El informe de la Comisión Independiente de Investigación advirtió faltas graves por parte de la autoridad. El Gobierno de México incumplió lineamientos oficiales. “La pandemia es la catástrofe humana más grande que ha vivido México en un siglo”, luego de haberse contabilizado 808,619 muertes en exceso, es decir, toda aquellas registradas por todas las causas por encima de las esperadas en condiciones normales), en el periodo comprendido del 2020 al fin de la emergencia sanitaria, declarado el 9 de mayo de 2023.
Política 01 de mayo de 2024 Redacción
“La pandemia es la catástrofe humana más grande que ha vivido México en un siglo”, luego de haberse contabilizado 808,619 muertes en exceso, es decir, toda aquellas registradas por todas las causas por encima de las esperadas en condiciones normales), en el periodo comprendido del 2020 al fin de la emergencia sanitaria, declarado el 9 de mayo de 2023.
Así lo estableció el informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en México, documento que establece que nuestro país, ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, como nación con el mayor número de muertes en exceso, tan sólo superado por Perú, Bolivia y Ecuador, países mucho más pobres que el nuestro.
En un largo análisis que se hizo del impacto de la pandemia por la COVID-19, en nuestro país, resalta de manera especial, el hecho de que durante la segunda ola de contagios, con el mayor pico en enero 2021, y siendo la más mortal de toda la emergencia, con 153 mil muertes en exceso, se encontró que “ocurrió una falta grave por parte de las autoridades”.
Al respecto se resaltó que se incumplieron lineamientos oficiales, se utilizaron datos falsos o incorrectos para el cálculo del semáforo de riesgo y se pospuso la implementación de medidas sanitarias.
En parte como resultado del incumplimiento de las autoridades, la Ciudad de México registró el 24% de las muertes en exceso durante diciembre 2020-enero 2021, ello sin contar la zona conurbada), a pesar de que representa sólo 7.3% de población total del país.
En consecuencia, la pérdida de esperanza de vida al nacer en la Ciudad de México cayó 9.2 años, más del doble de la caída nacional.
En el documento se precisó que de las 808,619 muertes en exceso, 511,081 fueron atribuidas a la COVID-19 por la revisión de la causa de muerte en las actas de defunción. En cambio, el sistema de vigilancia epidemiológica registró sólo 334,196 por COVID-19.
En este sentido, se precisó en el documento que “el sistema de información utilizado por las autoridades para la toma de decisiones y la comunicación a la sociedad dejó de captar alrededor de 35 de cada 100 muertes por COVID”.
México fue excepcional en el mundo por el bajo gasto gubernamental para responder a la emergencia sanitaria. A diferencia de otros países de América Latina y del mundo, no se otorgaron apoyos económicos especiales a los sectores más vulnerables y pequeñas empresas para hacer frente a la crisis.
Además, la falta de control sobre el contagio, el debilitamiento del sistema de salud y la disrupción de los servicios han dejado cicatrices en indicadores fundamentales.
La carga de la enfermedad y de la mortalidad fue especialmente aguda en periferias urbanas, al identificar factores contextuales asociados con mayor riesgo de desenlaces fatales entre los pacientes COVID-19 como residir en municipios con un promedio más bajo de nivel educativo, más densamente poblados, con mayor porcentaje de población viviendo con ingresos por debajo de dos salarios mínimos, en condiciones de hacinamiento y sin afiliación a instituciones de salud.
Este último indicador se incrementó antes y después de la pandemia, como resultado de reformas imprudentes al sistema de salud.
La tasa de mortalidad materna aumentó 59% de 2019 a 2021, y aunque disminuyó después, se mantuvo por encima de los niveles prepandemia. La tasa de defunciones perinatales aumentó 18% de 2018 a 2022. Privatización de facto de la salud.
Aunado a lo anterior, se encontró que el porcentaje de la población que requirió servicios de salud ambulatorios aumentó del 43.2% en el 2018, al 57% para el 2021, y ya en plena pandemia, de la población que recibió atención específicamente por COVID-19, el 69% se atendió en servicios privados, lo que representó un incremento en el gasto promedio hasta de un 37.5% en términos reales, siendo el decil más pobre, el gasto de los hogares en salud se incrementó en 74%.
Ello, ocasionado especialmente en el primer nivel de atención por el deterioro provocado por la austeridad presupuestal a la que se sometió a las instituciones públicas, más la disrupción causada por las reformas gubernamentales en los años recientes.
En el reporte de la Comisión Independiente también se da cuenta del avance de la vacunación contra la COVID-19, el cual, para octubre de 2022, sólo el 62% de la población mexicana tenía esquema completo de vacunación, detrás de Colombia, Brasil, Argentina, Perú y Chile, y no se cuenta con datos disponibles después de esa fecha para actualizar esta comparación, además de que dicha cobertura registró fuertes diferencias entre estados.
En consecuencia, se observaron picos de mortalidad aun en el segundo semestre de 2021, cuando se tenían ya vacunas disponibles.
La situación no mejoró del todo, si se toma en cuenta que hacia finales de diciembre de 2022, el 100% de los menores de 5 años continuaban sin haber sido vacunados, así como el 40% de los de entre 5 y 11 años, el 36% de los jóvenes entre 12 y 17 años todos ellos sin vacunar.
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Durante la pandemia por COVID-19, México fue de los pocos países que mantuvo cerradas las escuelas durante 53 semanas.
El impacto de la pandemia, también se reflejó en la educación, ya que, al iniciar la pandemia, había 30.1 millones de alumnos matriculados en educación básica y media superior (modalidad escolarizada); al salir de la emergencia, se redujo a 28.8 millones.
Las pérdidas observadas fueron deficiencias en los aprendizajes, ya que, según datos de la UNESCO, sólo 8 de 210 países mantuvieron un cierre total de escuelas tan prolongado como el de México (53 semanas), lo cual se tradujo en fuertes disrupciones en el aprendizaje, profundización de las desigualdades y daños notables en el bienestar emocional, la salud mental y los vínculos socioafectivos de los niños y jóvenes.
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