Leticia Aguayo Soto
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá en enero de 2026 un proyecto de resolución que rechaza categóricamente la reducción de plazos para acceder a la interrupción legal del embarazo, estableciendo que seis semanas es un periodo tan restrictivo que prácticamente anula el derecho de las mujeres a decidir.
El proyecto de sentencia con base en las acciones de inconstitucionalidad 172/2024 y 173/2024, establece que el derecho penal no es una vía constitucional válida para proteger la vida en gestación, y que reducir arbitrariamente los plazos para acceder al aborto voluntario, viola los derechos fundamentales de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Esto, en referencia al caso de Aguascalientes, donde el Congreso redujo de doce a seis semanas el plazo para recurrir a la interrupción legal del embarazo.
En un encuentro con periodistas, ministro Irving Espinosa, encargado del proyecto, explicó que se redujo por parte de la autoridad el número de semanas. “Entonces, este es el motivo de la discusión. El problema es que se reduzca”.
Espinosa aclaró que “el aborto ya está despenalizado en México desde 2023” y precisó que “el proyecto tiene por objetivo revisar que se disminuyó el número de semanas relacionadas para poder interrumpir legalmente el embarazo”.
La ministra Loretta Ortiz ofreció la fundamentación científica que sustenta el plazo de 12 semanas establecido en la jurisprudencia vigente. “Científicamente hay una diferencia de doce a seis semanas. Cuando están las 12 semanas es el punto, o sea, más tampoco es posible. Es el punto exacto cuando se empieza a formar la corteza cerebral. Antes teníamos un cigoto”, explicó.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz contextualizó la gravedad del problema: “Este tema es un tema que se ha discutido desde ya tenemos jurisprudencia hace más de 5 años y que es un tema complejo porque abarca no solamente el derecho al aborto, sino también a tener pastilla del día después, tener acceso también a los servicios médicos para poder practicar el aborto”.
Aguilar Ortiz advirtió que varios estados incumplen la jurisprudencia de la Corte: “tenemos otros muchos que no la han ajustado, que podríamos decir que están el incumplimiento de esta jurisprudencia de la Corte porque hay es jurisprudencia obligatoria”.
El ministro Giovanni Figueroa reconoció la complejidad del tema: “Ese es un tema, dirían los colombianos, de los peleagudos, complicados y que tienen que ver con cuestiones íntimamente relacionadas con la bioética”.
Figueroa explicó que la Corte debe ir “valorando la constitucionalidad o no de aquella normativa que tiene que ver con aborto dentro de cada entidad federativa” mediante acciones de inconstitucionalidad.
