la salida de su cargo a partir de disposiciones administrativas propias, sin que el Congreso del Estado o el titular del Ejecutivo estatal tome cartas, que le prodigan una “jubilación dorada”, comprometiendo recursos de los contribuyentes por los próximos 15 años sin más. Carlos Zamarripa Aguirre modificó el reglamento interior de la Fiscalía General del Estado para aumentar su pensión en 33 por ciento y recibir 50 mil pesos adicionales cada mes. Además, impulsó en el Congreso del Estado que fuera aprobado el nombramiento de Adriana de Santiago Álvarez, con quien le une una gran amistad, como titular del Órgano Interno de Control de la FGE.

Pero más escandaloso es que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo lo haya aceptado sin chistar, aduciendo que el fiscal es autónomo, como si pudiera disponer a su libre arbitrio de los recursos que los guanajuatenses le ponen en sus manos más allá de su propio mandato como titular de la FGE. Y si eso no bastara, también el gobernador ha enviado al Congreso la propuesta de que la esposa del fiscal, Elvia Oralia del Pilar Durán, una exjueza ya en retiro y jubilada sea nombrada magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa con un generoso sueldo, mientras que la hija, recién graduada, también haga carrera en la burocracia judicial con ventajas que no tendría cualquier otro joven egresado universitario.

El gobernador ha querido salir al paso de las críticas, con el escudo de que se incurre en machismo en el caso de los señalamientos sobre su propuesta a favor de la esposa del fiscal. Un intento de censura muy alejado de lo que sucede, porque si el mandatario quiere colocar en el tamiz el análisis de las capacidades de la abogada, seguramente debería explicar cómo es que muchas otras juristas con mayor experiencia en justicia administrativa ni siquiera han sido puestas en condición de igualdad para competir por el mismo puesto. La discrecionalidad de su decisión es el problema, que resulta inseparable al momento político.

En todo caso, lo que se está cuestionando por diversos actores políticos y la propia sociedad civil, no es la legalidad -sujeta a análisis de todos modos- de las determinaciones, sino su legitimidad, un bien de la política que quiere recuperar en aras de credibilidad la futura gobernadora. 

El voto de los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, bajo la coordinación del profesor Alejandro Arias Ávila, aliado electoral de Libia Dennise, apoyando la moción de Morena, propuesta por el diputado Ernesto Prieto Gallardo en el Congreso del Estado, ayer, para que analice la legalidad de la “jubilación dorada” de Carlos Zamarripa, contra el deseo panista de sepultar la propuesta, no debe verse solamente desde la óptica de un gesto de independencia de los tricolores en este penoso caso, sino como signo de una corriente de opinión que permea entre el círculo que rodea a la gobernadora electa, donde si bien se sabía que había que conceder para lograr una salida sin problemas mayores del fiscal, abonando a nombrar sin tantos dolores de cabeza a su sucesor, un escenario deseable, se ve como un exceso todo lo que emerge hoy.

Dicho sea de paso, ayer, que el PAN enterró una serie de reformas para transparentar contrataciones públicas, el PRI, en contrasentido a los albiazules, se reservó "el derecho de presentar una nueva propuesta, que retome las aportaciones que contribuyan a generar mayor transparencia y eficacia en las contrataciones públicas y que considere mayores elementos, no solo, en las características de los bienes, y la naturaleza de las empresas, también, sus capacidades, e idoneidad para proveer a los entes de gobierno. Hacemos nuestras las aportaciones que las diferentes instituciones y funcionarios tuvieron a bien manifestar, y agradecemos las que se hicieron en favor de nuestra iniciativa en las mesas de trabajo".

Para el caso Carlos Zamarripa, el puente de plata se le está haciendo de diamante.